A través de un comunicado, la Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación por lo que consideró como “una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales”. (Lea también: Van 70 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2016)
Según el organismo, hasta el 30 de noviembre se monitorearon en terrenos 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de los derechos humanos y cinco casos más están en análisis.
“Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales”, señala la comunicación.
Trece homicidios desde la firma del primer acuerdo
Asimismo, la Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia, detalló que trece de los 57 homicidios de líderes sociales presentados este año ocurrieron luego de la firma del primer acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en Cartagena. Siete fueron en áreas rurales, dentro de los que se incluyen los ocurridos en el pasado mes de noviembre en Meta, Caquetá y Nariño.
Características comunes
El organismo explica que las zonas rurales en las que se han cometido homicidios en contra de líderes sociales se caracterizan por ser áreas en las que las Farc han tenido presencia histórica. Luego de la firma, la movilización de los milicianos ha dejado un vacío que “se profundizó ante la ausencia integral del Estado”.
“Por ejemplo, si hay un problema entre vecinos, antes lo “regulaba” la Farc-EP, hoy lo “regula” la persona más fuerte, mediante el empleo del uso de la fuerza”, señala el comunicado.
Otro factor común en estas zonas en la falta de alternativas económicas para la supervivencia, lo que favorece la existencia de economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal.
La conjugación de estas dos características, explica la ONU, “ha favorecido el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas”.
La violencia en contra de los líderes sociales, además de estos dos factores, también está relacionada con percepciones que se tienen sobre estas personas como obstáculos para lograr intereses económicos y políticos, la estigmatización, el uso de la fuerza para regular conflictos, la disputa entre grupos ilegales por el control de economías ilegales
Finalmente, la organización pidió al Estado para que garantizara la seguridad tanto de líderes sociales como de la población que resulta involucrada en estos hechos de violencia y las autoridades municipales para que se implementen políticas de prevención y se adopten medidas para garantizar la vida de estas personas. Asimismo, le pidieron a la Fiscalía que priorice estas investigaciones.