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Nacional 29 Jun 2013 - 9:00 pm

Estados Unidos y los buques militares:

Inmunidad para los galeones

Un experto analiza la importancia de tener en cuenta los factores internacionales en la polémica por la nueva Ley de Patrimonio Sumergido.

Por: Antonio José Rengifo Lozano *
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El caso de Las Mercedes, tesoro hallado por la firma norteamericana Odyssey, confirmó una coyuntura actual favorable a España. / AFP

Después de haber gozado de confiables apoyos de empresarios, políticos y artistas, las compañías de exploración submarina parecen hoy de capa caída en los Estados Unidos, sin que se pueda desconocer del todo su capacidad de acción ni su eficacia. 

El decidido apoyo de los Estados Unidos a España en el caso judicial originado por el hallazgo del galeón Las Mercedes marcó un giro radical en la política de la administración Obama sobre protección de navíos de guerra, asestando un duro golpe al futuro de las compañías “cazatesoros”. Todo un desafío para países con naufragios de valor cultural y arqueológico.  

Las Mercedes‘Nuestra Señora de las Mercedes’ fue uno de los tantos galeones en el engranaje del monopolio comercial español en América, conocido como “Carrera de Indias”. Los galeones podían ser usados para el comercio y la guerra, pero en su último viaje ese galeón desarrollaba actividades comerciales. Naufragó en 1804, regresando de sur América, por acción de la armada británica.   En 2007, Odyssey, compañía estadounidense de exploraciones submarinas, encontró el naufragio de Las Mercedes en aguas internacionales, frente a costas portuguesas. La carga recuperada, 17 toneladas de oro y plata avaluadas en 500 millones de dólares, fue transportada por la compañía a su sede en Florida. España no se queda quieta. En ejecución de una política oficial estructurada y financiada para defender los galeones de su bandera, armada de documentación histórica y una tripulación de abogados, demandó a Odyssey reclamando propiedad sobre el naufragio y exigiendo devolución de la carga. Después de demandas y contrademandas, una Corte de Apelaciones de los Estados Unidos dio razón al país reclamante, ordenando a Odyssey devolverle la carga a España.   Estados UnidosEl caso fue escenario de un giro en la política de los Estados Unidos que apoyó abiertamente a España, contra intereses de una compañía estadounidense. España alegó que Las Mercedes era una fragata o navío militar, protegido por “inmunidad soberana”, figura del derecho del mar cuya finalidad es evitar cualquier intervención que permita a otros países acceder a la tecnología militar utilizada en la nave. La aplicación de la figura impone requisitos: ser nave de guerra; con dispositivos, comando y tripulación militares; en la estructura militar del Estado.La aplicación de esa figura deja muchos interrogantes.

