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Por aparentes irregularidades contractuales, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal por $980 millones contra el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín; el secretario de Educación departamental, Javier Alberto Posada, y la Diócesis de Magangué.
De acuerdo con el organismo, las irregularidades obedecen a un supuesto detrimento patrimonial relacionado con la ejecución de un contrato por servicios educativos suscrito entre la Gobernación y la Diócesis por valor de $14.886 millones.
De manera preventiva y como medida cautelar, la Contraloría embargó y retuvo la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual legal vigente del gobernador, mientras que en el caso de la Diócesis decretó el embargó preventivo de 10 inmuebles de su propiedad.
Uno de los hechos por los que el ente de control cuestiona al gobernador tiene que ver con que el funcionario aceptó solo una propuesta para celebrar el contrato, sumado a falencias en su planeación. Respecto al secretario de Educación, la Contraloría sostiene que no cumplió con su función como supervisor del contrato, por lo que se evidencia una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica.
Sobre la Diócesis de Magangué, la Contraloría advierte que “se benefició de la totalidad de un contrato que no ejecutó en su integridad, enriqueciéndose sin justa causa cuando recibe pagos sin que se hubiera ejecutado lo convenido”, según registra el diario El Universal.
Entre los hallazgos del ente de control se evidencia, entre otros, que la Diócesis subcontrató más del 85% del contrato y que solo fueron ejecutados $2.027 millones de los $14.886 millones, por lo que el dinero restante quedó a cargo de la corporación subcontratada.
Adicionalmente, se pudo establecer que hubo un detrimento patrimonial por más de $400 millones, relacionado con registros educativos duplicados, es decir alumnos fantasmas.
Para el organismo, estos casos ponen al descubierto falta de seguimiento y control por parte de la Gobernación de Bolívar, que no permite un uso eficiente de los recursos públicos orientados a la calidad del servicio educativo.
También se detectó que en varias instituciones educativas figuraban dos rectores (uno contratado y otro oficial), lo que provocó un daño patrimonial por cerca de $31 millones.
Ante las irregularidades, la Contraloría programó audiencia verbal de descargos para el próximo 30 de julio en la sede de la entidad en Cartagena.