La disputa entre la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), Cristina Plazas, y el periodista Gonzalo Guillén, por unos trinos del investigador en Twitter, tiene al país hablando sobre los límites a la libertad de expresión y la grave situación que padecen los niños en La Guajira.
Ante los señalamientos de Guillén, que la tildan de borracha y corrupta, Plazas asegura que se le están vulnerando derechos fundamentales. Habla, además, sobre las irregularidades en la entidad y la situación de los menores.
¿Por qué interponer esta acción contra Gonzalo Guillén y no contra todos los twitteros que la atacan por esa red social?
Porque el señor Gonzalo Guillén es el único que me ha acosado, calumniado, insultado, ofendido y matoneado sistemáticamente atentando contra mi buen nombre, mi honra y mi dignidad, llamándome borracha, corrupta, mafiosa, terrorista y difundiendo información falsa acerca de mi proceder. Como directora del ICBF, que reiteradamente pido que denuncien el matoneo, me corresponde hacerlo cuando la víctima soy yo.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dice que sobre la opinión no procede la rectificación y recordó que el uso de acciones judiciales en contra de la labor periodística puede constituir presiones indirectas. ¿Qué opina?
De ninguna manera busco censurar la libertad de prensa, ni mucho menos la libertad de expresión. No estoy censurando a nadie, solo estoy pidiendo a Twitter que aplique el reglamento que ellos mismos crearon y lo hago como ciudadana afectada por calumnia, insultos y matoneo por parte de otro usuario de Twitter.
¿En qué va la demanda por injuria y calumnia que interpuso el año pasado contra Guillén?
Avanza lentamente, mientras tanto me sigue acosando, matoneando e injuriando. Ejemplo de la calumnia y la mentira son los supuestos contratos que atribuye al ICBF y fueron firmados por los municipios de Manaure, Montería y la Gobernación de La Guajira; las fotos en las que no aparezco insinuando que estoy y los comentarios en los que me ubica en un hotel de Riohacha cuando me encuentro hospitalizada.
Una de las denuncias que hace Guillén es que 7.000 niños han muerto en La Guajira. ¿Por qué murieron?
Uno o 7 mil niños revisten la misma gravedad, sea en La Guajira o en cualquier otro departamento del país. Estamos empeñados en lograr que no muera un niño más por ninguna causa, ni por desnutrición, ni por maltrato, ni por enfermedades prevenibles, ninguna razón justifica la muerte de un niño.
¿Cuántos niños permanecen en estado de desnutrición en La Guajira?
Para este año tenemos previsto atender 12.903 niños y niñas y 4.588 madres gestantes en nuestras modalidades de recuperación nutricional. El año pasado atendimos 39.301 niños y niñas. La Guajira enfrenta una difícil situación social producto de factores como las condiciones climáticas, falta de vías de comunicación, escasez de agua, dispersión de la población indígena, falta de registros poblacionales de las comunidades indígenas e incluso, en algunos casos, resistencia de los líderes para permitir el acceso a sus territorios. A esto se suma la corrupción que durante años ha permeado la inversión, evitando que los recursos lleguen a las poblaciones más necesitadas.
¿Cuánto tiempo le va a tardar al país superar la crisis humanitaria en La Guajira?
Requiere atención integral por parte del Estado y la comunidad. Entidades nacionales, departamentales, alcaldía, autoridades indígenas, Procuraduría, Defensoría y Fiscalía debemos trabajar unidos sin dejar de desconocer la responsabilidad de los padres.
¿Cuánto ha invertido el ICBF en La Guajira y qué iniciativas ha adelantado para mejorar las condiciones de los niños?
En 2015 invertimos $146.580 millones, $26 mil millones más que en 2014, todo destinado para programas de primera infancia y nutrición. Con la UNGRD unimos fuerzas para abastecer de agua los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha, Hatonuevo, Dibulla y Albania, donde se han definido 148 puntos estacionales para ubicar tanques de 5.000 o 10.000 litros (según la necesidad).
Funcionarios del ICBF han sido capturados por irregularidades, ¿qué está haciendo la entidad para combatirlas?
Se adelantó la contratación de operadores mediante convocatoria pública y se crearon equipos de supervisión para hacer seguimiento a la operación de las empresas encargadas de la atención de la niñez. Fueron 56 mil visitas que realizamos, se encontraron varias irregularidades y fueron denunciadas ante la Fiscalía y la DIAN. Además, más de 750 operadores que venían trabajando con el Instituto no continuarán. Llegamos en octubre del 2014 y en diciembre se dio la captura del director regional de Nariño, a quien condenaron a 7 años de cárcel junto con su compañera sentimental, tras las denuncias que presenté ante la Fiscalía.
¿Cuáles son las regiones donde más se han presentado estos casos?
Nariño, Atlántico, Córdoba, Sucre y La Guajira.
¿Que la CIDH dictara medidas cautelares para proteger la vida de los niños wayuu no devela que el Estado ha sido ineficiente para atender esta problemática?
Absolutamente, es una vergüenza para el Estado, pero una oportunidad de oro para que cada una de las entidades que somos responsables asuma sus competencias.