La vida de Luciana* resumía una palabra: tragedia. Su madre falleció cuando ella apenas tenía 8 meses de nacida por causa del VIH; su padre nunca la reconoció; y cuando intentaba pasar a décimo grado en el Instituto Militar Antonio Ricaurte de Bogotá, el colegio decidió que ella no podría matricularse en esa entidad porque ella también es portadora del VIH. Pero esa última circunstancia fue, precisamente, la que hizo que la vida de Luciana pasara de simbolizar las dificultades a convertirse en un precedente legal de protección de derechos fundamentales.
El Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá acaba de ordenarle al Instituto Militar Antonio Ricaurte que facilite la matrícula de Luciana, así como lo haría con cualquier otro niño o niña de su promoción. Le pidió que cesara cualquier práctica que implicara discriminación y, además, que capacitara a su personal. "El Colegio Militar actuó con prejuicio e ignorancia y por ello violó la Constitución al negar el derecho a la educación, dignidad humana y un trato igualitario", reclamó el abogado de Luciana, Germán Rincón Perfetti, reconocido por su activismo con los derechos de la comunidad LGTBI.
Perfetti agregó que "una persona viviendo con el VIH o el Sida no constituye un riesgo social", haciendo referencia al tratamiento despectivo que Luciana recibió en el último año. Apenas se enteraron en el colegio de su condición médica por una llamada anónima, una de las primeras medidas fue separarla de la campaña de entrenamiento militar, que es obligatoria para todos los estudiantes de noveno, décimo y once grado. Luego le permitieron unirse, pero no a hacer ejercicio con los demás, sino a cuidar las cosas de sus compañeros.
El asunto se puso aún más delicado cuando en el colegio hicieron una jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano y a ella no le pusieron la vacuna. "Sin justificación científica", resaltó Rincón Perfetti. Como si fuera poco, a Luciana y a la tía abuela que la ha cuidado toda la vida les hicieron firmar un convenio de confidencialidad para que no se hiciera pública la condición médica de la menor, el psicólogo de la institución educativa les exigió justificar por qué su presencia no era un riesgo para los demás estudiantes (debían incluir historia clínica) y, por último, no la dejaron matricularse para el siguiente año.
El juzgado que conoció el caso, sin embargo, consideró que todas las medidas tomadas contra Luciana afectaban sus derechos fundamentales y no tenían ni siquiera razón de ser. Motivo suficiente para decirle a Luciana que, contrario a lo que pensaban en su colegio, ella sí tiene derecho a estudiar allí. O en cualquier lugar, si es el caso.
*Nombre modificado por protección de la privacidad de la menor.