La movida del Gobierno contra la Guerra antidrogas

Un estudio impulsado por el Minjusticia para la OEA, y que sería aplicado en el país, propone que consumidores, cultivadores, microtraficantes y mulas, entre otros, no vayan a la cárcel.

El concepto del Ministerio de Salud en el que alertó sobre los posibles efectos cancerígenos del glifosato forzó al gobierno de Juan Manuel Santos a decidir en el corto plazo si elimina, modifica o mantiene las aspersiones con ese herbicida como herramienta para erradicar los cultivos de uso ilícito. La noticia puso al país a discutir si el Ejecutivo está dispuesto a cambiar el enfoque de la Guerra contra las drogas que viene librando desde hace más de 35 años. Pues bien, esta semana, en un escenario internacional que pasó prácticamente desapercibido en la agenda nacional, demostró que sí lo pretende hacer. 
 
La voluntad del Gobierno quedó expresada en la presentación que hizo el Ministerio de Justicia el pasado jueves, en la sesión 57 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de un estudio titulado “Alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas”.  Un documento realizado por un grupo de expertos designados por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y coordinado por Colombia. El Minjusticia ejerció la Secretaría Técnica y Rodrigo Uprimny, el abogado colombiano experto en derecho constitucional y director de Dejusticia, fue nombrado "líder técnico legal".
 
En el trabajo, conocido por este diario, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien hace la presentación, admite que “los países afectados por el problema de las drogas debemos reconocer que la estrategia de atacar a todos los eslabones de la cadena del narcotráfico mediante la aplicación única y aislada del derecho penal, ha diluido los esfuerzos y recursos de la justicia, y no ha logrado terminar definitivamente con las organizaciones criminales”. Y sostiene que “este informe debe servir para que los Estados (...) admitan que hay un amplio y variado espectro de alternativas a su  disposición  para combatir no sólo todos los eslabones  del narcotráfico, sino incluso los delitos relacionados de manera directa e indirecta con las drogas”.
 
El  objetivo del informe es   identificar medidas  alternativas al tratamiento penal para consumidores, cultivadores, ‘mulas’,   pequeños productores y expendedores, entre otros acusados de ‘pequeñas causas’ relacionadas con las drogas ilícitas. Algunas de  esas medidas alternativas a las penales  son los  tratamientos médicos voluntarios, servicios comunitarios y libertad condicional. En total,  fueron 41 modelos en el mundo con  respuestas diferentes a la privación de la libertad para quienes cometen esta clase de delitos, que han sido efectivos y que fueron calificados por el grupo de expertos como “respetuosos de los derechos humanos” (ver casos).
 
De ser aplicadas en América Latina, esas medidas ayudarán, según el documento, a tratar “los problemas de salud pública asociados al consumo”, “a reducir los impactos negativos del encarcelamiento, y contribuir además a reducir el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos que deriven del mismo”; “a racionalizar el uso del derecho penal, manteniendo la idea de castigo penal como última acción contra  los infractores menores”, “a asegurar la seguridad pública y la seguridad ciudadana priorizando el uso de los recursos para combatir la delincuencia organizada”; y a “garantizar que los objetivos anteriores se alcancen con el gasto mínimo necesario”.
 
Qué va a hacer Colombia
 
Según pudo establecer este diario, aunque el informe ya fue aprobado en la OEA, es visto con buenos ojos, sobre todo,   por Argentina, Guatemala, Ecuador,  México, Jamaica,  Trinidad Y Tobago, EE.UU. y Brasil. Además, el Estado colombiano,  reclamando la autoría  y la iniciativa de la realización de este estudio,  lo presentará como un insumo de trabajo en la creación de una nueva política de sustancias ilícitas  ante  la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, que se hará en Nueva York (EEUU) en 2016 .
         
En el escenario de Naciones Unidas, el Gobierno  se la ha jugado por consolidar un bloque de países que presionen, precisamente, la construcción  de una política que supere  la penalización del consumo de drogas y tenga un enfoque de salud pública y reducción de los riesgos y daños, para así poder aterrizar medidas que cambien el enfoque de la Guerra contra las drogas a nivel nacional.
      
