Modernizar (y no suspender) la aspersión aérea

Labores de fumigación de cultivos ilícitos por parte del Ejército colombiano. / William Fernando Martínez

El debate sobre los impactos del glifosato en la salud ha generado dos bandos argumentativos hasta ahora irreconciliables: mantener intacto el programa de aspersión vs. la suspensión inmediata. Ambas alternativas implican riesgos profundos para el bienestar de las comunidades y la seguridad regional. Un proceso intermedio de modernización del programa de aspersión es una estrategia superior, que puede reconciliar las diferencias en el interior del Gobierno y articular mejor la política de drogas con el desarrollo y la seguridad rural.

¿Por qué no es viable suspender el uso del glifosato? El primer dilema está en que sólo el 8% de todo el glifosato que se usa en Colombia se emplea en la aspersión de la coca, la restante mayoría la consumen los arroceros, palmeros, cañeros y demás agricultores de todo el país. Es decir, un mensaje del Gobierno Nacional de “prohibir” el uso del herbicida más usado en el mundo tendría un impacto mucho más fuerte en la política agrícola nacional que en la política antidrogas. A pesar que el Ministerio de Agricultura no hace parte del Consejo de Estupefacientes, su posición es tan relevante en este caso como las visiones opuestas del Mindefensa y el Minsalud.

Un segundo dilema son los tiempos. Los expertos en política de drogas esperamos un incremento de los cultivos de coca para 2014 y sólo hasta mediados de junio, cuando UNODC publique su censo anual, sabremos si los plantíos subieron 20%, 30% o 40%. Sin embargo, no hay duda de que la caída de los precios internacionales del oro (que incentiva el regreso a la producción de coca), la presión de los mandos medios de las Farc y el Eln por retomar el cultivo, y la mayor demanda de cocaína en nuevos mercados, entre otros factores, han generado un repunte en la producción de coca, que se encontraba en un mínimo histórico al finalizar el primer gobierno de Santos.

Será difícil defender hoy la suspensión de la aspersión y en un par de meses justificar medidas para contrarrestar el incremento de 10.000, 15.000 o 20.000 hectáreas de coca. En esto ya tenemos suficiente experiencia para proyectar el impacto: en 2013 ocurrió en el Catatumbo, cuando se acogió la tesis de las bondades de la zanahoria con subsidios, sin el garrote de la aspersión. Años antes, con Uribe, se suspendieron las aspersiones en la franja fronteriza y se acató el mandato de la Corte sobre la consulta previa, lo cual blindó a los territorios colectivos del glifosato; en todos los casos los cultivos de coca crecieron drásticamente y el auge de la economía criminal generó violencia, deforestación y desplazamiento.

Estas experiencias y evidencias también deben calcularse dentro del principio de precaución que cita el Minsalud. Junto con el aumento de la coca, crece el consumo en hogares rurales de ácido sulfúrico, gasolina, permanganato de potasio, disolventes, éteres y otros precursores necesarios para el procesamiento de la coca, cuya toxicidad y efectos en la salud y el ambiente nadie cuestiona, pero poco se consideran.

No es conveniente una decisión de este calibre basada solamente en el informe preliminar de la OMS-IRAC. Hasta ahora sólo conocemos la versión preparatoria. No sabemos en qué condiciones, concentraciones o tipos de glifosato (en Colombia ahora usamos el chino, antes el americano) se encontró esta potencial relación entre cáncer y el herbicida. Es prudente, al menos, esperar al informe completo, ver las reacciones de otros países y tomar medidas proporcionales. Días atrás afirmó en este diario el director del citado informe: “No obstante, esta evidencia es limitada, lo que quiere decir que aún no existe el volumen de evidencia necesario para concluir”. Hasta hoy ni los países europeos ni Estados Unidos han modificado el nivel de toxicidad del glifosato o restringido su uso. Igual para quienes les preocupa la relación entre el glifosato y los abortos en Colombia, un mensaje de tranquilidad: aún no hay evidencias al respecto, tan sólo hipótesis y opiniones.

¿Por qué no es viable mantener el programa de aspersión actual? Es un programa con muy baja institucionalidad, opaco en sus métodos y rendición de cuentas, aislado y en no pocos casos en contravía de otros programas del Estado. Y lo más crítico: con incentivos perversos que maximizan el número de hectáreas asperjadas y no el área libre de cultivos ilícitos.

Desde los noventa el programa de aspersión ha sido deficiente en atender las quejas locales por daños colaterales a cultivos legales, amparados en la poca capacidad de gestión de los campesinos afectados, se han vulnerado derechos y generado injusticias. Si bien es cierto que el programa ha reparado parcialmente los daños causados, sigue muy lejos de contribuir a la credibilidad y legitimidad del Estado.

La aspersión aérea no siempre es una herramienta eficaz para la contención de los cultivos de coca; en algunas regiones tiene un mayor efecto disuasivo que en otras y no podemos definir su eficiencia como una regla general. En la región Pacífica, por ejemplo, ha sido críticamente baja, sin que se hayan realizado ajustes de fondo a la estrategia. Igualmente los dos incidentes de ataques a pilotos el año pasado indican vacíos y riesgos vigentes en la seguridad de la operación.

La decisión del Consejo de Estupefacientes no debe ser si mantiene la inercia o se acaba con la aspersión aérea en Colombia. La complejidad de la problemática implica una revisión menos dicotómica y más integral, que valore la experiencia acumulada, los impactos previsibles y las alternativas para la reducción de costos, que asuma fundamentalmente una visión ajustada a las condiciones de cada región. No estamos en un escenario de decisiones ideales sino posibles, en que se debe escoger entre el menor de los males. Afortunadamente en Colombia las evidencias sobran para identificar dónde y cómo la aspersión puede hacer más bien que mal a la salud y la paz de las comunidades.

Bienvenido el debate, aunque llegue dos décadas tarde.

* Universidad de Maryland, consultor en política de drogas y seguridad.