A las 2:00 de la madrugada del 5 de mayo de 2008, la Policía del municipio de Leiva (Nariño) desalojó una gallera en la que vecinos del barrio Bello Horizonte disfrutaban de una fiesta. Sin embargo, la rumba para Iván Rojas* y Antonio Sánchez* estaba lejos de terminar cuando los agentes acabaron con la fiesta. Los dos amigos salieron a caminar por las calles del barrio en busca de dinero y un lugar para seguir tomando cerveza. Veinte minutos después, dos tiros terminaron con su celebración. Un disparo en la cabeza segó la vida de Rojas, y al ver lo que sucedía, Sánchez, con un impacto de bala en la pantorrilla izquierda, alcanzó a llegar a la casa de un familiar de Rojas.
Durante ocho años, los familiares de los dos amigos intentaron demostrar que los autores de los disparos fueron dos policías que se encontraban en una garita del barrio. Sin embargo, su versión de la historia fue negada desde el comienzo por el relato oficial de la Policía. Los responsables declararon en el informe policial que vieron a los dos hombres manipular armas de fuego y les ordenaron que se detuvieran para realizarles una requisa. Pero uno de ellos, relataron, fue más rápido: sacó un revólver y apuntó a la cabeza de uno de los policías, que alcanzó a levantar su fusil y le disparó en la frente a su supuesto atacante.
“Mi teniente, él trató de matarme, era la vida mía o la de él”, explicó el auxiliar después de disparar. Uno de los tenientes que estaban de turno esa madrugada llegó a la esquina en donde estaba tirado el cuerpo de Iván Rojas y observó que a su lado había un arma de fuego y una señora que supuestamente trataba de ocultarla. El oficial decidió entonces tomar fotos para hacer un registro de la escena, y cuando lo hizo recogió la pistola del suelo y la guardó en una bolsa plástica que llevó a la estación. Lo que contaron los familiares de las víctimas que estuvieron presentes fue muy diferente a la versión de la Policía.
Rocío Rojas*, hermana mayor de Iván Rojas, llegó a la esquina pues Antonio Sánchez, amigo de su hermano, había entrado a su casa con una pierna ensangrentada y fracturada. “Me dijo gritando que fuera a buscar a Iván porque le habían disparado. Llegué corriendo a la esquina y los agentes no me dejaron pasar, dispararon contra el suelo y las esquirlas me cortaron las piernas”, señaló Rocío Rojas, quien asegura que lo único que trató de hacer en ese momento fue identificar si el muerto era su hermano y evitar que los agentes lo tocaran.
Lo que vivió Martha Hoyos*, la mamá de Iván Rojas, fue similar. Antes de salir detrás de su hija en la madruga del 5 de mayo, se detuvo en la puerta y rezó varios padrenuestros. “Llegué allá, empujé a un policía y le empecé a gritar que me dejara pasar, que el que estaba ahí tirado era mi hijo. ‘¡Cobarde, si no me va a dejar pasar acabe con mi vida también!’, le grité y me tiré sobre el cuerpo que todavía estaba con vida”, le relató la madre a El Espectador. Lo importante en ese momento, relataron familiares y testigos presentes en el lugar, era proteger a Iván Rojas de la Policía, pues estaban seguros de que ellos eran los culpables de su muerte.
Cuando todavía no había amanecido, la Policía fue a buscar a los inspectores para realizar el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, Rocío Rojas pidió ayuda a abogados del municipio, pues la primera versión de los hechos que empezó a sonar por el barrio era que su hermano había muerto por pertenecer a una banda delincuencial de la zona. Esa fue la versión oficial sostenida durante siete años, hasta que el Tribunal Administrativo de Nariño declaró que los responsables de la muerte de Iván Rojas y las heridas que sufrió Antonio Sánchez eran policías.
En una sentencia de segunda instancia del 20 de marzo del año pasado, el Tribunal dijo que las declaraciones de los miembros de las Policía no coincidían con el informe de novedad de esa madrugada: por una parte, los auxiliares explicaron que se trataba solamente de dos personas que querían atacarlos, mientras en el registro oficial anotaron que eran tres los atacantes. “Por otro lado, causa extrañeza para la Sala que el oficial a cargo de la estación haya recogido el revólver del supuesto agresor, y que esta situación no haya sido comunicada a la inspectora de la Policía”.
Para el Tribunal, lo que es aún más extraño es que los auxiliares aseguraron que Iván Rojas nunca disparó su arma y por eso no resultaron heridos, pero el informe de peritaje que se le realizó al revólver que estaba junto al cuerpo mostró que sí habría sido accionado. De Iván Rojas y Antonio Sánchez, dijeron los magistrados de Nariño, tampoco se encontraron antecedentes penales o indicios de que pertenecieran a bandas criminales, como los policías habían indicado. Después de siete años de lo sucedido y un proceso judicial en el que participaron los abogados Silvia Oriana González y Silvio González, el Tribunal falló a favor de los dos amigos.
De acuerdo con la decisión, la Policía tendrá que pagarle directamente a Antonio Sánchez $38 millones por las heridas causadas y a otros ocho miembros de su familia la suma de $231 millones. Por otra parte, a Martha Hoyos y su esposo, así como a la compañera de Iván Rojas y su hijo, les corresponde una suma de más de $60 millones a cada uno. Otros ocho familiares de Rojas, incluida su hermana Rocío, recibirán $30 millones. En total, la familia Rojas recibirá $515 millones aproximadamente.
Se trata de una condena contra el Estado por un caso de falso positivo, una práctica aberrante por la cual 20 generales de las Fuerzas Militares y de Policía, entre activos y en retiro, son investigados por su presunta participación y conocimiento de los hechos que rodearon ejecuciones extrajudiciales en Colombia, según el reporte más reciente de la Fiscalía General de la Nación.
*Nombres modificados por seguridad.