La justicia masacrada

El magistrado Carlos Ernesto Valencia García se destacó en su trabajo por el respeto de los derechos humanos hasta el día de su asesinato.

Estaba claro que todo el que se interpusiera en el camino del narcotráfico iba a pagar con su vida. Corría el año 1989 y la lista de crímenes selectivos ya era extensa. La Rama Judicial era un blanco aparte. Se creía que promulgando leyes, aumentando penas o desplegando operativos de la Fuerza Pública bastaba para enfrentar a las mafias. Pero eran los inermes jueces quienes tenían que ordenar las capturas y por eso pagaron un precio excesivo.

Uno de esos héroes fue el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Ernesto Valencia García, quien desde sus días de estudiante de derecho en la Universidad Externado tuvo claro que la justicia tenía que ser transparente, vertical e incorruptible. Por eso, hasta el día que lo asesinaron a balazos, “buscó la verdad respetando los derechos de todos”, como lo recuerda la actual magistrada de la Corte Suprema Patricia Cuéllar.

Era un hombre sencillo y recto, comprometido con las causas sociales e indignado contra los violadores de los derechos humanos. Tan firme en sus convicciones que ni siquiera cuando el narcotráfico empezó a asediarlo cedió en sus propósitos. “Era muy reservado con sus asuntos, pero un día admitió que lo estaban intimidando y me dijo que no iba a salir corriendo pues debía cumplir con su deber”, refiere su hermana, Julia Valencia.

“No pudimos volver a cine o a las caminatas que disfrutaba, porque su vida se llenó de amenazas. El miedo fue apenas la antesala de lo que todos sabíamos que iba a suceder”, añade Claudia Valencia, su hija, quien hoy vive en el exterior. Su esposa, María Luisa Valenzuela, ya fallecida, lo acompañó en su lucha por pedir protección. “Sólo le dieron un jeep viejo en el que lo veíamos partir todas las mañanas sin saber si volvía”, recuerda Alejandro, otro de sus hijos.

En medio del acoso delictivo, su familia encontró refugio en Guatemala, país de origen de María Luisa Valenzuela, pero nunca pasó de dos semanas. Por algunos días él mismo viajó a Perú para alejarse de los asesinos, pero tuvo que regresar a encararlos. El miércoles 16 de agosto, apenas horas después de firmar el llamamiento a juicio contra Pablo Escobar y sus sicarios por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, ellos lo estaban esperando.

Días atrás también hizo parte de la sala de decisión que confirmó el juzgamiento del capo Gonzalo Rodríguez Gacha por el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal. En ambas determinaciones entendió que por encima del terror estaba el deber de la justicia. Al caer la tarde de aquel miércoles, cuando regresaba a su casa sin caravanas de escoltas, fue atacado por cuatro sicarios que le propinaron seis impactos de bala.

Apenas alcanzó a llegar a la calle 13 con carrera 16. Herido de muerte fue trasladado a la Clínica San Pedro Claver, pero llegó inconsciente. No fue posible salvarle la vida. A las 7:45 se informó su deceso. “Me enteré de la noticia por la radio y acudí de inmediato a la clínica, pero sólo llegué a colaborar con la identificación de su cadáver. Ese momento marcó mi vida para siempre. Hoy, 25 años después, aún me aflige”, recuerda la magistrada Patricia Cuéllar.

“El día del atentado llamaron a mi mamá a Guatemala y sólo le dijeron que debía viajar urgente a Colombia. Ya teníamos previsto regresar para proseguir con nuestros estudios y reencontrarnos”, rememora Alejandro Valencia. Pero la noticia acabó con los planes. Se enteraron de lo sucedido después del entierro del magistrado. “Yo presentía que algo no estaba bien y recuerdo a mi hermana llorando mientras leía un periódico”, agrega el hijo menor, Carlos Valencia.

La noticia conmocionó al país, pero, como se decía en aquella época, la solidaridad duró un minuto de silencio. Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá anunciaron su renuncia porque no estaban dispuestos a seguir poniendo en riesgo sus vidas por un gobierno inactivo. Pero dos días después asesinaron al coronel Valdemar Franklin y al candidato presidencial Luis Carlos Galán, y ya no había objeto en buscar una protección aparte.

Lo demás fueron las reseñas biográficas que con el paso de los años poco se repitieron. Que Carlos Ernesto Valencia estaba a cinco días de cumplir 45 años de edad o que había nacido en Pereira el 21 de agosto de 1944 en una familia de 12 hermanos. Hoy uno de ellos, su hermana Julia, lo recuerda como “un hombre disciplinado, íntegro y preocupado por el respeto a los derechos humanos, que además de hacerse abogado siempre ejerció la docencia”.

“Fue un juez ejemplar y un hombre honesto, un investigador incansable, y en esa tarea siempre lo acompañó su esposa”, añade Patricia Cuéllar. “Los que trabajamos con él sabemos que con su injusta partida Colombia perdió a un magistrado intachable. Nos quedamos sin un maestro, sin una persona que siempre fue digna de imitar como valiente administrador de justicia”, manifiesta Diana Hernández, abogada y amiga, quien aprendió sus lecciones de consagración y coraje.

Para conservar sus ideales, algunos de sus seguidores crearon un grupo de estudio conformado por jueces y fiscales. La tarea se centró en la “promoción de los derechos humanos como herramienta principal de trabajo en la labor judicial”. Dos años después, ese equipo hizo parte de las mesas de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. “Creo que él hubiera sido muy feliz apoyándola o participando en ella”, enfatiza su hija Claudia Valencia.

Hoy, 25 años después de su deceso, sus hijos resumen qué significa ser víctimas de un mal momento de Colombia que dejó una huella imborrable de tristeza y horror. “Hasta el día de su muerte, hace año y medio en España, mi madre siempre habló de todo lo que le faltó por construir con su esposo Carlos Ernesto Valencia, y cómo truncaron sus sueños de cómplices y amigos en las tareas judiciales”, puntualiza Alejandro Valencia.