En estos momentos hay 23 cárceles que no tienen ningún tipo de servicio de salud, lo que afecta de forma directa a alrededor de 7.300 reclusos. Así lo hizo saber José Manuel Díaz frente a los senadores de la Comisión Primera. Recalcó lo problemático de esto, teniendo en cuenta la crisis de hacinamiento que hay en las cárceles del país.
También dijo que para atender 797 reclusos hay un solo médico, mientras que un odontólogo debe cuidar de la salud oral de 1.007 internos. Además, los odontólogos “no cuentan con los insumos para desarrollar su labor”.
Para la Defensoría, la crisis no puede enfrentarse con los mecanismos ordinarios, a pesar de que desde esta se han interpuesto varias tutelas. Para poder garantizar los derechos de la población privada de la libertad, es necesario el estado de excepción: “La crisis amerita el decreto de un auténtico estado de excepción a efectos de adoptar las medidas legales y presupuestales”.
Díaz dijo que la crisis “era previsible y evitable”, puesto que desde el 22 de diciembre del año pasado la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la falta de capacidad de la empresa Fiduprevisora para atender a esta población.