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Como "caótica" calificó la Contraloría General de la República la administración de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), después de que hiciera 72 hallazgos adminsitrativos por $47.399 millones y de que se reprobara la gestión de la USPEC para superar el estado de cosas inconstitucionales reiterado por la Corte Constitucional.
“El Estado Inconstitucional de Cosas en materia carcelaria no se encuentra superado, por cuanto las inversiones realizadas no han podido generar las condiciones mínimas para que se cumplan los objetivos del sistema penitenciario y la metas que la USPEC debía ejecutar no fueron materializadas” dijo el contralor general, Edgardo Maya Villazón, quien también dijo que la crisis penitenciaria se ha agudizado desde 2013.
La Contraloría denunció el incumplimiento de varios de los contratos de obra pública adjudicados a la USPEC para que se diera una solución a la emergencia carcelaria decretada en el 2013. Los contratos fueron por un valor de $313.647 millones, pero por “graves deficiencias en la estructuración y ejecución de algunos de los contratos de obra” ninguno de estos acuerdos ha culminado.
Uno de las críticas de la Contraloría es que no se ha terminado con “graves deficiencias en la estructuración y ejecución de algunos de los contratos de obra”. Por eso, la entidad ordenó que se realice una actuación de verificación especial de las obras para determinar cuál es su verdadero estado.
Otro de los problemas evidenciados en la auditoría es la lenta implementación de un nuevo sistema de salud para los reclusos. En ese sentido, la Contraloría explicó que “, ni CAPRECOM ni el Consorcio Fiduciario Fondo de Atención en Salud PPL 2015, realizaron contratación con IPS para prestar el servicio de urgencia a los internos”. La entidad manifestó su preocupación de que se desatiendan a los pacientes que sufren de VIH, tuberculosis, enfermedades renales, hepatitis y cáncer.
Por último, la Contraloría llamó la atención sobre la adjudicación de contratos de alimentación a proveedores que no cumplen con los requisitos o, peor aún, presentaron documentos falsos para pretender que sí los cumplían.
De los 72 hallazgos hechos por la Contraloría, 24 tendrían repercusiones disciplinarias; 3, penales, y 3, fiscales.