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Por cerca de 15 años las mujeres víctimas de la violencia, el desplazamiento forzado y el conflicto armado han luchado para que se les restituyan sus derechos, en especial al de la tierra. Reclaman, además, reparación económica y protección, ya que muchos de estos terrenos están siendo ocupados por desmovilizados o utilizados para la explotación minera.
A esa batalla se ha sumado el reto de comprender la Ley de Víctimas, que incluye el derecho a la restitución de tierra. Por eso, Fátima Esperanza, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, organizó el “Foro Mujeres, Tierra y Territorio”. Su objetivo era socializar diferentes análisis y propuestas sobre los derechos de las mujeres en relación con la restitución de tierras, y evaluar lo que ha sucedido desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas”.
Uno de los participantes en el foro fue Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien manifestó que el deber de la entidad que él lidera “no solo acaba con el trámite de solicitud de reclamación de tierras, sino que debe ser un proceso en el que se acompañe de principio a fin a la mujer; no sólo hasta que se le entregue la tierra, sino hasta que estén garantizados sus derechos y goce de protección”.
En este contexto, también se presentaron las cifras de uno de los mayores problemas que ha tenido el proceso de reparación de victimas del desplazamiento y el conflicto armado: la protección a los defensores de derechos humanos, entre los que se incluyen quienes pelean su derecho a la restitución de tierras. Según el informe del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de DDHH en Colombia, durante el 2012 se dieron 357 agresiones, entre las cuales se cometieron 69 asesinatos, 5 desapariciones y 50 atentados.
Reparaciones a medias
Una de las organizaciones más consolidadas es la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomoproca) en el Magdalena, que desde 1996, cuando el Estado les restituyó 1.400 hectáreas en el municipio Pivijay, no han dejado de ser víctimas del conflicto; han tenido que enfrentar constantes amenazas y desplazamientos a raíz de su reclamación del derecho a la tierra. A pesar de que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) dispuso de este territorio para las 75 mujeres que conforman la asociación, ellas no han podido ejercer su derecho ya que han recibido una serie de intimidaciones contra sus vidas que todavía persisten.
Los panfletos que sentenciaban sus muertes se hicieron realidad el 12 de enero de 1999, con el asesinato de su líder Luisa Barrera Celedón y posteriormente con el crimen contra la representante legal de Asomoproca, Dora Cervantes Serpa en el 2000. “En esa época creíamos que todo estaba perdido. El resto de mujeres abandonamos los terrenos y en algunos casos, por la necesidad, los vendieron por insignificantes sumas de dinero”, aseguró Dolores Borja Mariano, representante actual de la asociación.
Dolores Borja, también indicó que la asociación sólo espera que a ellas las reubiquen en otro territorio, porque las hectáreas que había dispuesto el Gobierno en este momento están siendo ocupadas por paramilitares desmovilizados: “Por allá se siguen creando grupos como las ‘Águilas Negras’ o ‘Los Rastrojos’, por eso nosotros no queremos retornas a esas tierras donde están ellos porque nos volverían a desplazar”.
Estas mujeres son oriundas de Ciénaga, donde ocurrió una masacre en el 2000 en la cual murieron 60 pescadores; Pueblo Viejo, donde los paramilitares asesinaron a siete personas y desaparecieron a otras siete el 6 de octubre del año 2000; Aracataca, donde los paramilitares del Frente José William Rivas desplazaron a la población y El Retén, que sufrió los estragos causados por el exjefe paramilitar José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, que ha reconocido en Justicia y Paz haber perpetuado 17 masacres en el Magdalena.
Otra de las organizaciones que ha realizado gran avance en su proceso de restitución ha sido el grupo de La Guajira “Fuerza de mujeres Wayuu”, que ha tenido una participación activa y efectiva para que los pueblos indígenas tengan una reparación integral y se garantice la restitución de tierra. “Existen muchos problemas, por ejemplo, las seccionales de las entidades del Estado desconocen completamente los efectos de esta Ley de Víctimas”, comentó Jacqueline Rome Epiayo, líder de la organización de la cultura Wayuu.
Rome Epiayo señaló además que “los indígenas hemos sido revictimizados porque después de los desplazamientos por la violencia que hemos sufrido, y la reubicación que nos ha hecho el Gobierno, no ha servido de mucho. Siempre caemos en zonas donde todavía persiste la violencia, aparece un nuevo grupo armado o los terrenos son vendidos para explotar los recursos naturales de la zona”. Asimismo mostró su indignación por los resultados que han arrojado los distintos procesos de reparación de víctimas. Según ella “la Ley (de Víctimas) va a seguir siendo una de las más hermosas que tiene el país pero de papel, y para nosotros reclamar los derechos se presenta un juego de ping-pong entre las entidades del Estado, porque nos manda de la Corte a la Fiscalía y nunca nos garantizan un verdadero proceso que repare nuestros derechos”.