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“Reconocemos que la garantía de los derechos de la población LGTBI es una deuda histórica con todas las personas que por su orientación sexual o la identidad de género han padecido la discriminación y la violencia en nuestro país”, fueron las palabras del vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, en el marco del primer seminario internacional sobre “Aproximación a los métodos de investigación de delitos contra personas LGTBI”. Un evento que se efectuó en el hotel Tequedama de Bogotá, y en el que la principal preocupación fue la falta de acceso a la justicia y los prejuicios que existen contra esta comunidad.
Durante las intervenciones en el seminario se hizo énfasis en que el respeto a la diversidad es inseparable del contexto social, cultural, democrático y jurídico, y en que uno de los retos es crear políticas públicas que permitan romper con los estereotipos que hay sobre la comunidad LGBTI.
Según un informe de la Fiscalía, existen obstáculos que impiden el acceso a la justicia de esta población, ya que muchos funcionarios judiciales —y la sociedad en general— creen que los gais son abusadores de niños, que pueden ser detenidos si expresan su afecto, que los travestis no pueden estar en la calle o que las parejas del mismo sexo no constituyen una familia. Asimismo, que entre los delitos más comunes están los homicidios, la violencia en espacios públicos, ataques de la Fuerza Pública, amenazas de grupos armados y la violencia contra transexuales.
La Fiscalía ha decidido crear métodos de prevención, investigación y acusación adecuados para brindar acceso a la justicia de la comunidad LGBTI. Este trabajo se ha desarrollado en tres áreas. La primera es que tras la reestructuración del ente investigador, se creó la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, que tiene a su cargo el Equipo de Género y Enfoque Diferencial, cuyo objetivo es elaborar una política nacional para brindar una atención orientada a la violencia contra los gais.
Entre las propuestas está crear un Observatorio de Derechos Humanos y módulos de formación con enfoque diferencial. Es decir, nuevas metodologías investigativas desde la perspectiva de diversidad sexual, que permitan consolidar un protocolo para evitar que los prejuicios sean un obstáculo para los funcionarios judiciales. También que permitan identificar patrones de violencia en el marco del conflicto armado, como sucedió en Justicia y Paz, donde se registraron 119 casos que están relacionadas con 89 víctimas de violencia fundada en su orientación sexual.
Entre los objetivos está capacitar a los funcionarios, crear políticas de priorización y lograr investigaciones en las que se elaboren contextos de dónde ocurren los actos de discriminación, bien sean en espacios escolares, universitarios, laborales, públicos o en las redes sociales. Las cifras de la Fiscalía indican que desde 2012 hasta 2014 se recibieron 259 casos de discriminación, en los que 46 víctimas se identificaron como miembros de la comunidad LGBTI.
Para los asistentes al foro, es importante enfrentar los crímenes de odio, es decir, los delitos que se originan desde los prejuicios contra la comunidad LGBTI. Una de las propuestas es adelantar jornadas de toma de denuncias voluntarias de quienes han sido víctimas de algún delito de discriminación. “En la sociedad moderna no podemos asumir una postura romántica o el mero rechazo (…) Estos ámbitos de libertad que son la esencia de la sociedad, que no dañan, sino que enriquecen y fortalecen. El Estado debe proteger, garantizar y fortalecer dichas expresiones de libertad y conciliarlas con los derechos de los demás”, concluyó Perdomo.