Mina de incertidumbres

Durante 30 años de extracción de níquel en Montelíbano , Cerro Matoso S.A ha recibido ganancias por $20,9 billones. / Amaury Navarro

La inminencia de la prórroga del contrato con la firma Cerro Matoso, para la explotación de la única mina de níquel que existe en el país, tiene agitado el ambiente político. Prueba de ello fueron los primeros debates, realizados los pasados 14 y 15 de agosto en el Congreso, en los que quedó claro que el Gobierno está ante una difícil elección: autorizar la prórroga hasta 2029, como pretende la empresa; caducar el contrato, como reclaman algunos legisladores, o buscar una tercera fórmula conciliadora.

Como se ha venido ventilando ante la opinión pública, el problema radica en que si bien Cerro Matoso tiene documentos legales que la autorizan a explotar el níquel en las 686 hectáreas de una zona situada a 22 kilómetros del municipio de Montelíbano (Córdoba) hasta el próximo 30 de septiembre, en virtud de un contrato suscrito en 1996, la empresa argumenta tener también la potestad para extender su presencia en la mina hasta 2029, es decir, 17 años más de lo pactado en los contratos originales de 1963 y 1971.

Inicialmente, el gobierno Santos dejó entrever que la concesión a la empresa estaba prácticamente lista. Sin embargo, en la medida en que el tema se ha posicionado ante la opinión vía Congreso, la postura del Ejecutivo se ha matizado. La prueba es que el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, pidió calma y prudencia para evaluar el caso y mirar, de un lado, los derechos que posee la compañía, pero también sus obligaciones laborales, ambientales y de salud pública.

En apoyo de esta nueva visión del Ejecutivo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, aclaró que en el momento de firmarse el contrato para la explotación de níquel en Córdoba las normas eran muy distintas, lo cual se refleja en que no existía el ministerio que él encabeza. La idea es que ahora se puedan actualizar los estándares ambientales y que la empresa acepte un nuevo esquema de compensaciones sociales en la región. Es en este último punto donde se concentra la principal oposición a la prórroga.

En términos específicos, según el representante a la Cámara David Barguil, lo prioritario es la gente de la región y también que se reconozca que Cerro Matoso se estaba quedando con una parte de las regalías necesarias para el desarrollo de la zona. Es más, una y otra vez Barguil ha asegurado que no hay claridad para los habitantes de Montelíbano frente a sus recursos naturales y que incluso, de manera peculiar, justo el día del principal debate en el Congreso no hubo servicio de electricidad en ese municipio.

El otro opositor de la prórroga es el senador Jorge Robledo, que está en desacuerdo con cualquier salida que no sea la nulidad del contrato. Aun así ha planteado que finalmente se abrirá uno de tres caminos posibles: que se siga con el contrato, generando un dilema de legalidad al que el Gobierno puede exponerse; que el Estado recupere el poder sobre la empresa y promueva una nueva licitación, o que se quede con todas las utilidades y replantee su soberanía en la explotación del millonario recurso.

Según cifras conocidas en los últimos días a raíz de la controversia, hasta 2012 y durante 30 años de explotación la firma Cerro Matoso ha exportado 910.000 toneladas de níquel, que le han significado ingresos brutos por valor de $20,9 billones. De estas ganancias, el Estado colombiano ha recibido por concepto de regalías $1,5 billones y por impuestos $3,9 billones. Pero los críticos de la prórroga sostienen que estas cifras son inferiores a las que tendría derecho a percibir el Estado, por lo cual debe replantearse todo el negocio.

A la pelea se ha sumado la Contraloría General de la República, no sólo a través del cumplimiento de varias funciones de advertencia en lo que respecta a las particularidades del contrato, sino específicamente en la forma como se están liquidando las regalías. Su principal argumento radica en que las utilidades para el Estado se están definiendo a partir de un precio inferior al que se negocia con los destinatarios finales del mineral. Además cuestiona un insuficiente pago de impuestos.

