"Minambiente no tiene idea de la magnitud de la contaminación en Santa Marta"

Jesús Olivero Verbel

No existe en Colombia un investigador que haya indagado más sobre los efectos de la minería en la salud pública que el químico farmacéutico Jesús Olivero Verbel. El coordinador del único Doctorado en Toxicología Ambiental del país y vicerrector de Investigaciones de la Universidad de Cartagena ha detallado en cerca de 20 artículos científicos las malformaciones y problemas cognitivos provocados por el contacto de personas con agua o peces contaminados con el mercurio que se utiliza para extraer oro.

Hace un par de meses la Contraloría General invitó al investigador a detallar las afectaciones que podría estar trayendo la extracción de carbón para la salud de los pueblos y ecosistemas aledaños a las minas, y así publicarlas en el segundo informe nacional sobre el estado de la minería presentado este jueves en Bogotá.

Ante la poca información al respecto, Verbel compiló las conclusiones de algunas investigaciones locales y aprovechó para entregar un panorama internacional que devela serios impactos en la salud de humanos y animales de República Checa, China y Brasil. Información que le servirá de alerta al Gobierno para iniciar investigaciones que permitan concluir qué tan graves son los impactos de la extracción de carbón en las poblaciones de Cesar y La Guajira, donde se encuentra concentrado el 90% de estas actividades mineras de Colombia.

¿Por qué no existe suficiente información en Colombia frente a los impactos en el medio ambiente y la salud de las poblaciones que viven cerca de las minas de carbón?

Muy pocos, incluyendo al gobierno, han tenido el interés de saber lo que le ocurre a las personas en el área de influencia de las minas. Por su parte, las empresas nunca han aceptado ni aceptarán que impactan a las comunidades. El gobierno tiene como demostrarles lo contrario, pero no existe voluntad ni capacidad operativa para hacerlo.

¿En algún momento las mineras se han negado a que se realicen investigaciones científicas sobre el impacto de sus operaciones?

No tengo conocimiento específico sobre esto. Por lo general hemos tomado muestras en zonas aledañas a las minas, nunca dentro de ellas. En un proyecto con la Gobernación del Cesar lo intentamos en una reunión de acercamiento, pero decidieron no participar. Sin embargo, inclusive para funcionarios públicos de control, la entrada a las mismas es difícil, y dudo que permitan la toma de muestras. Para un buen número de estas empresas la palabra contaminación no existe.

En Colombia ya se ordenó la reubicación de algunos pueblos de Cesar por los impactos de las carboneras. ¿Existen algunas conclusiones sobre el estado de salud de quienes no se han reubicado?

Contamos con pocos datos publicados al respecto. En comunidades que están próximas a reubicar, a propósito, con cientos de problemas mientras esperan por años el traslado, hemos medido el coeficiente intelectual en los niños. No tuvimos mayores sorpresas. Es decir, es bajo, pero muy similar a lo que hemos encontrado en otras zonas con alta pobreza y abandono estatal. Igualmente, pensábamos que podrían tener fluorosis por la presencia de flúor en el carbón, pero no fue así. Su salud oral está relativamente bien. Todo lo demás está por hacer. Colciencias nos ha financiado un proyecto para revisar la presencia de plomo en niños en algunas zonas mineras, pero hace falta mucha investigación y recursos para tener una idea general de la situación.

En el artículo realizado para la el informe de la Contraloría usted habla de la poca regulación que existe en Colombia frente a partículas pequeñas de carbón que se quedan en el ambiente. ¿Por qué no ha podido avanzarse en esta normativa?

Los intereses de estas compañías están por encima de todo. Si se midiera la concentración de partículas de tamaño inferior a 2.5 micrómetros, generadas en las minas de carbón, muy pocas podrían cumplir las normas internacionales. Corpocesar es quizás la única entidad que ha hecho algunos esfuerzos en las minas de carbón bajo su jurisdicción, pero operativamente no tiene la capacidad para el control, y mucho menos para las sanciones. Así, la legislación, aunque igualmente pobre en comparación con la de otros países, es letra muerta.

¿Sabe en qué estado se encuentran los equipos de monitoreo del aire en las áreas carboneras?

Es común encontrar que la red de monitoreo de partículas no funciona permanentemente, la ubicación de las estaciones es inadecuada o no existe el personal para su correcta supervisión y mantenimiento. Nada sucede cuando se presentan picos de contaminación. Esta información debe estar disponible en tiempo real a las comunidades por derecho propio.

El Minambiente ordenó a la Drummond limpiar las playas que ha impactado por su actividad de transporte de carbón. ¿Qué tan contaminadas pueden estar esas áreas?, ¿Cree que es posible recuperarlas?

Minambiente no tiene idea de la magnitud de la contaminación en Santa Marta y Ciénaga (Magdalena). No tienen reportes científicos del estado del fondo del mar cerca a la playa, ni tampoco se trata tan solo de medir cuanto carbón arrojó al agua una barcaza. Pero la responsabilidad no puede recaer sólo sobre ese ministerio. Santa Marta decidió cambiar el turismo por el transporte de carbón y para remate, están destruyendo su propia fábrica de agua. También es complejo hablar de recuperación cuando existen muy pocos datos cualitativos y cuantitativos del impacto.

¿Hay denuncias de extrabajadores de mineras como la Drummond frente a enfermedades respiratorias, pero qué otros casos de carboneras en Colombia ya tienen poblaciones que se quejen de enfermedades?

Casi siempre la totalidad de las poblaciones circundantes a zonas de extracción minera, independiente de si es carbón, níquel u oro, siempre manifiestan diversos tipos de problemas. Pero más allá de denuncias en los medios de comunicación, muy pocas veces son escuchados. La respuesta es la misma, hace falta evidencia científica que demuestre el impacto y las comunidades no tienen forma de obtenerla. El estado poco se preocupa y el trabajo se les deja a algunos grupos en las universidades que siempre quieren hacer más, pero con recursos insuficientes.

acuevas@elespectador.com