Hacienda despojada por clan Castaño retorna a campesinos de Córdoba

Al menos 22 familias campesinas, víctimas del despojo por los grupos paramilitares, recuperarán 164 hectáreas de la emblemática hacienda Las Tangas, localizada en el departamento de Córdoba, contempla nuevo fallo proferido por el Juez Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras.

Un comunicado de prensa del ministerio de Agricultura destaca que estas familias obtuvieron predios de la representativa hacienda a través del proceso de despojos de tierras liderado por los Castaño a finales de los 90.

La hacienda Las Tangas es sin lugar a dudas la de mayor importancia histórica en el proceso de formación, consolidación y subsiguientes transformaciones del proyecto paramilitar de la “Casa Castaño”, dice el informe.

Este predio fue adquirido por Fidel Castaño Gil en 1983, a través de la compra realizada por la sociedad Las Tangas Ltda, convirtiéndose en el epicentro de sus acciones delictivas. Años después, la hacienda formó parte de los terrenos que fueron entregados en la reforma agraria propuesta por el Clan Castaño, con la que supuestamente buscaban resarcir el daño causado por el grupo armado que lideraban.

Tras la desaparición de los Castaño Gil, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, comandante del grupo Héroes de Tolová, inicia un proceso de desplazamiento campesino en la zona, solicitando a través de la intimidación, por medio de acciones terroristas evidentes, la negociación de los predios donados por la fundación años atrás.

En las jornadas de recolección de información realizadas por la Unidad, los solicitantes afirmaron que hubo un uso efectivo de violencia, por medio de intimidaciones verbales y amenazas contra los propietarios de los predios, incluso algunos de manifestaron haber presenciado o haberse enterado de asesinatos.

Para legitimar el despojo, alias ‘Don Berna’ creó la empresa unipersonal Seguridad al Día, la cual figura como gran concentradora de las propiedades que les fueron arrebatadas a los campesinos.

De acuerdo con las pruebas testimoniales y documentales que presentó la Unidad de Restitución, Dirección Territorial Córdoba, en la demanda interpuesta el pasado 10 de abril, el juez determinó nulidad en los negocios jurídicos que fueron realizados, ya que adolecen del consentimiento de las víctimas que participaron en ellos.

Además, el juez señala presunción de derecho, dado que estas transacciones fueron realizadas con personas que guardan algún vínculo con Funpazcor y en la actualidad figuran bajo el dominio de una de las empresas fachadas creadas para hacer una aparente legalización de la compra y venta de los predios que fueron obligados a negociar los campesinos, obteniendo como pago valores muy por debajo del precio real de las tierras, destaca el informe de prensa.