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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) alertó sobre el aumento de confinamiento de al menos 3.816 personas pertenecientes a siete comunidades de Medio San Juan y seis comunidades de Istmina, Chocó.
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La restricción de acceso a bienes, servicios, medios de vida, y limitaciones en la movilidad, según Ocha, son consecuencia de los constantes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln en dicho municipio. Los hechos habían sido previamente reportados el pasado 26 de agosto.
Asimismo, identificaron cerca de 307 personas desplazadas pertenecientes a la comunidad de Noanamá, pueblo indígena del bajo San Juan, de las cuales al menos 140 son niños, niñas y adolescentes y cuatro son mujeres lactantes.
De acuerdo con Ocha, esta comunidad se desplazó hasta la cabecera municipal de Istmina desde el municipio de Medio San Juan y se alojaron en un espacio perteneciente a ACADESAN, organización de las comunidades afrocolombianas residentes en el curso medio, bajo y costero del Rio San Juan y sus afluentes.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advertían que los riesgos se mantenían las comunidades que quedaban en medio de los enfrentamientos constantes entre la Fuerza Pública y el Eln. Al menos tres combates fueron registrados en agosto.
“Igualmente, se evidenciaron otras acciones de violencia armada como amenazas, intimidaciones, restricciones al acceso y medios de vida en la población civil y presencia de minas antipersonas y municiones sin explosionar en inmediaciones de las comunidades afectadas”, comunicó Ocha.
Según Ocha, estas comunidades necesitan protección y seguridad ante los posibles riesgos y ocurrencia de nuevos combates, posibles reclutamientos, amenazas, utilización de menores por parte del grupo armado y demás actos que vulneren e infrinjan los derechos humanos.
Además, es necesaria la seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida dado al incremento de la población confinada y desplazada. “Se requiere un mayor abastecimiento de alimentos, ya que persisten las restricciones para realizar sus actividades de sustento diario al igual que limitaciones de acceso a medios de vida y condiciones de vida digno a de la comunidad desplazada”, indica el documento de Ocha.
Por último, también solicitan educación ante la evidente necesidad en materia de esta, así como la urgente reactivación de las jornadas escolares y las necesarias medidas de protección tanto para los menores como para los docentes. Al menos 1.800 niños, niñas y adolescentes se encuentran con restricciones de acceso al estudio.