Alimentación escolar en Magdalena podría perjudicarse por fallos en contratación

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El proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que adelanta la Gobernación de Magdalena, podría traer consecuencias “negativas” para las decenas de niñas y niños beneficiados en el departamento, según lo advirtió este martes la Procuraduría General de la Nación. (Lea: Lupa a refrigerios en colegios de Bogotá: denuncian alimentos en mal estado y vencidos​)

¿La razón? “Términos establecidos en el pliego de condiciones” por no tener en cuenta, en la elaboración de costos de los contratos, la mano de obra, el transporte, y los costos indirectos de producción, entre otros.

Según lo explicó el procurador delegado de Vigilancia Preventiva para la Función Pública, Leandro Ramos, el “departamento para la elaboración de los costos  tuvo como insumo para el cálculo de la ración, el proceso de costeo de este programa contratado por el Ministerio de Educación, MEN, con la Universidad Nacional del Colombia del año 2012, que corresponde únicamente a los costos de materia prima, sin tener en cuenta la mano de obra, transporte, y costos indirectos de producción, así como los lineamientos del MEN de acuerdo a la minuta patrón”.

El ministerio público también le pidió explicaciones a la gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes, sobre el estudio de mercado realizado para calcular los valores correspondientes a cada porción de comida, las fuentes de información tenidas en cuenta para determinar las mismas y la consulta de la información obtenida por el ente territorial para establecer los valores de las porciones.

“Si la suma de los valores arroja el valor total del presupuesto oficial de la contratación del PAE, que corresponde únicamente a la materia prima, ¿cuál es la razón por la que no se incluyen los costos indirectos de producción, teniendo en cuenta que se trata de gastos en los que debe incurrir el contratista para dar cumplimiento al contrato?, preguntó el delegado a la Gobernación.

Ramos recordó que la Corte Constitucional dice, sobre programas de alimentación escolar, que los entes territoriales "tienen a su cargo no solo el deber de adoptar acciones para combatir la desnutrición infantil y garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las niñas y los niños, sino el mandato constitucional de la educación".

La Procuraduría solicitó a la administración pronunciarse y les recordó que una alimentación "adecuada en condiciones dignas", así como en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias, también incluye la protección y salvaguarda de los recursos públicos.