En Cartagena

Hubo audiencia para rescate del galeón San José, pero el secreto se mantiene

El gobierno habla de transparencia en el proceso, pero no revela con qué empresas viene trabajando. El pleito por el valioso tesoro parece de nunca acabar.

Imagen de la audiencia pública realizada en la sede del Museo Naval de Cartagena. Cortesía Mincultura

Desde las 9 de la mañana de hoy se realizó en la sede del Museo Naval de la Armada Nacional ,en Cartagena, una audiencia pública en la que se formalizaron los términos de una alianza público privada para la extracción y estudio de los restos del galeón San José, hundido con su valioso tesoro el 8 de junio de 1708 y que el gobierno colombiano anunció haber encontrado a finales de 2015.

El Ministerio de Cultura, a través de su oficina jurídica, convocó a todos los interesados y este viernes quedaron enterados de los requerimientos técnicos que deberán cumplir aquellas empresas que tengan la experiencia y tecnología calificadas para rescatar el naufragio del llamado “santo grial de los galeones de la época de la Colonia”.

Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos no reveló en asocio con qué multinacional localizó el San José a 12 millas náuticas de Cartagena, en inmediaciones de las Islas del Rosario, donde un equipo de científicos internacionales no identificados trabajan junto con expertos de la Armada Nacional en la fase de prospección del hundimiento antes de que se decida quiénes y cómo subirán a la superficie diez millones de piezas que componen lo que queda del galeón que transportaba más de 500 tripulantes, en su mayoría españoles, y un tesoro avaluado entre cinco mil y diez mil millones de dólares.

La carga de oro, plata, perlas y bienes de la época, que iban con destino a la Corona española, fue hundida tras un ataque de naves inglesas que pretendían robarla cuando la embarcación se acercaba a Cartagena proveniente de Portobelo, Panamá, donde había subido a bordo las riquezas de los comerciantes locales, las de los del Virreinato de Lima y las encomiendas para el rey y la reina de España.

El gobierno mantendrá la reserva de la llamada compañía originadora hasta tanto se defina si la extracción y conservación correrá también por cuenta de ella o, en un lapso de dos meses, se conocen nuevas propuestas de destinadas al salvamento más conveniente para salvaguardar el patrimonio cultural sumergido, que se transformará en un museo sobre el San José en Cartagena.

Además del secreto, el proceso ha recibido críticas por parte de arqueólogos submarinos que consideran que esta contratación permitirá que parte del tesoro sea comercializado y reclaman que todo sea defendido como propiedad inalienable de la Nación. Así lo ha manifestado Antonio José Rengifo, experto en derecho del Mar y reclamante ante el Consejo de Estado de ese derecho de los colombianos.

Según la ley 1675 de 2013, por medio de la cual se regula el patrimonio cultural sumergido en Colombia, de manera automática los objetos con valor de cambio o fiscal, como monedas de oro y lingotes, así como los materiales valiosos en estado bruto como perlas o piedras preciosas, no son considerados patrimonio cultural y podrían ser utilizados como parte de pago al inversionista o empresario encargado de la investigación que, en esos términos, toma matices de rescate de un buque hundido.

Sin embargo, según José Luis Socarrás Pimienta, director de la carrera de Arqueología del Externado, una sentencia de la Corte Constitucional de 2014, limita o anula esta posibilidad. “La sentencia C-264 es muy clara al señalar que los dos numerales que excluían las piedras preciosas, monedas, lingotes y otros bienes, es abiertamente inconstitucional porque va en contravía de los artículos 63 y 72 de la Constitución y por sobre todo, priva a los colombianos del derecho a la cultura”, asegura Socarrás.

Pero la ministra de Cultura, Mariana Garcés, ha dicho que los objetos en estado bruto o sin intervención del hombre no se consideran patrimonio y serían tratados como “tesoro” bajo el Código Civil. En otras palabras, podrían venderse en el mercado e incluso entregarse como parte de pago al inversionista en la operación, en la que el Estado, aparentemente no corre ningún riesgo en términos financieros.

“La ministra ha venido sosteniendo esa postura desde los primeros debates en el Congreso. Sin embargo, tal como están las cosas, priman las sentencias de la Corte Constitucional, que buscan garantizar una sólida tradición jurisprudencial que protege el patrimonio cultural como derecho de todos”, señaló el experto.

Aunque la Corte dejó en firme el criterio de repetición, según el cual algunos bienes pueden presentar características similares, condición seriada y tener valor de cambio o fiscal, no es cierto que pueda disponerse de algunos objetos bajo ese principio.

La ley 1675 contempla el criterio de repetición y otros cinco, pero, y esto es muy importante resaltarlo, la corte le añade un sexto criterio, que es el de unidad. Es decir, los bienes culturales, así estén repetidos no se pueden separar porque se rompería ese criterio”, explicó Socarrás.

El investigador afirma que la misma ley contempla el aprovechamiento económico y que allí debería enfocarse el Gobierno y su asociado en esta empresa. “Poca gente sabe que, bien aprovechado, el ‘cipote’ museo del que ha hablado el presidente, puede ser la base de una estrategia de gestión y aprovechamiento sostenible del Galeón.”

“No me cabe duda que esta operación es costosa, pero no puede costearse a partir de los objetos mismos. Eso sería cercenar una parte importante de la historia de la moderna Colombia y de todo el universo histórico colonial del cual hacía parte el San José al momento de su hundimiento en 1708”, concluye Socarrás.

Otro problema frente al rescate del San José radica en que la firma estadounidense Sea Search Armada tiene derechos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde 2007, como descubridora del naufragio desde 1982, con posible propiedad sobre la mitad de lo que se considere tesoro. El gobierno no ha cumplido tal sentencia bajo el argumento que el descubrimiento de finales de 2015 se hizo en coordenadas distintas a las denunciadas por esta empresa y se ha negado a las peticiones de expedición y verificación de SSA.

El representante legal de SSA en Colombia, Danilo Devis, anunció a El Espectador que una vez se revelen los nombres de los contratistas elegidos interpondrá las demandas del caso para defender los derechos norteamericanos y pedirá el embargo de cualquier objeto del galeón que sea llevado a la superficie.

Esto ocurrirá además de las reclamaciones de países que se consideran con otros derechos como Perú, pues la mayoría de la carga era de allá, Panamá, puerto de carga, y España, pues el barco tenía esa bandera.

Es decir, el pleito por el galeón está muy lejos de solucionarse en el corto plazo.