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“Este sujeto Cobra me llevó hasta el parque. Cuando llegué allí miré a mi mamá, que se encontraba al frente de una casa sentada; había paramilitares al lado de ella, luego supe que la habían asesinado. De ahí me llevaron con otros paramilitares, que me tiraron al piso y me violaron. Luego salí para mi casa y no le comenté lo sucedido ni a mi propia familia”. Este desgarrador testimonio es de una víctima de la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, y hace parte del contexto de violencia contra las mujeres que elaboró recientemente el Tribunal de Medellín en el control de cargos contra seis excomandantes del bloque Mineros de las autodefensas.
En el documento, de 822 páginas, el Tribunal incluyó un dramático apartado en el que describe los monstruosos crímenes que los ‘paras’ ejecutaron contra las mujeres del Bajo Cauca antioqueño y el municipio cordobés de San José de Uré, como un valioso aporte a “a la identificación de víctimas cuyos hechos han sido históricamente invisibilizados”. Lo que encontró fue, por decir lo menos, espeluznante.
En una incursión armada que los ‘paras’ realizaron en agosto de 2002 en el corregimiento La Granja (Ituango), paramilitares violaron y humillaron a varias mujeres campesinas. Cuenta una de ellas que “los hombres cogieron a mi esposo y lo amarraron, lo tiraron boca abajo. Uno de ellos me cogió del brazo y me metió a la habitación. El tipo estaba encima mío, parecía el comandante”. Otra mujer contó que la violaron, aun cuando estaba embarazada, por lo que casi pierde su bebé.
Se conocieron, además, casos en que los altos mandos tuvieron esclavas sexuales. Alexánder Bustos Beltrán, comandante del frente Barro Blanco, habría sido uno de los mayores responsables de estos hechos en el área de operación del bloque Mineros. Incluso, violó y esclavizó a las combatientes que integraban sus propias filas.
Familias enteras tuvieron que desplazarse para impedir que sus hijas cayeran en las garras de los ‘paras’. En 1999, en Tarazá (Antioquia), la familia de la ganadora de un reinado de belleza se fue del municipio por temor a que alias Lagartija, un pariente de Cuco Vanoy, abusara de ella.
Los paramilitares también asesinaron a los novios o esposos de las mujeres que deseaban y, en otros casos, mantuvieron relaciones sentimentales con mujeres comprometidas, bajo la presión de las armas. Al respecto, Luis Carlos García, alias Cedro, dijo que “ yo tuve relaciones de ese tipo. Seguro que los esposos se enteraban, pero se abstenían de hacer algún reclamo, porque a un grupo armado ilegal no se le puede reclamar nada”.
Uno de los hechos más sanguinario, calcado de La Violencia de los años 50, fue el crimen cometido contra Berta Céspedes, quien tenía seis meses de embarazo y fue asesinada por hombres al mando de Luis Alberto Chavarría, alias Lucho Mico, quienes “le abrieron el abdomen, le sacaron el feto y lo enterraron de manera superficial, dejándolo encima del cadáver”. Para el Tribunal, “los homicidios en tales condiciones constituyen una de las más aberrantes manifestaciones de la violencia de género”.
Otras mujeres fueron torturadas con choques eléctricos, obligadas a cocinar, a vender sus animales por precios irrisorios y a prestar sus bienes a los miembros de la organización. Las que se negaron fueron golpeadas, amarradas y, en algunos casos, asesinadas. En Córdoba, “a una señora la amarraron a un palo y le dieron tanto ‘plan’ como ‘juete’. Duraron como tres días con ella por allá porque no les quiso prestar unas mulas”. Los paramilitares también sometieron a las mujeres a tratos degradantes, especialmente cuando las acusaban de “ser chismosas”. Algunos desmovilizados que delinquieron en Caucasia y Tarazá (Antioquia) confesaron haberlas obligado a barrer las calles y a “trotar en formación” como escarmiento.
Pese a este importante esfuerzo del Tribunal y de la Fiscalía por hacer visible la violencia de género, la justicia enfrenta un enorme reto para condenar a los responsables y atender a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en desarrollo del conflicto armado. El Auto 092 de 2008, en el cual la Corte Constitucional le ordenó al ente acusador avanzar rápidamente en la investigación de 183 casos de ese tipo, ha pasado prácticamente de agache en la Fiscalía. A finales del año pasado, las 12 organizaciones defensoras de derechos humanos que integran la Mesa de Seguimiento al auto revelaron que tan solo tres de los 183 crímenes cuentan con una condena.
Según Linda Cabrera, abogada de Sisma Mujer, una de las organizaciones que integra la Mesa, “la impunidad es casi total. Noventa y cinco de los casos llevan años en etapa preliminar, por lo que muy seguramente van a ser archivados”. De ahí que las organizaciones de mujeres se pregunten: “Si los casos que tienen una orden de respaldo de la Corte no avanzan, ¿qué pasará con el resto, que son casi todos?”.
El Tribunal de Medellín también llamó la atención sobre el subregistro del número de violaciones, “ya que se tienen reportadas en las bases datos de la Fiscalía más de 7.000 víctimas del bloque Mineros y sólo 26 casos de violencia sexual denunciados”. Tras nueve años de Justicia y Paz aún faltan por conocer muchos de los crímenes que los ‘paras’ cometieron contra las mujeres, quienes con más rigor y fortaleza han soportado los estertores de la guerra
mflorez@elespectador.com / @elenaflorezr