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El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta (Magdalena) decidió tramitar la acción popular iniciada por el Distrito de Santa Marta en contra de Metroagua S.A. E.S.P., para dejar sin efectos el contrato de arrendamiento y evitarle a la ciudad el pago de una cuantiosa indemnización que pretende la compañía.
El anterior alcalde, Carlos Eduardo Caicedo, a finales de 2015, pidió en el marco de la acción popular que presentó en contra de Metroagua, que se deje sin efectos el contrato de arrendamiento suscrito en noviembre de 1989, por considerarlo “violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público”.
Como fundamentos de la demanda, se indicó que dicho contrato se firmó en contra de la ley porque se recurrió a un arrendamiento cuando debió celebrarse una concesión de servicios públicos; el arriendo se pactó por más de cinco (5) años cuando debió acordarse por un periodo que no superara dicho lapso; debió tramitarse una licitación pública y no una contratación directa como así se recurrió en su momento; y no pueden reconocerse costos o inversiones en las mejoras a la infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado, pues en este contrato debe operar la cláusula de reversión.
Pese a que el juzgado admitió inicialmente la demanda interpuesta por el exalcalde, Metroagua presentó un recurso para que no se tramitara la acción popular porque aseguraba que la “alcaldía de la ciudad no podía demandar su propio contrato”.
El Distrito presentó sus argumentos, los cuales, finalmente fueron aceptados por el mismo Juzgado, que por providencia de 22 de enero de 2016, admitió continuar con el estudio de la demanda y advirtió que el alcalde de Santa Marta sí podía demandar a Metroagua y pedir que se dejara sin efectos el contrato.
Con esta demanda contra Metroagua, de acuerdo a Caicedo, se busca liberar a la alcaldía de tener que pagarle a esa empresa una millonaria indemnización que pretende esta compañía por unas supuestas mejoras e inversiones que han hecho a la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, cuando de acuerdo con la ley, si esas inversiones se hicieron, deben ser revertidas o transferidas sin costo a Santa Marta, tal y como lo ha precisado el Consejo de Estado.