Las alternativas son urgentes en Colombia. Alrededor de 23.000 personas , quienes representan el 20,3% de la población carcelaria del país, están  recluidas, ya  condenadas o procesadas  por este tipo de conductas, con un costo anual de cerca de US$ 138 millones. A juicio del Gobierno,  ese dinero podría ser mejor empleado en la prevención y adopción de medidas  que atiendan las  dinámicas  económicas y sociales en los territorios más afectados por el mercado ilegal de  la droga. El hacinamiento, las violaciones a los derechos humanos y, en definitiva, la criminalización de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, como los consumidores, cultivadores y mulas, son asumidos como  resultados de una guerra que más que éxitos ha dejado víctimas.  
 
Siete experiencias que desafiaron a la cárcel como medida antidrogas
 
Portugal
 
Qué es: en el año 2000 se aprobó una ley que, en lugar de sancionar la posesión de drogas con una medida penal, aplica una respuesta administrativa a cargo de las llamadas “Comisiones de Disuasión”. Hay 18 comisiones conformadas por un experto en leyes, un profesional de la salud y un trabajador social.
 
Cómo funciona: cuando una persona es encontrada con una cantidad de sustancias psicoactivas inferior a la cantidad correspondiente a diez días de uso personal, la droga es decomisada y la persona debe presentarse ante la Comisión. En caso de que supere este umbral, la conducta entra al ámbito de la justicia penal. La cantidad no es el único elemento tomado en cuenta para determinar la diferencia entre consumo personal y tráfico.
 
Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Australia, Bélgica, Irlanda, Nueva Zelanda y Noruega
 
Qué es: el modelo de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) para infractores dependientes de las drogas consiste en desviar a los infractores de la prisión y la reclusión, y derivarlos a tratamiento y rehabilitación en un proceso dirigido por un juez. Cuenta con una intensa supervisión judicial del proceso de tratamiento.
 
Cómo funciona: la supervisión judicial generalmente incluye la celebración de audiencias continuas ante un juez de TTD, la interacción individualizada entre el juez y el infractor dependiente de drogas, sanciones provisionales e incentivos para motivar el cumplimiento, pruebas de uso de sustancias, supervisión comunitaria, incentivos legales para la graduación y, en algunos casos, encarcelamiento para quienes no completen el programa con éxito.
 
San Francisco (EE.UU.)
 
Qué es: “Back on Track” es un programa dirigido a infractores de entre 18 y 30 años de edad sin ninguna condena previa, acusados de microtráfico y que no hayan incurrido en violencia relacionada. El programa se destaca por su enfoque en los distribuidores en lugar de los usuarios problemáticos de drogas.
 
Cómo funciona: los participantes son remitidos por la Fiscalía, se declaran culpables y son supervisados por un juez. Dura entre 12 y 18 meses, y se cumple trabajando con ONG locales. Ofrece capacitación laboral, mientras exige la realización de servicio comunitario. Si es concluido satisfactoriamente, el récord del participante queda sellado y si no cumple los requisitos del programa, el juez puede imponer la sanción de ir a la cárcel.
 
Inglaterra y Gales
 
Qué es: el Sentencing Council for England and Wales emitió las directrices de sentencias para delitos de drogas que no modifican la ley, sino que proveen a los jueces orientaciones sobre rangos de sentencias y criterios para establecer una pena. Por cada delito se explicita el rango de sentencia mínima y máxima aplicable. Para establecer la pena se toman en cuenta la modalidad del delito, el tipo y la cantidad de sustancia, así como el rol del infractor (papel de liderazgo, significativo o menor). Uno de los grupos que se han visto beneficiados son las mujeres usadas como “mulas”.
 
Cómo funciona: en los primeros 10 meses desde la publicación de las directrices, 100% de las sentencias emitidas responden a los rangos sugeridos por las mismas. En la mayoría de los casos las penas impuestas son servicios a la comunidad y sólo alrededor del 9% de las personas acusadas reciben una condena privativa de la libertad. En el caso de posesión personal, desde 1998 se ha puesto énfasis en programas de desvío o derivación y, por lo general, se dirimen con una amonestación verbal o multas.
 
Costa Rica
 
Qué es: una reforma que permite la reducción de penas y el acceso a beneficios penales para mujeres procesadas por haber ingresado droga a la cárcel, y que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Reduce la pena de prisión de 3 a 8 años, en lugar de 8 a 20 años. La reforma permite que las mujeres procesadas que se encuentren en condición de pobreza sean cabeza de hogar en condición de vulnerabilidad o tengan bajo su cargo a personas menores de edad, adultas mayores o con alguna forma de discapacidad, puedan beneficiarse de prisión domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza o libertad restringida.
 
