Los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los colombianos más afectados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), consideran que la decisión adoptada este miércoles por el Gobierno Nacional de retirarse del Pacto de Bogotá llega tarde.
Los residentes de las islas volvieron a expresar su descontento por la situación a la que se enfrentan, después de que la CIJ otorgara el pasado 19 de noviembre a Nicaragua más de 70.000 kilómetros del mar que rodean las islas.
Nueve días después de conocerse el salomónico fallo, por el que Colombia mantuvo la soberanía sobre los cayos y las islas mayores, el presidente Juan Manuel Santos anunció la retirada del país del Pacto de Bogotá de 1948, por el que los países firmantes reconocen la jurisdicción de la Corte de La Haya.
En declaraciones a la emisora RCN Radio, un sanandresano que no se identificó expresó que para muchos de los habitantes de esta isla la decisión adoptada por el presidente Santos "es tardía".
"Debían haber actuado antes, no ahora cuando ya se entregó el país", afirmó a esta emisora otro sanandresano.
Y es que la mayoría de los habitantes de San Andrés se dedican a la pesca, y con la nueva delimitación marítima pierden espacio para ejercer su sustento de vida, además de que esas aguas están consideradas por los raizales como territorio ancestral.
En términos similares se expresó el diputado Speve Jessie, quien afirmó a Caracol Radio: "es un anuncio que para mí llegó tardío", al considerar que se debía haber dado "hace tiempo".
Y la también diputada de San Andrés, María Said, fue más allá, para aseverar: Colombia "no debe acatar el fallo de La Haya. San Andrés es todo nuestro: los mares y los cayos".
En términos similares se expresó el presidente de la asamblea departamental de San Andrés, Arlington Howard, quien celebró la decisión anunciada por el presidente Santos y también reclamó no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
"Señor presidente, es una decisión acertada ahora sólo falta la estocada final, no al fallo de La Haya", afirmó Howard a Caracol Televisión.
Bernardo Vela, Director del Centro de Investigación de Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, advirtió el martes a Efe que una retirada del Pacto de Bogotá tendría para Colombia un alto costo político y afectaría a su política exterior.
Una de las primeras consecuencias es que Nicaragua puede denunciar a Colombia y además el país "vería disminuida su legitimidad en los foros internacionales".
La retirada del Pacto, cuyo trámite puede demorarse un año, no implica, sin embargo, que Colombia vaya a desacatar el fallo, dado que se emitió cuando el país estaba sujeto al mecanismo de resolución de disputas, y además la sentencia es inapelable.
Aún así, la también diputada sanandresana Margith Bandera calificó como "una oportunidad" la decisión de retirarse del Pacto porque, a su juicio, el Gobierno demuestra "que tiene la intención de llegar a un punto final".