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Hace 27 años, el 19 de abril de 1989, en vigencia del Estado de sitio, el gobierno de Virgilio Barco expidió el Decreto 813 para combatir “los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares”. Aunque ya llevaban varios años haciendo estragos en las regiones, por primera vez, pese a las dudas semánticas esbozadas en la norma, el Estado configuró una directriz jurídica para encarar el problema. El paramilitarismo era una realidad y el narcotráfico su fortaleza económica.
Esta semana, con la expedición de la Directiva 0015 de 2016, a cargo del Ministerio de Defensa, la historia parece repetirse. La idea es caracterizar a los Grupos Armados Organizados (GAO), que en 2011 otra directiva ministerial llamó bandas criminales (bacrim), y que tiene capacidad de generar violencia armada contra el Estado o la población civil, con una organización y liderazgo, pero sin ideología política alguna. Es decir, la misma reticencia a reconocer que son grupos de naturaleza paramilitar que se lucran del tráfico de drogas.
Es el eterno laberinto de las normas que son superadas por los hechos, pero que en el Estado de derecho se vuelven necesarias. Tanto como la dificultad que se tuvo durante dos décadas para admitir que el Decreto 3398 de 1965 o la Ley 48 de 1968, que permitieron la creación de autodefensas para apoyar la seguridad nacional, terminaron convertidos en mampara del paramilitarismo para actuar a sus anchas. La Corte Suprema tuvo que tumbar las normas en 1989 para que se despejaran las ambigüedades frente a la amenaza.
Con otro agravante en el país de los abogados. Se expiden decretos para combatir al paramilitarismo, o como se le quiera denominar, y desde otros frentes del Estado se crean directrices para buscar la forma del sometimiento en el contexto del Código Penal o algún tipo de acercamiento en el orden político. Como en los tiempos de Samper, que a finales de 1997 creó un grupo élite para enfrentar al paramilitarismo que sembraba la muerte en varias regiones, y en julio de 1998 le daba el aval a la opción de un proceso de paz con las autodefensas.
El problema actual no es menos distinto. Desde 2006, cuando la Corte Constitucional evitó que a través de la Ley de Justicia y Paz los paramilitares se volvieran sediciosos y saltaran a la política, empezó su rearme. Es claro que ya no tienen la catadura o el entronque político de la Casa Castaño, Macaco, Don Berna o demás narcoparamilitares de entonces, pero sus promotores desde hace una década tienen las mismas raices y, como lo señaló recientemente el expresidente César Gaviria, son grupos armados dedicados al narcotráfico.
En cualquiera de los tres Grupos Armados Organizados (GAO), por ahora señalados para enfocar contra ellos toda la acción de las Fuerzas Armadas, son claros su historia y objetivos. Los Urabeños, o el clan Úsuga como el Gobierno prefiere llamarlos, es un sustrato de la Casa Castaño. Su máximo jefe, Dairo Úsuga, u Otoniel, fue mano derecha de Daniel Rendón Herrera o Don Mario, y de Vicente Castaño. Su radio de operación es el sur de Córdoba, norte de Chocó, Bajo Cauca antioqueño o la región de Urabá. Es decir, lo mismo que antes.
La misma situación que los Pelusos o los Puntilleros. Para nadie es un secreto que desde los tiempos de la desmovilización del bloque Catatumbo en el accidentado proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, el asunto siguió igual en una región permeada por la coca. Hasta hace poco tiempo era el feudo de Megateo, ahora el nuevo capo se llama David Aguirre, pero entre la población campesina la situación es la misma. Ante el Estado ausente o la pobreza dominante, mandan los Pelusos, que actúan como paramilitares.
En los Llanos Orientales la situación es más crítica, porque la tierra es más ancha. Pero el imperio criminal de Miguel Arroyabe y el antiguo bloque Centauros, o el que quiso desarrollar Oliverio Guerrero o Cuchillo desde el Guaviare o Vichada, hasta hace unos años se llamaba Erpac y ahora Puntilleros. Pero quienes lo integran no obran muy distinto a como lo hacían los paramilitares. Matan por encargo, extorsionan a diestra y siniestra, ejercen limpieza social si lo requieren, y se financian con los dineros de la coca.
La nueva directiva del Ministerio de Defensa deja entrever que por el nivel de intensidad que ya desarrollan el clan Úsuga, los Pelusos o los Puntilleros, ya no se puede recurrir únicamente a las fuerzas de Policía y se requiere toda la fuerza militar disponible. Además, y según lo han documentado observatorios de derechos humanos, han crecido en número más que los grupos guerrilleros. Constituyen una amenaza real y, de cara a la inminencia de un acuerdo de paz con las Farc, son un obstáculo o incluso un peligro en ciernes.
En síntesis, llámense bandas criminales (bacrim) o Grupos Armados Organizados (GAO), o se citen como referentes los Convenios de Ginebra, la Corte Penal Internacional, las sentencias de la Corte Constitucional o decenas de leyes y decretos, la sombra del paramilitarismo y la evidencia del narcotráfico son la amenaza mayor. Pero así no se enmarque en estas palabras, lo primordial es que se combatan, antes que termine adelantándose algún proceso de negociación a cambio de las rebajas procesales de ayer y de siempre.