A su postura en contra de la prórroga el organismo de control ha agregado que se está estableciendo un canon de arrendamiento en función de las utilidades después de impuestos, cuando debía hacerse sobre el valor real de los activos. Lo que impera, insiste la Contraloría, es depender de las condiciones inciertas del comportamiento del mercado de níquel, lo cual plantea un arrendamiento extremadamente bajo, con las obvias consecuencias económicas en contra del Estado, así como en contra de los habitantes de la región.

Sobre este último aspecto también crece el debate, pues si bien la empresa Cerro Matoso sostiene que su explotación en la región ha favorecido a los habitantes de Montelíbano y otros municipios, sobre todo en materia de educación y salud, también es claro que existe una problemática social. El propio ministro Cárdenas la resumió cuando admitió que “no es posible que el sector que le está dando la mayor riqueza a Colombia, conviva con las regiones donde hay más pobreza”.

La evidencia de este dilema social salió a relucir en los debates de esta semana , donde se presentaron imágenes sobre las duras condiciones en que viven los habitantes de la región, quienes deberían ser los primeros beneficiarios. Los opositores a la prórroga sostienen que la explotación de níquel ha dejado secuelas en la salud de los pobladores por la supuesta contaminación de las fuentes hídricas que también utiliza la empresa.

Como era de esperarse, la empresa Cerro Matoso se ha defendido en todos los planos y, a través de su presidente Ricardo Escobar, ha planteado que la firma hace posible un desarrollo minero ejemplar. Además de insistir en la validez de los contratos que permiten la prórroga hasta el año 2029, Escobar ha dicho que la empresa no incumple con el pago de regalías, las reglas de juego económicas son equitativas, sus estándares de impacto ambiental son muy estrictos, y el tema social se sale de sus manos.

De todos modos, de no aceptar un replanteamiento de las condiciones del actual contrato, Cerro Matoso la tiene difícil. En su contra juega que desde 2008 hasta hoy, las autoridades mineras han promovido varios contratos de consultoría para saber cuál es el mejor camino frente a las perspectivas de la prórroga y tales diagnósticos apuntan a que ésta no debe autorizarse. El más citado de tales estudios fue documentado en su momento por quien hoy ejerce como procurador general de la Nación.

En 2008, el abogado Alejandro Ordónez dejó claro que no existe la obligación por parte del Estado de otorgar la prórroga en las mismas condiciones que rigen hoy el contrato. Específicamente, el hoy procurador argumentó que dado que el canon de arrendamiento no está vinculado con los bienes que revertirían al Estado, sino a las utilidades operacionales, es viable negociar con Cerro Matoso para que empiece a pagar, a título de compensación, un valor que no tenga efectos negativos para el Estado.

Y esa no fue la única consultoría. El experto Luis Jorge Ferro fue aún más directo y observó que no es conveniente para la Nación aceptar la prórroga en los actuales términos. Ferro sugirió que si se permitiera el vencimiento del contrato sería posible abrir una licitación pública por los derechos de explotación de la mina, generando los máximos beneficios para la Nación. De cualquier modo, no habría muchos riesgos legales, pero sí óptimas posibilidades para el Estado.

El tema está al rojo vivo y en los próximos días continuará siendo centro de debate en el Congreso. Por ahora defensores y detractores de la prórroga para la explotación de níquel por parte de Cerro Matoso hasta el año 2029, afilan sus argumentos: que no se autorice la continuidad de la explotación a cargo de la misma empresa, que se haga pero renegociando las cifras en favor del Estado o que se declare la caducidad con los riesgos del caso. Todo está por verse porque ya empezó el conteo regresivo para el domingo 30 de septiembre.

Cerro Matoso en cifras

686 hectáreas de zona rural de Montelíbano (Córdoba) comprenden la única mina de níquel de Colombia. 

910 mil toneladas de níquel han sido extraídas de la mina en los últimos 30 años.

85.000 habitantes tiene Montelíbano, según el censo del DANE de 2005.

$37.733 millones recibió en 2011el municipio por concepto de regalías 

$350.000 millones anuales se estima que suman las ganancias de Cerro Matoso S. A.

Las voces de la polémica prórroga

"El Gobierno tendrá que explicar cuál es el negocito que vienen montando a escondidas”. Jorge Robledo, Senador Polo Democrático.