Mientras las autoridades nacionales pregonan con euforia los avances en la lucha contra la pobreza, la extensión de cobertura de servicios públicos y mejores índices de desarrollo humano para Colombia, en el Tolima un mosquito se convirtió en la más clara muestra de que dichos progresos no son homogéneos y que algunas regiones del país siguen sin acceso a los servicios básicos.
Se trata del pito —vector transmisor del Trypanosoma cruzi, parásito productor del mal de Chagas—, cotidiano residente de las hojas de palma con las que los indígenas de Coyaima (Tolima) construyen los techos de sus casas. El riesgo para estas comunidades está diagnosticado desde 1998, cuando el Instituto de Parasitología Tropical de la Universidad del Tolima y la Secretaría de Salud realizaron un estudio en el sector rural de la población, la tercera más pobre del Tolima, con el 71,84% de necesidades básicas insatisfechas.
Y para que no queden dudas, fue razón para un llamado de atención a las autoridades locales y departamentales por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, que en 2005 ordenó la construcción de nuevas viviendas para 64 de las familias que conviven con el vector.
Según Moisés Macías, asesor de proyectos de la comunidad, cuando se percataron de que sus vidas corrían riesgo, 64 de las 339 familias afectadas de la zona de El Cucal instauraron una acción popular fallada a favor de la comunidad y confirmada en 2005 por el Tribunal y después por el Consejo de Estado, que ordenaba implementar programas de viviendas como solución al problema. “Construyendo con materiales diferentes a la palma, el pito será erradicado”, dice José Prada, líder comunal.
El gobernador de la época, Fernando Osorio, asignó $180 millones y la Alcaldía otros $40 millones, para las primeras 26 casas. El actual gobernador, Óscar Barreto, asignó $240 millones más para levantar las 38 viviendas faltantes. Sin embargo, a la fecha sólo hay 38 piezas (no casas) de 3x6 metros, sin puntos hidráulicos ni eléctricos, sin cocina, sin pozo séptico ni baño. Están abandonadas y sirven de estadero para animales y acumulación de basuras, como constató El Espectador.
Según Rozo Loaiza, auxiliar de campo de la Universidad del Tolima, los conocimientos indígenas le dan la seguridad para decir que el 70% de dicha población en la región tiene la enfermedad: “Hace tres años se firmó un pacto de cumplimiento con la Gobernación y la Alcaldía de Coyaima, pero la situación sigue igual”.
Para Luis Trujillo, secretario de Planeación municipal, no hay incumplimiento: “No hicimos casas, sino mejoramientos de viviendas. El dinero no alcanzó para más”.
La situación de la comunidad de Totarcos, que tiene, según la Universidad del Tolima, 275 familias en riesgo de contraer el mal de Chagas, es más difícil. Ni siquiera hay proyecto de acción.
Fair Alarcón, director del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tolima, dice que los casos positivos se detectaron a través de los bancos de sangre. La mayoría de estas personas donaron sangre en Ibagué, donde viven ahora.
Los indígenas del sector rural de Coyaima llevan años sin hacerse análisis de sangre, lo que según él es responsabilidad de las EPS. Alarcón dice que las EPS no ordenan este tipo de examen porque el mal de Chagas es difícil de diagnosticar, porque sus síntomas pueden confundirse con dengue o gripa fuerte (dolor en el cuerpo, fiebre dolor de cabeza), y en otras ocasiones es asintomático.
“La persona puede vivir años con la enfermedad, sin sospechar que la tiene. Su muerte se produce por una insuficiencia cardíaca”, señala el galeno, quien afirma que el contagio se evidencia por la hinchazón en uno de sus ojos.
Además, dice el médico Fair Alarcón, los medicamentos son de difícil consecución, porque como son de poca demanda, los laboratorios no los tienen disponibles en grandes cantidades.