'No hay persecución política contra Fedegan'

Juan C. Restrepo considera que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, mezcla la política con su gestión gremial. / Liz Durán

Foto: LIZ DURAN/EL ESPECTADOR - LIZ DURAN

A pocos días de vencerse el contrato que le da a la Federación de Ganaderos (Fedegán) la potestad de administrar los parafiscales de los ganaderos y lecheros de Colombia, entidad que maneja XXXXrecursos por $100.000 millones anuales, El Espectador habló con el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo sobre las denuncias que hizo acerca de ese fondo y las reacciones recientes de José Félix Lafaurie. Asimismo, sobre la política agraria del país.

Cuando era ministro hizo unas delicadas denuncias sobre el manejo de dineros en Fedegán. ¿Qué fue específicamente lo que dijo e hizo usted en ese momento con ese fondo ganadero?

Seguimos las órdenes de la Corte Constitucional, que ha dicho reiteradas veces que las entidades privadas que administran fondos parafiscales que son recursos públicos deben ser democráticas y tener altos estándares de transparencia en el manejo de los recursos. Le exigimos a Fedegán, pero también a otros gremios, el cumplimiento de los parámetros señalados por la Corte y esto como que no le ha gustado a la administración de Fedegán y al señor Lafaurie.

¿Específicamente cómo se materializó eso?

Como ministro volví a presidir la junta del fondo de la carne y de la leche, que la habían dejado al garete. Empezamos a poner orden y a no tragar entero todo lo que presentaban. Cortamos las capitalizaciones que venía haciendo el fondo a un elefante blanco llamado Friogán, que es una red de frigoríficos, y exigimos que tuviera un manejo más gerencial y eficiente, porque como iba, iba para la bancarrota. También ordenamos una auditoría que no se le ordenó solo a Fedegán, sino a los fondos frente a los cuales habíamos recibido más quejas.

¿Qué les dijo esa auditoría sobre el manejo de Fedegán?

La auditoria dijo que hubo manejos abusivos y confianzudos. Arrojó que le estaban cargando al fondo costos que no deberían, como conductores, guardaespaldas, gasolina, viajes… Tan solo en el período que se analizó fueron 600 millones de pesos en ese tipo de gastos, todo eso lo pusimos en conocimiento de la Contraloría.

Y en cuanto a la democratización de Fedegán, ¿qué hizo usted cuando era ministro?

Siguiendo los lineamientos reiterados por la Corte, le dijimos a Fedegán que como administradora de un fondo parafiscal debía tener excelentes estándares de democracia. Que no debía ser una actividad gremial cerrada que beneficie solo a unas clientelas o a unos círculos. Los cálculos que había en el Ministerio era que Fedegán no representa más del 15% de los ganaderos y lecheros del país que pagan la cuota parafiscal. Impartimos la orden de reformar sus estatutos, les dijimos que tenían seis meses para hacerlo, pero lamentablemente tanto Fedegán como el Ministerio de Agricultura se han hecho los de la vista gorda con el cumplimiento de esa orden.

¿Qué pasa si no se cumple la orden?

Yo dejé la orden impartida. Entiendo que esa orden la han recurrido dos veces y en las dos oportunidades el Ministerio ha respondido que no desestima la orden y que la deben cumplir. Pero ya estamos en vísperas de la fecha de cumplimiento y hasta el momento ni Fedegán ni el propio Ministerio parecen estar muy motivados, el uno para cumplir y el otro para hacerla cumplir.

¿Por qué el Ministerio no ha hecho mucho para terminar el contrato de la parafiscalidad con Fedegán, que ya se vence?

No sé, y eso me genera muchas preguntas, porque francamente no entiendo por qué. Porque además no es una orden mía, es una orden del Estado colombiano. El ministro actual, cuando llegó encontró una orden y tiene dos opciones: o la cumple o si no está de acuerdo la revoca. Pero lo que uno no puede es engavetarla.

