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El río Guatanfur es un afluente del embalse de Chivor que pasa por el Valle de Tenza, región ubicada en la frontera entre Cundinamarca y Boyacá, a 117 kilómetros de Bogotá. Atraviesa Guatavita, Guasca, Ubalá, Junín, Gachalá, Machetá, Villapinzón Tiribita y Manta. Desde 2001, los habitantes de estos dos últimos municipios han visto que el río es utilizado para la extracción minera de piedra y arena. Durante la última década no hubo mayores reparos: la empresa Agregados El Rodeo obtuvo la licencia ambiental para explotarlo y esa fue una razón suficiente para no quejarse en su contra.
A pesar de que el paisaje sigue siendo el mismo, un poblador de Manta buscó la forma de frenar el proyecto minero. Su nombre es Claudio Alameda. Envió quejas a la Procuraduría, cartas a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y tocó las puertas de Agregados El Rodeo para que apagara las retroexcavadoras. Tiene una propiedad, una “pequeña isla”, dice él, que está en medio del río, a escasos metros del proyecto minero.
“El trabajo de extracción es de lunes a sábado. Afecta la tranquilidad local, la de las casas y la de una escuela vecina. Han afectado la flora, la fauna. Están socavando el río sin ajustarse al Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca (Pomca) y a los planes de ordenamiento territorial de los municipios”, sostiene Alameda.
Lo que para Claudio Alameda es un “desastre ambiental”, para la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) es una actividad legal. Fue esta entidad la que le otorgó la licencia ambiental y el permiso de vertimientos a la empresa minera en 2001 para explotar el río. Aunque le dio vía libre a Agregados El Rodeo para realizar excavaciones, ordenó una serie de pasos a seguir para preservar el río: “Conservar la alineación longitudinal del río, evitar la formación de caídas sobre su lecho. La explotación se debe realizar de aguas abajo hacia aguas arriba, evitando cambios en la dinámica del río. El suelo removido deberá ser almacenado y se debe hacer mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo”.
La licencia fue otorgada por 30 años, con dos condiciones que Claudio Alameda utiliza a su favor: “En caso de presentarse daños a predios ajenos, los ejecutores del proyecto deberán pagar los daños a los propietarios afectados. En ningún momento se permitirá el ingreso de maquinaria ni el lavado de vehículos en el lecho del río”, dice la resolución expedida por Corpochivor. Alameda ha presentado pruebas que demuestran que su predio habría sido afectado y que la maquinaria ha trabajado en el lecho del río.
En 2011, Corpochivor expidió una resolución actualizando el plan de manejo ambiental. Allí quedó establecido que la empresa, a cargo de Fernando Fajardo Luque, debía establecer los costos ambientales de la obra para los próximos cinco años. También dijo que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) pasaría a evaluar las medidas de mitigación ambientales. “Para proteger los predios ribereños, deben conformarse jarillones de protección. La profundidad máxima de extracción permitida es de 1,5 metros”, agregó.
El alcalde de Tibirita, Gonzalo Rojas, le dijo a este diario que desconoce si el proyecto actualmente está ajustado a la ley: “Hemos hecho visitas, pero no tenemos claridad sobre si han cumplido o no con la licencia ambiental. La CAR, supuestamente, está encargada de verificar que no exista un daño al medio ambiente”.
La CAR, por su parte, dice que la responsabilidad es de Corpochivor, entidad que expidió la licencia. Sin embargo, la CAR responde que “ha participado activamente en los comités de gestión de riesgo municipales, en donde se han tomado acciones para contrarrestar las crecientes de esta fuente hídrica”. Frente a la expedición de licencias, la entidad ambiental señala que “para el desarrollo de minería relacionada con el material de arrastre en el río Guatanfur no se ha otorgado ninguna licencia en los últimos dos años”.
La CAR no ha estado al margen del caso. Este año, la entidad le respondió a Claudio Alameda que la explotación minera en la franja del río está amparada por Corpochivor y tuvo “la autorización del Consejo Municipal de Riesgo”. Sin embargo, aclara que “el titular de la licencia debe abstenerse de realizar cualquier actividad minera que pueda afectar la isla de propiedad privada”.
Ante los cuestionamientos, Fernando Fajardo Luque, propietario de Agregados El Rodeo, responde que “todos los documentos están en regla. La Agencia Nacional de Minería nos hace cuatro visitas al año. Estamos en supervisión permanente por Corpochivor. Algunos habitantes han llegado al extremo de demandarme porque quieren que nosotros les demos plata. A mí el contrato no me permite darle plata a nadie, porque nosotros pagamos regalías a la Nación”.
Fajardo también niega que exista algún impacto ambiental: “Nosotros sacamos piedra y arena, no materiales preciosos. En invierno, el río baja piedra y arena de todas partes y se empieza a subir la sedimentación. Nosotros limpiamos y el río no se desborda. De hecho, nosotros construimos los jarillones que han evitado desastres. A la comunidad le regalé una planta para procesar la caña de azúcar. Además, nuestra empresa no es la única que trabaja en el río. Hay 10 o 15 más que lo están explotando”. Sobre la existencia de estas empresas no se pronunciaron ni la CAR ni Corpochivor.
svalenzuela@elespectador.com