En sentido estricto, los galeones no eran naves militares. Además, ¿qué objeto tendría hoy proteger “tecnología” militar en naves sumergidas durante varios siglos? Queda sí, el debido respeto a despojos de las víctimas del naufragio, argumento ético válido tanto para naves militares como comerciales. Los esfuerzos diplomáticos de España dieron frutos. Por tratarse de interés mayor para Washington, en cumplimiento de un Tratado de Cooperación de 1902 entre Estados Unidos y España y de directivas públicas del Departamento de Estado, el abogado general de la Marina y el embajador David Balton de los Estados Unidos, aportaron documentación histórica para apoyar la tesis de España, contra la pretensión de Odyssey, que alegó la condición de navío comercial de Las Mercedes. Si hubiere dudas sobre el alcance de la política de Washington, habrá que resaltar que la Profesora Carla Rhan Phillips, autora de un libro sobre el San José, escribió que ese galeón entra en la categoría de navío de guerra. Ello explicaría que la compañía titular de derechos sobre ese naufragio parezca desistir del rescate para buscar, en su lugar, una indemnización de Colombia. Anuncio de más litigios.   EspañaEn 2012, dos aviones del ejército español regresaron la carga de Las Mercedes a España. Signo de los nuevos vientos, Odyssey no mereció reconocimiento de ese país por el hallazgo del naufragio. Tampoco derecho a indemnización.De los miles de monedas de la carga, un puñado fue enviado a Bolivia; otro puñado a Perú, “para enriquecer los museos de otras naciones”, según el ministro español de cultura. Perú intentó una demanda en nombre de descendientes de comerciantes transportadores de carga en Las Mercedes. Fue desechada. El hallazgo de naufragios históricos ha despertado el furor patriótico de España, donde se considera que “los galeones son españoles”. Sin más. No se toma en consideración que la carga de los galeones es fruto de varios siglos de explotación colonial, miseria y esclavitud de minorías indígenas y afro descendientes y que los antiguos bienes de la Corona pasaron a formar parte del patrimonio de las naciones independizadas. Esas naciones son las propietarias y están llamadas a reclamar, en el marco de los acomodamientos y desarrollos que se producirán en los tiempos por venir. El problema apenas está comenzando. Desde España se dispara a botafuego contra las compañías “cazatesoros” de exploración submarina. Ese furor de España es pura temeridad. El problema no es ese. Tampoco se trata solo de decidir entre rescatar los naufragios o dejarlos en los fondos marinos. El problema es más complejo.

El problema es la instrumentalización de una noción ampliada y excluyente de ‘navío militar’, contraria a la verdad histórica y al alcance jurídico de ese concepto. La aplicación de esa figura a los galeones, como es entendida por Estados Unidos y España, está dejando por fuera el derecho de los países de la carga, consolidando otra injusticia histórica, sea que se opte por la conservación in situ o por la recuperación.    La premura por prohijar una legislación limitada a Colombia, es imprevisión. Mucho pierde Colombia en el Caribe para arriesgar, como si fuera poco, demandas por eventuales intervenciones en galeones yacientes en aguas de nuestro país, por parte de España, siempre tan presta a reclamar. El caso de Las Mercedes confirmó una coyuntura actual favorable a España.Primero lo primero. Importa más investigar las conexiones históricas del patrimonio cultural subacuático colombiano para levantar barreras contra las fuertes presiones internacionales. Frente a la tentativa de “universalización” de estándares impuestos desde una visión unilateral y excluyente, los países que vivieron la explotación colonial tienen voz e influencia en los procesos de consolidación de normas para el patrimonio subacuático. Es preciso abrir espacios para negociar consensos equilibrados y acordes con el derecho internacional.

Contraloría investigará caso del San José

La Contraloría General de la República investigará fiscalmente si hubo irregularidades de la función pública, para impedir que se cumpla un fallo a favor de la empresa norteamericana Sea Search Armada, lo que ha ocasionado demandas internacionales contra Colombia, como la que cursa ante un tribunal de Virginia por 17.000 millones de dólares.

Así se lee en la respuesta a un requerimiento de los representantes de SSA, firma a la que en 2007 la Corte Suprema de Justicia reconoció los derechos sobre la mitad del cargamento del galeón San José, para que sea considerado tesoro y que se halle en las coordenadas denunciadas por ésta, en cercanías a las Islas del Rosario.

Luz Mireya Ardila, directora de Atención Ciudadana de la Contraloría, remitió un oficio en el que, luego de hacer “la evaluación y análisis del caso”, pone a disposición de la delegada para el Sector Social la denuncia que se hizo en ese sentido contra “Fabio Echeverry Correa y otros”, incluso el cargo de haber filtrado la ubicación del galeón hundido en 1708. Anexó, además, una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos el 28 de mayo de 2013. El domingo pasado, el exministro Echeverri, empresario y miembro de la oficial Comisión de Antigüedades Náufragas que asesora al Gobierno, negó a El Espectador cualquier interés particular frente al tema. “No estoy interesado en los tesoros”, insistió.

* Ph.D. en derecho internacional. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

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