Gilhari Ortega, sanandresana, y Yuliana Quintana, cartagenera, por fin vivirán tranquilas en su hogar en San Andrés. Casi un año tuvieron que esperar para que el miércoles un juez administrativo de la isla le ordenara a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) concederle a Quintana la residencia temporal para que pudiera convivir con su pareja, con quien está hace cinco años.
La pareja de mujeres denunció en agosto del año pasado que la Occre, que es la autoridad migratoria en este departamento, dilató el proceso para otorgarle la residencia. De acuerdo con las peticiones, ellas presentaron los documentos que les eran exigidos, como los registros civiles y las certificaciones bancarias. También solicitaron el matrimonio ante un juez.
Pero la Ocre respondió al siguiente mes que le hacía falta los documentos que ya se habían aportado, “dilatando un proceso que pudo estar resuelto en menos tiempo”, aseguró Caribe Afirmativo, corporación de representó el caso. La información fue enviada nuevamente, pero la Occre no volvió a pronunciarse. Por este motivo, las afectadas presentaron una acción de tutela amparadas en el derecho a la igualdad y el debido proceso.
Finalmente, el Juzgado Único Administrativo del circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reconoció que a esta pareja se le está violando el derecho a construir una familia. Aunque la Occre ya realizó la visita a las mujeres, aún no ha dado trámite a la residencia temporal.
Desde 1991 y a través de un decreto, San Andrés dispuso ciertas medidas para controlar la densidad poblacional, debido a la demografía de la isla y el impacto de esta sobre la naturaleza, por tal razón se regula la circulación y permanencia de ciudadanos colombianos no raizales.