Cómo funciona: incorpora una perspectiva de género. La medida ha permitido la libertad de 132 mujeres que estaban privadas de la libertad, a pesar de encontrarse en claras condiciones de vulnerabilidad, y está en desarrollo una red interinstitucional que brinde a las mujeres atención socioeconómica integral para responder a los factores que las llevaron a participar en el delito.
 
Hawái (EE.UU.)
 
Qué es: el programa “Oportunidad de Libertad Condicional de Hawái” se inició en 2004. Sus objetivos son reducir la reincidencia y las violaciones de libertad condicional entre delincuentes con alto riesgo de consumo de drogas. El modelo se basa en la idea de que la rapidez y la certeza de las respuestas son más importantes que la severidad para mejorar los resultados.
 
Cómo funciona: se inicia con una audiencia de advertencia, donde un juez explica las condiciones de libertad condicional, así como las consecuencias por el incumplimiento. Cada persona bajo libertad condicional debe llamar cada mañana para saber si debe hacerse exámenes toxicológicos. Si por alguna razón falta a su cita o a su examen, la persona es llevada ante el juez. Cada examen toxicológico positivo, así como cada cita de libertad condicional incumplida, se castiga con sanción. Si las personas bajo libertad condicional continúan teniendo resultados positivos en sus pruebas por consumo son remitidas a tratamiento.
 
Ecuador
 
Qué es: la Asamblea Constituyente emitió un indulto dirigido a las “mulas del narcotráfico”. Con esta medida salieron de las cárceles más de 2.200 personas. En principio hubo una reducción momentánea de la tasa de encarcelamiento de 18.675 personas en 2007 a 10.881 en 2009, posteriormente hubo un aumento estrepitoso del encarcelamiento entre 2010 y 2014, pasando de 13.436 a 26.591 personas. También hubo una reforma que armonizó la legislación penal con la prohibición de la criminalización a los usuarios tanto de drogas de uso lícito como ilícito, y redefinió los tipos penales y el monto de las penas.
 
Cómo funciona: el indulto no cambió el ingreso al sistema penal, hubo más estigma policial, se mantuvo la rigidez en la cultura judicial, la “demonización” mediática, la oposición política a la medida y la tendencia al incremento de las personas presas por delitos de drogas. La reforma, por otro lado, condujo a la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad a quienes habían sido condenados o venían siendo procesados con la ley anterior. Hasta el 10 de octubre de 2014 habían sido liberados 1.063 presos por delitos de drogas por la aplicación del principio de favorabilidad.
 
Un continente de cárceles a reventar 
 
De acuerdo con el informe, en 11 países de las Américas, "la proporción de la población penitenciaria en prisión preventiva era superior al 50%, y en otros 10 países, la tasa de ocupación penitenciaria supera el 150%". 
 
También, señala que "en algunos países, los delitos relacionados con las drogas representan la primera o la segunda causa de encarcelamiento de mujeres, y en los hombres entre la segunda y cuarta causa". 
 
Las estadísticas apuntan a que quienes se encuentran encarcelados por drogas son, en su mayoría hombres, pero cada vez más son mujeres en condiciones de vulnerabilidad, las que participan en el negocio y son encarceladas por esta razón.   
 
En los últimos diez años, la tasa de encarcelamiento de las mujeres en América ha registrado el mayor aumento a nivel internacional. 
 
¿Santos suspenderá las fumigaciones? 
 
El jueves pasado, después de una reunión del primer mandatario con el Partido Conservador, el representante a la Cámara David Barguil, presidente de esa colectividad, dijo que "Santos se comprometió a que va a atender las recomendaciones de la OMS, del Ministerio de Salud y de la Corte Constitucional, por lo que va a dar la orden prontamente de suspender las fumigaciones”. 
 
Sin embargo la Casa de Nariño no ha dado una versión concluyente sobre el eventual fin de las aspersiones con glifosato. Aunque, según fuentes de este diario, la Presidencia sabe que no suspenderlas implicaría exponerse a millonarias demandas y a desacatar pedidos anteriores de las altas cortes. 
 
Por ahora, lo único cierto es que el 14 de mayo está citada la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes y, allí, comenzará la discusión formal entre ministerios sobre el futuro de las fumigaciones.  
 
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