Funcionarios de la Contraloría en San Andrés denuncian restricciones al voto

Previo a las elecciones de autoridades locales y regionales de este 25 de octubre, servidores públicos de la Contraloría General de la República que residen y laboran en San Andrés denunciaron restricciones a su derecho al voto.

De acuerdo con los funcionarios –quienes divulgaron un memorial de agravios en el que describen su situación– las limitaciones obedecen a su condición de ‘residentes temporales’ en la isla, lo que les impide votar al no contar con la figura de ‘residentes permanentes’.

Según argumentan los servidores públicos, “ha sido imperioso establecer su domicilio en la isla –considerando el cumplimiento de su deber misional– (pero) han sido incesantemente diferenciados como ‘residentes temporales’; hecho que ha desencadenado una pluralidad de limitaciones injustas al ejercicio pleno de derechos elementales como ciudadanos”.

Recientemente y con el ánimo de que fuera definida su situación en la isla, los funcionarios –quienes se encuentran en San Andrés desde hace dos años– elevaron un derecho de petición ante la Registraduría Nacional para que les informara su sitio de votación, y en caso de no corresponder a la isla, indicar en qué parte del país deberían hacerlo para no incurrir en el delito de trashumancia electoral.

La respuesta que recibieron los funcionarios, con base en un concepto emitido por la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) entidad perteneciente a la Gobernación departamental, fue que solo los residentes permanentes podrán ejercer el derecho al voto.

“Básicamente (se) censura el ejercicio del derecho fundamental al sufragio bajo la excusa de la condición diferencial de estado de temporalidad de los peticionarios y tampoco se muestra el lugar donde podrían ejercerlo, menoscabando sin ruborizarse el derecho fundamental con sustento en un argumento a todas luces discriminatorio alejado de los más esenciales y elementales principios constitucionales”, reclamaron los funcionarios.

Paradójicamente, los mismos funcionarios fueron designados como jurados de votación “dejando en el ambiente la sensación de ser considerados ciudadanos para el cumplimiento de deberes y no para el ejercicio de derechos”, advirtiendo además que la restricción al voto les impide acceder a beneficios como prelación y descuentos en universidades o compensatorios.

“La situación narrada es apenas una de tantas restricciones indignas impuestas bajo el amparo de la distinción de residente temporal y permanente, que amerita de una vez por todas se abra el debate para la posibilidad de intervención directa, integral y plena de los poderes públicos y los organismos de control”, precisan los servidores públicos.