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Nacional 17 Mar 2013 - 9:00 pm

La Registraduría debe oír a los usuarios antes de cancelar un documento

Los líos de la doble cedulación

La Corte Constitucional protegió el derecho al mínimo vital de una anciana que no podía cobrar un subsidio estatal porque la Registraduría le había anulado un cupo numérico de identificación.

Por: Redacción Judicial
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Son comunes los problemas que afrontan algunos ciudadanos por casos múltiples de cedulación. / Fotoilustración - El Espectador

La resolución del caso de María de los Ángeles Giraldo, una adulta mayor en situación de indigencia, residente en Vegachí (Antioquia) y quien tuvo asignados dos documentos de identidad (doble cedulación), uno de los cuales le fue cancelado unilateralmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, terminó en un llamado de atención para ese organismo por parte de la Corte Constitucional.

En la sentencia T-929 de 2012, que a la fecha no ha sido publicitada por el máximo organismo de la justicia constitucional, la Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa, recomienda que en circunstancias en las que la Registraduría no pueda expedir y entregar la cédula de ciudadanía por situaciones irregulares como la doble cedulación, debe orientar al ciudadano respecto de las alternativas existentes para obtener la expedición y entrega de su documento de identidad, especialmente si el peticionario está en situación de vulnerabilidad, debilidad o indefensión, como ocurre con Giraldo.

Pero la Corte es más enfática en su mensaje al exigirle a la Registraduría que, en lo sucesivo, antes de cancelar un documento de identidad por doble cedulación, sus funcionarios deben convocar al ciudadano para escucharlo y permitirle aportar los documentos que considere pertinentes, respetándole así su derecho al debido proceso.

En el caso de Giraldo, la Registraduría no sólo no la escuchó, como ya ha ocurrido en otros casos, sino que se abstuvo de notificarle la cancelación de una de sus cédulas, vulnerando así su derecho de defensa y contradicción.

El drama comenzó en 2006, cuando la mujer acudió a la Registraduría municipal para solicitar trámite de cédula por primera vez. Al contestar, en julio de ese año, la entidad le asignó el número de identificación 1.042’091.175, le expidió la contraseña respectiva y le informó que el documento sería expedido en los seis meses siguientes.

Pero pasaron seis años y el documento nunca le fue expedido. La razón: la Registraduría determinó que a la peticionaria ya se le había expedido la cédula Nº 25’047.342 el 1º de octubre de 1959, a nombre de Socorro Bueno Taborda, por lo que procedió a anular —sin consultárselo previamente— el número asignado en 2006 y le advirtió que debía solicitar la renovación del documento de identidad vigente desde 1959 sin ninguna novedad.

Esta circunstancia complicó la supervivencia de la mujer, quien por la mora en la entrega del documento no pudo acceder a los subsidios para los ancianos en estado de indigencia o extrema pobreza desembolsados por el Banco Agrario.

Por esa razón, el Personero Municipal de Vegachí, Luis Felipe Velásquez Martínez, interpuso una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la personalidad jurídica y de petición de la señora Giraldo.

En el estudio del caso, la Corte disintió de la decisión de la Registraduría y, tras analizar sus principales fallos sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y su relación con la cédula de ciudadanía (ver nota arriba) y paralelamente reiterar su jurisprudencia sobre la protección constitucional especial a los adultos mayores en situación de indigencia o de extrema pobreza, concluyó que la entidad estatal, además de los derechos invocados por la Personería, también le había vulnerado a la mujer su derecho al mínimo vital, ya que no pudo cobrar el mencionado subsidio económico del que era beneficiaria.

En ese contexto, ordenó dejar sin efecto la cancelación de la cédula de ciudadanía de María de los Ángeles Giraldo y adelantar de nuevo el trámite, escuchándola antes de tomar una decisión de fondo, con el fin de disminuir la posibilidad de cometer errores y garantizarle su derecho a la personalidad jurídica.

Y para proteger su derecho al mínimo vital le pidió al Banco Agrario de Colombia aceptar que la afectada se identificara con una contraseña para entregarle el subsidio, mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil le expide su cédula de ciudadanía.

 

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La importancia de la cédula de ciudadanía

Ha dicho la Corte Constitucional (sentencia C-511 de 1999) que la ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irreemplazable para lograr el aludido propósito. Además, la cédula es el medio idóneo para acreditar la mayoría de edad, o sea, el estado en que se alcanza la capacidad civil total, circunstancia en que se asume por el legislador que la persona ha logrado la plenitud física y mental que lo habilita para ejercitar válidamente sus derechos y asumir obligaciones civiles.

En conclusión, la cédula tiene tres funciones esenciales: 1) identificar a las personas, 2) permitir que los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles, y 3) permitir la participación de los ciudadanos en la actividad política.

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