Los habitantes de Moldavia, nación que hizo parte de la Unión Soviética, son los que más alcohol consumen al año en el mundo, con 22 litros por persona. Y a pesar de que beben tres veces más que los colombianos (6,3 litros por persona), paradójicamente el promedio de víctimas fatales de conductores ebrios es la mitad del que se registra en Colombia. Y este no es el único ejemplo: otras 54 naciones han demostrado que, a pesar de su alto consumo de alcohol, sus habitantes toman sin causar tantas tragedias como aquí.
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, anualmente cerca de 70 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de lesión en accidentes de tránsito y mueren 1,2 millones, por lo que estos casos han sido considerados un problema de salud pública. De esta cantidad, al menos la tercera parte de las víctimas muere por culpa de conductores borrachos.
Con una tasa de 2,1 muertos por culpa de conductores ebrios por cada 100.000 habitantes, Colombia ocupa el puesto 20 en el mundo. Este escalafón lo encabeza Sudáfrica, con una tasa de 20 víctimas fatales por cada 100.000 habitantes. En el continente americano, el primer lugar lo ocupa República Dominicana (puesto 5), con una tasa de 6,8 víctimas fatales, seguido por Puerto Rico (7), Estados Unidos (10), Nicaragua (15), Canadá (17) y Cuba (18).
En promedio, en Colombia mueren a diario tres personas por causa de choferes ebrios. Y cada vez que se repite la historia de Ana Eduvina Torres y Diana Milena Bastidas, quienes fueron las más recientes víctimas de la epidemia de borrachos al volante, se abre de nuevo el debate sobre cómo enfrentar el problema y cómo hacer que los conductores tomen consciencia, para que esa “malicia indígena” que muchos ponen en práctica al evitar retenes de la Policía después de una noche de tragos sirva para reconocer que es más barato y seguro ir en taxi.
El hecho de que en Colombia la cifra de muertes debidas a choferes borrachos sea tan alta se le podría atribuir a la falta de conciencia ciudadana y a que infringir la norma no sale tan caro como en otros países. Mientras acá ser descubierto al volante de un carro luego de tomarse unos tragos puede costar un millón de pesos (cuando el policía de tránsito es insobornable), en otros países, como Bélgica, la osadía puede costar $26 millones, o en Taiwán, dos años de cárcel.
En caso de matar a alguien, la situación no es distinta. A los conductores se los condena por homicidio culposo (sin intención), aunque la Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de procesarlos por homicidio con dolo eventual (sabían del riesgo, pero no lo evitaron), con lo que se les podría imponer una pena de hasta 17 años. Sin embargo, los responsables logran generosas rebajas de pena aceptando cargos e indemnizando a los familiares de las víctimas, con lo que la condena se puede pagar con tres años de prisión domiciliaria. Esto no ocurre en otros países, como Chile, donde los conductores asesinos no tienen beneficios penales.
Pero ¿por qué otros países en los que se bebe más que en Colombia tienen cifras de muertos mucho más bajas? Para expertos en el tema, es una cuestión de cultura y de disciplina, moldeada a punta de multas y sanciones severas, tanto administrativas como penales. Para Alexandra Rojas, directora del Fondo de Prevención Vial, el problema en Colombia es que faltan control y pedagogía y que las sanciones sean efectivas.
En el Reino Unido, por ejemplo, donde toman casi tres veces más que en Colombia, el índice de muertos por culpa de conductores ebrios es 11 veces menor, con 0,2 víctimas por cada 100.000 habitantes. Allí, el simple hecho de negarse a una prueba de alcoholemia (como ocurrió en Colombia con el senador Eduardo Merlano) es motivo para llevar al infractor hasta por seis meses a prisión.
Al tratar de encontrar soluciones para el caso colombiano, las opiniones se dividen entre los que le apuestan a reforzar las campañas y los que insisten en aumentar las sanciones e, incluso, volver delito el hecho de conducir ebrio y aplicar la “tolerancia cero” a los conductores borrachos.
Ana María Ramos Serrano, vocera y abogada de la Corporación Excelencia en la Justicia, explica que el discurso de enviar a prisión a los conductores es contradictorio. “Se le está exigiendo a la Fiscalía que se dedique a delitos graves, pero no tiene suficiente capacidad. ¿Será que sí la tiene para perseguir borrachos?”. Lo que la entidad defiende es que ninguna penalización va a acabar con el problema. Ramos agrega que con las campañas de consciencia ciudadana se ha logrado disminuir el problema, pero reconoce que últimamente no han tenido suficiente fuerza, porque no se ha vuelto a ver alguna propaganda que tenga mayor impacto en la sociedad.
Por su parte, la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, del partido MIRA, dice que es necesario articular tres acciones para prevenir más tragedias causadas por conductores: el endurecimiento de las penas, las sanciones administrativas y las campañas pedagógicas. Díaz defiende que los conductores ebrios deben ir a prisión porque “el sistema judicial sigue siendo débil y, como no hay represión ni castigo severo, mucha gente cree que no pasa nada con matar a otra persona en un siniestro vial causado por conducir en estado de embriaguez. Hay altos índices de reincidencia y las campañas de prevención por sí solas no han logrado crear conciencia en la gente”.
Lea mañana la segunda parte de este informe.
Hoy marcharán contra conductores ebrios
Familiares de víctimas en accidentes de conductores ebrios en el país realizarán hoy una marcha para expresar su preocupación por el creciente problema y, de paso, su inconformismo con la justicia colombiana, por la forma laxa como se está enfrentando este problema, que a diario cobra tres muertes en el país.
La marcha, que convocó la organización Amigos por la vida, arrancará a las 10:00 de la mañana en un recorrido corto que empezará en el Monumento a los Caídos, en la calle 26, y que irá hasta el búnker de la Fiscalía, donde realizarán una ceremonia litúrgica.
Jayson Ferrero, director de la organización, indicó que con ésta buscan manifestar el dolor de las víctimas, que aún se sienten insatisfechas con los castigos que la justicia colombiana ha impuesto a los infractores. Entre los asistentes confirmados están los familiares de las dos jóvenes que fallecieron el pasado 12 de julio.