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En un país que lleva ya más de medio siglo de violencia armada y que pareciera asomarse por fin a la posibilidad de una paz negociada con las guerrillas, uno de los desafíos más grandes de cara a ese anhelo de reconciliación es, precisamente, el del reconocimiento de las víctimas, que lamentablemente se cuentan por millones y que proceden de todos los sectores posibles: de la izquierda y de la derecha, de las costas y del interior, de los estratos socioeconómicos altos, medios y bajos, o de las etnias indígenas, afrodescendientes y gitanas. De los campesinos, cómo no.
Gracias a un esforzado trabajo y en condiciones políticas a veces adversas, las ONG con presencia en el país, los familiares y hasta actores estatales de todos los niveles se dieron la pela por posicionar el tema de las víctimas, al punto que hay una ley (la 1448 de 2011) que las define y sienta las bases para que sean admitidas como tales. Incluso el 6 de junio pasado, mediante comunicado conjunto con el Gobierno, las Farc también señalaron que es necesario “reconocer” a todas las víctimas.
El punto es que los familiares de los policías y militares también pueden ser víctimas, dado que la ley señala que víctima es toda persona que individual o colectivamente haya sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) o a los derechos humanos (DD.HH.) con ocasión del conflicto armado. Así, por ejemplo, dado que el derecho internacional humanitario establece las reglas que deben seguir los actores de un conflicto y les prohíbe la toma de rehenes, los uniformados que fueron secuestrados por la guerrilla pueden constituirse como víctimas. Incluso sus familias.
Pues a eso le apuesta desde hace ya varios meses la Jefatura de Derecho Internacional Humanitario del Ejército, que se dio a la tarea de reunir a todas las víctimas de las Fuerzas Armadas del país para acompañar su proceso de acreditación ante el Ministerio Público y la Fiscalía, labor que este fin de semana llega a su cuarta convocatoria. Parientes de soldados que perdieron sus piernas por alguna mina antipersona, madres de uniformados fallecidos en cautiverio o esposas de algunos de los que lograron escapar de la guerrilla o fueron rescatados del cautiverio, son sólo algunos ejemplos. Ejemplos de la realidad que el país tendrá que enfrentar en un largo y doloroso posconflicto. Porque la paz no es sólo la firma de un acuerdo con las guerrillas, sino el esfuerzo colectivo para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como insisten constantemente los expertos en este tipo de asuntos.
La nueva cita, para quienes crean que deben figurar entre los listados de víctimas, es hoy, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., en el Teatro Patria, norte de la capital. Hay dos grandes grupos: el de quienes acrediten lesiones físicas o psicológicas y el de los beneficiarios de fallecidos, desaparecidos o secuestrados. Para el primer caso es indispensable presentar copia de la Junta Médico-laboral, de la epicrisis y de las denuncias penales del caso (si las hay), así como de los documentos que demuestren el vínculo del núcleo familiar.
En el caso de los beneficiarios de personas fallecidas, deben agregar también el informativo administrativo por muerte y/o presunta desaparición y el registro civil de defunción.
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@elbergutierrezr