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Desde este lunes, hasta el próximo 7 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará en Colombia, con el objetivo, entre otras cosas, de dialogar con los líderes de la nación para conocer los avances en materia de derechos humanos.
La delegación, invitada por Colombia, contará con la participación del presidente de la entidad, José de Jesús Orozco Henríquez; su primera vicepresidenta, Tracy Robinson; su segundo vicepresidente, Felipe González; y los miembros Rosa María Ortiz y Rose Marie Antoine, así como el secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza L., y personal de la Secretaría Ejecutiva.
La CIDH buscará instar con especial énfasis a Juan Manuel Santos a cooperar con la Comisión Interamericana para el cumplimiento de sus funciones de supervisión de la situación de derechos humanos en la región.
Abrir las puertas a una visita de la comisión significa así mismo abrirlas al escrutinio internacional, una muestra del compromiso de Colombia con el asunto, hecho que la CIDH ha destacado resaltando el esfuerzo que han realizado las organizaciones de la sociedad civil para participar en las audiencias y otros mecanismos de la CIDH con el fin de aportar información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
La visita abriría un camino para que Colombia sea eliminada de la llamada “lista negra” de la CIDH, en la que el país figura desde hace años.
El pasado mes de octubre la Corte Interamericana falló en contra del estado colombiano en el caso del periodista Richard Vélez, quien en 1996 fue víctima de agresiones por parte del Ejército mientras filmaba una protesta de los campesinos cocaleros en Caquetá. La publicación de estas imágenes provocó amenazas que lo llevaron al exilio.
Tal como señaló la sentencia de dicho caso “la Corte consideró que el contexto de riesgo para periodistas en Colombia debió ser tomado en cuenta por las autoridades estatales para evaluar diligentemente la necesidad de adoptar medidas de protección (…) el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal a través de la investigación de las amenazas y hostigamientos y de la adopción de medidas oportunas de protección, lo cual constituyó una violación del artículo 5.1 de la Convención Americana”.
La sentencia plantea un ejemplo de uno de los desafíos del país para tomar en cuenta frente a la situación de derechos humanos.