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Aunque el primer día del paro nacional agrario no tuvo la fuerza que los propios organizadores preveían, las movilizaciones de cafeteros, lecheros, paperos, camioneros e incluso pequeños mineros comenzaron a sentirse ayer en 16 departamentos del país. La jornada arrancó con algunos bloqueos de carreteras en el Valle del Cauca, Boyacá, Antioquia y Nariño. De acuerdo a estimaciones de la Mesa Nacional de Interlocución Agraria, cerca de 200.000 manifestantes en todo el país atendieron el llamado para reclamar mejores condiciones de trabajo para sus sectores.
Según el balance efectuado anoche por el Gobierno Nacional, aunque en la apertura de la protesta se esperaban 144 bloqueos de vías, apenas se concretaron 14 en todo el país, de las cuales ocho fueron neutralizadas y al cierre de esta edición seis de ellas continuaban interrumpiendo el paso vehicular, entre ellas los tramos Pasto-Ipiales, Bogotá-Tunja y Barranquilla-Medellín.
“El paro no ha sido por lo menos de la magnitud que se esperaba. Hay algunos bloqueos, la Fuerza Pública ha venido desbloqueando esos puntos donde se ha querido bloquear las carreteras”, manifestó el presidente Juan Manuel Santos. Apreciación con la que coincidió Óscar Gutiérrez Reyes, vocero del Movimiento por la Dignidad Cafetera, quien expresó que “en general, no ha habido una gran salida de gente como en el paro pasado”, y añadió que “nosotros seguimos en disposición para hablar con el Gobierno”.
Según Gutiérrez, Cauca, Valle, Caldas, Risaralda y el norte del Tolima son los departamentos donde se movilizaron los cafeteros, y precisó que los productores no están bloqueando las carreteras y que las autoridades inmovilizaron algunos vehículos que transportaban campesinos, por no llevar sus documentos en regla.
Tal como ocurrió con la protesta campesina en la región del Catatumbo (Norte de Santander) el Gobierno insistió en que no se sentará a dialogar con las organizaciones si se mantienen las vías de hecho durante los próximos días de este paro, que fue anunciado como indefinido.
Mientras estaba acuartelado, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, dijo a este diario que el Gobierno “está dispuesto a sentarse a dialogar siempre y cuando no existan bloqueos en las vías del país. Estamos también en disposición de ir a las regiones a hacer mesas de trabajo”.
Entre tanto, Eberto Díaz, vocero de la Mesa Nacional de Interlocución Agraria, expresó que los manifestantes tienen intenciones de reunirse con el Gobierno para discutir a fondo las problemáticas actuales del campo. “Vamos midiendo fuerzas. Dependiendo de cuántos campesinos se sumen y en la medida en que el Gobierno nos dé respuesta a instalar la mesa de diálogo nacional iremos evaluando la protesta”, manifestó Díaz.
Sin embargo, en lo que resta de esta semana, de acuerdo con el ministro Estupiñán, el Gobierno no tiene planeado realizar ninguna reunión con los organizadores de las protestas. Además, el Ejecutivo descartó la instalación de un mesa nacional porque cada gremio ya tiene su propia mesa de diálogo.
Por el lado de los camioneros, la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) reportó que tan sólo en Antioquia fueron inmovilizados 35.000 vehículos de carga y cerca de 280.000 en territorio nacional. “Esperamos respuestas del Gobierno lo más pronto posible para encontrar salida a las problemáticas que tienen al sector de carga en quiebra”, manifestó Orlando Ramírez, director de ese gremio de transporte, y reiteró que el objetivo “no es bloquear vías ni entorpecer la labor de los demás sectores de la economía”.
“El mensaje a las organizaciones sociales es aislar a los violentos. Es importante recordar que lo que rechazamos son las vías de hecho y los bloqueos. Nosotros tenemos que defender los derechos de los colombianos, por supuesto defendemos la protesta social, pero hay derechos fundamentales como la movilidad, la salud, la educación, que tienen que ser preservados”, dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, quien instó a los manifestantes a denunciar infiltraciones de grupos armados ilegales.
“Si hay concentraciones pacíficas vamos a garantizar la protesta social. Tenemos abiertas mesas de diálogo con todos los sectores en este momento, con los indígenas, con los camioneros, con los cafeteros, y vamos a seguir en el diálogo siempre y cuando se respete la protesta pacífica”, dijo el funcionario.
Por otra parte, al inicio de la decimotercera ronda de diálogos entre el Gobierno y los delegados de la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), el jefe de la delegación de la organización armada, Luciano Marín, alias Iván Márquez, dijo que la protesta social que se registra en Colombia no debe ser criminalizada y pidió al Estado que se revisen las condiciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos.
“Tampoco debe el Gobierno fabricar y señalar responsables de manera acomodaticia, mencionando nombres o inculpando a organizaciones y personas que surgen de su imaginación, como agentes provocadores del
desorden”, declaró ayer el jefe guerrillero ante los medios internacionales en La Habana.
Capturas en las protestas
Según reporte de la Policía, al cierre de esta edición se habían reportado 22 capturas de manifestantes que alteraron el orden durante la jornada de protestas. El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, informó que 20 de las detenciones se registraron en la concentración presentada en la carretera entre Tuluá y Buga (Valle del Cauca). Las dos restantes se hicieron efectivas en la vía que conduce de Bogotá a Tunja.
Además del bloqueo presentado entre Buga y Tuluá, donde se atravesaron durante varias horas algunas tractomulas pinchadas, decenas de manifestantes impidieron el paso en la carretera entre Ipiales y Pasto (Nariño). Los lecheros de la región expresaron su inconformidad por la complicada situación de precios que atraviesa el sector.
El general Ómar Rubiano Castro, quien comanda la Región Dos de la Policía, que cubre los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, denunció que en esas zonas del país la guerrilla está obligando a los campesinos que no participan en las marchas a pagar una “vacuna” de $40.000 para financiar a quienes asistan a protestar.