Sin embargo, José Félix Lafaurie ha dicho que paraliza el país si el gobierno lo sigue presionando con el fondo de los parafiscales…

Es la segunda vez que lo hace. Que el Ministerio de Agricultura (mientras estuvo bajo mi dirección) se preocupara por hacer cumplir a Fedegán los dos postulados señalados por la Corte Constitucional para las entidades privadas que manejan recursos parafiscales (más transparencia y más democracia), ha desencadenado todo tipo de iras y de improperios del señor Lafaurie. Me hace recordar a menudo lo que decía Rousseau: “Cuando no hay razones, hay insultos”.

El presidente de Fedegán dice que el Gobierno lo ha perseguido políticamente. ¿Detrás de todas estas actuaciones del Gobierno está el hecho de que el Lafaurie sea aliado del expresidente Uribe?

Nada más disparatado. Los reproches que el Gobierno le ha hecho a la administración de Fedegán, los ha formulado con base en fundamentaciones jurídicas y administrativas, tal como consta en todos los documentos que se han producido al respecto; y nunca por razones políticas. Quien está mezclando indebidamente política y gestión gremial es Lafaurie, tal como lo evidencia el malestar de los diez gobernadores de departamentos ganaderos que se conoció la semana pasada.

Si este gobierno le ha dado todas las garantías, ¿entonces por qué está tan molesto el presidente de Fedegán con ellos?

Está molesto en el fondo es porque estaba enseñado, hasta que llegó este gobierno, a que toda la política pecuaria se manejaba desde Fedegán. También a que los gobiernos y ministros anteriores le habían delegado en la práctica toda la política ganadera y lechera del país. Él hacía y deshacía a su antojo. Desde sus oficinas se creaban cupos y programas de apoyo pecuario sin mayor supervisión del gobierno. Desde sus oficinas se creaban elefantes blancos como Friogán. Desde sus oficinas se orquestaban precandidaturas, se diseñaban programas como el AIS o, aun, se orquestaban elecciones de fiscales generales de la nación.

¿Eso ya no es así? ¿Todo cambió con el gobierno actual?

Todo eso cambió. Este gobierno recogió velas y le puso orden. Comenzó a exigirle un manejo más transparente, riguroso y democrático a Fedegán como administrador de unos recursos públicos. En síntesis, nos trajimos de vuelta el manejo de las políticas públicas de la ganadería y lechería del país, que él antes manejaba cómodamente con la complacencia de anteriores ministros de Agricultura, desde la calle 37 de Bogotá para la avenida Jiménez, donde siempre ha debido estar. Y eso, en el fondo, es lo que lo mantiene tan mortificado y tan vociferante contra el Gobierno.

El sector agrícola ha manifestado estar inconforme con esta administración, incluso han amenazado con ir nuevamente a paro. ¿De verdad hemos tenido una errada política agraria o hay intereses políticos detrás de esas amenazas?

Definitivamente lo segundo. Cuando usted ve las cifras, encuentra que durante los tres años de la administración Santos el PIB agropecuario ha crecido positivamente a diferencia —aunque poco se recuerda ahora— de lo sucedido durante los tres años finales de la administración Uribe, cuando el crecimiento del sector agropecuario fue negativo. Claro que el PIB no es todo, pero es la manera estándar de mirar cómo va un sector y el sector agropecuario ha estado mucho mejor en este gobierno de Santos que en los últimos tres años del gobierno Uribe.

¿Usted cree que no hay razones para protestar?

No quiere decir que no haya motivos ciertos de inconformidad, más allá del PIB hay un atraso de décadas y siglos en lo rural en relación con lo urbano. La calidad de vida es muy inferior en los campos en relación con las ciudades, el acceso a la educación, el acceso a la salud… Todo está aflorando junto con los precios de algunos productos que han caído, pero antes era igual y sin embargo no ha habido este malestar que ha habido con los paros. Los de la última quincena y con el anunciado para finales de este mes, sí veo que es evidentemente una presión política. Están percibiendo que el Gobierno está muy preocupado de que le vayan a montar un paro agrario en vísperas de elecciones, porque eso sería fatal para la reelección. Mientras más conscientes son de ello, más beligerantes son. Fíjese lo que pasó la semana pasada con el arroz, en un día levantaron el paro arrocero, pero vaya usted a escarbar cómo fue, entregaron el oro y el moro.

