Sala Administrativa de la Judicatura, invencible

La reforma de equilibrio de poderes, que tanto defendió el gobierno del presidente Santos y que representaba cambios de fondo para la Rama Judicial, terminó con varias de sus propuestas embolatadas.

El Palacio de Justicia es la sede de las cuatro altas cortes colombianas. El Consejo de la Judicatura ha sido el más salpicado por escándalos. / Archivo

La principal: acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Este organismo, que existía desde la Constitución del 91 y que se dividía en dos salas (una Administrativa, que maneja los recursos del Poder Judicial, y una Disciplinaria, que sanciona a abogados y jueces) se divide ahora, debido a la más reciente decisión de la Corte Constitucional, en dos entidades: la Sala Administrativa, que pasa a llamarse Consejo Superior de la Judicatura, y la Disciplinaria, que es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Como aquella historia de la mitología griega, se quiso cortar una cabeza y ahora hay dos. La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, determinó que acabar con el Consejo Superior de la Judicatura o crear el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia Judicial era una especie de reemplazo de la Constitución, algo que sólo podría hacer una Asamblea Constituyente, tal como pasó en 1991, y que se abriría camino una vez más con este fallo de la corte. Aunque hay quienes decían que cambiar la Judicatura por el Consejo de Gobierno Judicial era, como dice el dicho, “cambiar el sofá”, su conformación empezó con todos los obstáculos posibles.

Dichos tropiezos incluían que la elección de sus tres miembros permanentes fuera suspendida por el Consejo de Estado en diciembre. Esa medida, a su vez, congeló la elección del gerente judicial. De igual manera, fue suspendida la escogencia del representante de los jueces y magistrados, Vicente de Santis, cuya elección fue demandada por supuestas irregularidades. Se encontró que el número de votos por él obtenidos no coincidía con los resultados de las mesas escrutadas. Ese fue el inicio del organismo que, se suponía, iba a dejar atrás la estela de escándalos por corrupción y anomalías que lleva mucho tiempo rodeando al Consejo Superior de la Judicatura.

Tanto en 2012, cuando se tramitó una gran reforma a la justicia que finalmente no terminó en nada, así como en 2015, el propio presidente Santos reportó que detrás del debate por la reforma al equilibrio de poderes estaban tras bambalinas varios magistrados de la Judicatura haciendo lobby para evitar su desaparición. La Judicatura ha sido, de las cuatro altas cortes, la más desprestigiada. Un ejemplo siempre presente son las conversaciones que han trascendido de magistrados suyos, en los que se habla de favorecer a oficiales investigados por falsos positivos o que recibían costosos regalos de empresarios cuando menos polémicos.

Está también el precedente de la puerta giratoria, de la que fueron rostro los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Pedro Munar. Ellos, desde la Corte, ayudaron en la elección de varios magistrados de la Judicatura que luego votaron por él para que se les unieran, una vez se acabó su período en la Corte Suprema. En el caso de Ricaurte, él había influido en la elección de 18 de los 19 magistrados que luego lo escogieron. En el caso de Munar, 15 de 19. Ambas elecciones fueron anuladas por el Consejo de Estado, con un anuncio rimbombante de la entonces presidenta, María Claudia Rojas, quien aseguró que de esa forma arrancaba “la reforma a la justicia”. Después de hacer todo lo posible para evitar su salida, Ricaurte y Munar se fueron y quedó claro que esas maniobras no tenían razón de ser.

Con siete votos contra uno, la Corte Constitucional estableció que el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia Judicial no existirán, que la Sala Administrativa de la Judicatura continuará manejando los recursos de la Rama Judicial, que sobrepasan los $2 billones anuales, y que existirá también la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Alejandro Linares, el único magistrado disidente, señaló que crear un organismo como el Consejo de Gobierno Judicial no era reemplazar la Constitución y que desde 1977 la Rama Judicial nunca ha permitido que la reformen; sus colegas no estuvieron de acuerdo. Ahora, a la reforma de equilibrio de poderes le falta la prueba de fuego: el análisis a la demanda que presentó el exfiscal Eduardo Montealegre el año pasado, que según él rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la Constitución del 91.