Tras una inspección a 147 centros de enseñanza automovilística en Bogotá y seis departamentos del país, la Superintendencia de Puertos y Transporte reveló que abrirá 108 procesos de investigación por irregularidades en dichos entes.
De acuerdo con el organismo –que adelantó las inspecciones en conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía– se evidenciaron graves incumplimientos de las escuelas de conducción respecto a los requisitos para su constitución, funcionamiento y habilitación.
“Los principales hallazgos reportados corresponden a centros cancelados que aún se encuentran en funcionamiento (7%), sin licencia de funcionamiento emitida por las secretarías de Educación (5%), sin buses, camiones o vehículos articulados para enseñanza (33%) y falta de material didáctico (43%), de aulas adecuadas (34%) y pistas de práctica (46%) para impartir las capacitaciones”, explicó la Superintendencia a través de un comunicado.
Según pudo establecer la entidad en las visitas, también se constataron vehículos en malas condiciones técnico mecánicas, irregularidades en los seguros obligatorios, así como instructores no certificados (72%), sin programas de instrucción o sin vínculo contractual con el centro.
“Bogotá y estos seis departamentos del norte del país (Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre y La Guajira) –seleccionados para iniciar con los operativos– tienen altos índices de accidentalidad vial”, agregó el coronel Juan Francisco Peláez, director de la Policía de Tránsito y Transporte.
La Superintendencia de Puertos y Transporte aseguró que estos operativos son los primeros de una acción programada por todo el país, que busca garantizar una correcta formación automovilística las escuelas de conducción.
“Es importante que las personas que acuden a los centros reciban la capacitación que exige la Ley. Por tal razón, las autoridades trabajamos en conjunto para brindarles a los ciudadanos un servicio público de transporte seguro y de calidad, incluida la formación de todos los conductores”, señaló Javier Jaramillo Ramírez, superintendente de Puertos y Transporte.
Las sanciones, recordó la Superintendencia, van desde una multa hasta por 193 millones de pesos o el cierre definitivo del establecimiento.