¿Se ha acostumbrado el sector agrario en nuestro país que con la protesta y el paro obtiene los subsidios que quiere?

No se puede hacer afirmaciones genéricas, porque cada paro y cada sector tiene sus propias particularidades. Está el caso del arroz, hace un año hubo un intento de paro y unos malestares muy grandes arroceros y se llegó a un acuerdo a cero costo fiscal. La semana pasada se hizo lo mismo, solo que se le agregaron 200 mil pesos por tonelada al acuerdo, frente a uno que se tenía a cero costo fiscal. Claro que si eso hace carrera, mucha gente va a decir que quiere algo similar y eso tiene un costo fiscal enorme.

El sector también ha dicho que los tratados de libre comercio (TLC) lo han perjudicado. ¿Usted lo ve así?

Mire: entre quienes acusan y ahora de manera vociferante al gobierno Santos dizque de haber desprotegido al sector con los TLC, está el señor Lafaurie, pero calla que quien negoció los TLC fue el gobierno Uribe y que él participó en los llamados cuartos de al lado, como el resto del sector privado en dichas negociaciones.

Otra de las denuncias que hizo usted mientras estaba frente a la cartera de Agricultura fue la acumulación ilegal de UAF en terrenos baldíos del país, ¿cómo ha visto el desenlace que ha tenido ese tema?

Con los baldíos ha pasado lo mismo que con la orden de democratización impartida a Fedegán, es decir, no ha sucedido nada. Salvo el efímero proyecto de un día que alcanzo a presentar el ministro Lizarralde, que después lo retiró. La ley es muy clara, a partir de la vigencia de la ley 160 del 94 nadie puede acumular más de una UAF si esta proviene de baldíos. Y no ha pasado nada, habíamos presentado un proyecto de ley que dejaron hundir, que tenía dos cosas muy importantes que ratificaban lo que le acabo de decir. Después se intentó presentar un proyecto fracasado que duró un día y no ha pasado nada.

¿Usted cree que el Gobierno ha sido laxo con este tema y particularmente con quienes acumularon más de una UAF cuando no podían hacerlo?

Veo mucha desidia últimamente, sobre todo en el Incoder, en hacer cumplir la ley agraria, en recuperar baldíos para la nación y en los programas de formalización. El gobierno Santos en los primeros dos años de su administración tituló a campesinos, a comunidades indígenas y afrodescendientes dos millones de hectáreas. Últimamente no ha vuelto a pasar nada. Había más de 1.500 procesos que habíamos desempolvado de los sótanos del Incoder que estaban allá desde que esta entidad estuvo cooptada por intereses paramilitares. Si a algún sector le ha hecho mal esto de la mermelada, es al agropecuario. La politización rampante que ha habido en los últimos meses ha llevado a que grandes propósitos de la política agraria hayan bajado la guardia.

¿Por qué?

Porque esto se ha llenado es de asesores, de gente y de burocracia, pero el ritmo y el compromiso que traía han bajado en intensidad.

¿A quién va a apoyar políticamente en las elecciones presidenciales: a Marta Lucia Ramírez, la candidata de su partido el Conservador, o al presidente Santos?

En el fondo el compromiso del presidente Santos con las políticas agrarias es auténtico, nosotros que lo acompañamos con mucho entusiasmo al comienzo de su administración con políticas como la de restitución de tierras, la formalización de la propiedad agraria, la recuperación de baldíos indebidamente acumulados y otorgados. En ese sentido yo sigo muy comprometido con eso, espero que estas veleidades azucaradas se rectifiquen y por lo tanto voy a estar en la reelección con Santos. Pero sin mayor activismo, que no lo tengo ahora.