Las razones por las que Santa Marta le ganó el "primer round" a Metroagua en pelea por el agua

Una juez ordenó que el 17 de abril la infraestructura debe estar en manos del distrito, y la empresa no podrá poner como condición el pago de $60 mil millones para no tenerla en su poder.

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Independientemente de si la Alcaldía de Santa Marta le tendrá que pagar o no a Metroagua una indemnización de casi $60 mil millones por inversiones que asegura haber hecho en la infraestructura del acueducto y alcantarillado de la ciudad, la empresa ya no podrá poner como condición el pago de este dinero para entregarle las redes al distrito el 17 de abril, cuando se termina el contrato que suscribieron así tres décadas. (Lea aquí: Metroagua tendrá que devolver redes de acueducto a la Alcaldía de Santa Marta)

Así lo decidió una jueza de la ciudad este miércoles, en medio de una acción popular que se interpuso en septiembre de 2015 y que busca que se declare ilegal el contrato. Aunque el proceso continúa, la juez Martha Mogollón Saker consideró que sí había argumentos para conceder varias medidas cautelares solicitadas por el exalcalde samario Carlos Caicedo Omar. (Lea aquí: Metroagua en Santa Marta, ¿el nuevo Electricaribe de la costa?)

La principal razón que tuvo en cuenta la jurista tiene que ver con el otrosí firmado en 2002 que establece que, al finalizar el contrato, Metroagua no cedería las redes al distrito hasta que éste le pagara las inversiones hechas en el transcurso del negocio. Caicedo sostuvo que esta era una vía para que el contrato se prorrogara automáticamente porque estaba condicionado a que la alcaldía y Metroagua se declararan mutuamente a paz y salvo. ¿Cuándo iba a pasar eso si la empresa exige $60 mil millones y la administración se niega a pagarlos? (En fotos: Así fue la marcha en Santa Marta para exigir un mejor servicio de agua)

La jueza respondió que esta situación pondría en riesgo el interés público y los derechos colectivos de los samarios. Por lo que es necesario que el 18 de abril entre un nuevo operador del servicio, y para eso Metroagua no podrá tener en su poder la infraestructura. Serán las mismas partes enfrentadas las que definirán el cronograma de la entrega de la información y los bienes con los que se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado. Lo cierto es que para el 17 de abril las redes que fueron arrendadas a Metroagua tendrán que estar de vuelta en las manos del distrito.

En diez días ese paso a paso ya tiene que estar listo y la jueza tendrá que verlo. La infraestructura, las bases de datos, los documentos, informes e inventarios que sean necesarios para que el nuevo operador asuma la prestación del servicio en dos meses tiene que ser cedidos por Metroagua.

El alcalde Rafael Martínez, por su parte, cerró el pasado martes la convocatoria de licitación pública para que una nueva empresa opere el servicio desde el 18 de abril hasta por 12 meses, porque la meta es crear luego una Alianza Público Privada que dure 30 años. Quedaron dos proponentes: Aguas de Manizales y Proactiva de Colombia S.A ESP.

Metroagua ha defendido su gestión, y aunque reconoce que hay deficiencias en la prestación del servicio las achaca a la falta de organización de la ciudad y a la falta de fuentes de agua. “La ciudad tiene un problema muy grave que no es imputable a la empresa es imputable a la alcaldía, porque el control urbano es de ella. No urbanizan, la gente se asienta y después empieza exigir. No hay fuentes de agua ni infraestructura. Hay cerca de 24 mil personas desplazadas, de 96 mil usuarios, que se pegan a las tuberías sin pagar”, le dijo a este diario Luis José Londoño, gerente de Metroagua. 

La compañía también ha denunciado irregularidades en la iniciativa #NoMásMetrogua. “Vemos con preocupación la presión que han recibido tanto funcionarios públicos como contratistas particulares por parte del actual mandatario y del exalcalde Caicedo, para respaldar la causa titulada “No más Metroagua”. Pruebas entregadas evidencian que se ha obligado a recolectar mínimo 250 firmas por funcionario, a publicar en sus redes sociales fotos de la campaña, difundir el logo de la campaña, entre otras acciones, advirtiendo que de esa forma se medirá el compromiso con las causas de la administración”, aseguró la empresa a la Procuraduría.

Tampoco confiaba en la independencia de la jueza que profirió el auto de este miércoles. Incluso planteó la posibilidad de pedirle al Consejo de Estado que trasladara el expediente de la ciudad. “La compañía reitera que acata las órdenes judiciales y administrativas de las autoridades competentes, sin perjuicio de ejercer sus derechos ni renunciar a los mecanismos de impugnación o protección disponibles. Desde la semana pasada hemos solicitado al actual Alcalde Rafael Martínez que defina el lugar, hora y fecha para iniciar el proceso de plan de empalme e iniciar un trabajo conjunto con el Distrito”, informó Metroagua horas después de conocerse la decisión. 

La justicia, la alcaldía y Metroagua continúan su puja. Los ciudadanos mientras tanto están en la mitad sufriendo los males del servicio de acueducto y alcantarillado en Santa Marta. El 83% de la población tiene servicio agua pero a veces solo por dos veces por semana, el 35% de los niños presentó enfermedades porque el agua no es potable siempre, el 24% de los habitantes no tiene conexión a alcantarillado y los gremios se quejan del constante rebosamiento de aguas servidas en las zonas turísticas.