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De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 300 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en zonas rurales de los departamentos del Cauca y Norte de Santander por combates entre grupos armados y con Fuerza Pública.
En la vereda Buena Vista, en el municipio de El Tarra, zona del Catatumbo, al menos 145 personas se tuvieron que albergarse en un colegio por los enfrentamientos entre el Ejército y el Eln, el 23 y 24 de enero. De las personas desplazadas, 72 son niños, niñas y adolescentes, y hay un total de 42 familias afectadas. El colegio en el que permanecen carece de agua para el consumo, preparación de alimentos, aseo personal y desagüe de las unidades sanitarias, lo cual pone en riesgo su salud.
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La Organización señaló que los lideres sociales han solicitado atención médica "para una mujer con 8 meses de gestación", así como alimentos para los menores, "quienes representan el 50% de las víctimas". "El Equipo Local de Coordinación de Norte de Santander, bajo el liderazgo humanitario de OCHA, continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales", añadió la entidad de Naciones Unidas.
De igual forma, alrededor de 200 personas fueron desplazadas de la vereda El Crucero, en Corinto, Cauca, por combates entre disidencias de las Farc y el Epl. Por esas confrontaciones, que iniciaron el pasado 25 de enero, unas 50 familias se desplazaron hacia la vereda Río Negro en el mismo municipio, aunque no hay información que verifique su ubicación actual, afirma el comunicado.
Además, los combates han restringido la movilidad de 400 personas y ocasionaron la suspensión de clases en la Institución Educativa Carmensita Cardona, afectando a 411 estudiantes. OCHA identificó en la zona necesidades de protección, educación y vivienda, así como salud mental y física, según un comunicado
Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron el pasado miércoles que los continuos enfrentamientos entre estos grupos ilegales han puesto en riesgo a varias comunidades indígenas.