La 'Operación Anorí' de las Farc

Las Bacrim también estarían en la zona, pero todo apunta a una retaliación guerrillera por fumigación de cultivos y control a minería.

En masa, como las incursiones de guerrilleros y paramilitares que llegaron hace tantos años a la región. Prolongado, como los combates de la legendaria operación militar que en 1973 adoptó el nombre del pueblo para tratar de espantar al Eln de la zona. Y desgarrador, como las historias que comienzan ahora a escribirse allí por cuenta de la presencia de las bandas criminales que sucedieron a la desmovilización de los ‘paras’. De tal magnitud es el desplazamiento masivo que vive ahora Anorí (al nordeste de Antioquia) y que las autoridades atribuyen a las presiones del frente 36 de las Farc contra cerca de 5.000 campesinos.

En los últimos tres años el departamento pasó de tener 10 mil hectáreas sembradas con coca a 4.554 (54% menos), según la ONU. El 97% de los cultivos ilícitos se encuentran en seis municipios del Bajo Cauca, tres del norte y Anorí, en el nordeste.

En esta misma zona las autoridades han cerrado 70 minas ilegales y decomisado 67 retroexcavadoras. Todo esto obedece a una ofensiva de la Fuerza Pública para retomar la región, otrora fortín de la guerrilla y los paramilitares, y ahora con presencia de las Bacrim.

El área en la que se desarrolló la ‘Operación Anorí’ (el plan militar de 1973 para sacar al ELN) es hoy usada por las Farc, quienes parecen ejecutar otro, para oponerse al control estatal. Hace 37 años el golpe fue certero contra la guerrilla. Hoy, el Estado no quiere dejar que las Farc reasuman el control de las minas de oro y los cultivos ilícitos.

Allí la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo realiza la segunda operación más importante del país en contra de las Farc. Intervienen seis brigadas móviles con aproximadamente 7.000 hombres, con apoyo de las brigadas fijas. Esto ha permitido “una afectación directa a las Farc del 41% y al Eln del 51% hombres en armas”, dice Andrés Julián Rendón, secretario de Gobierno del departamento.

Debido a esa presión de la Fuerza Pública, las Farc han recurrido a la siembra indiscriminada de minas antipersona y al desplazamiento de campesinos como fórmulas para contrarrestar dicha ofensiva. En 2008 hubo siete desplazamientos masivos en Tarazá, Valdivia y Anorí, y en 2009 en Ituango.

Los campesinos de Anorí que siguen llegando desplazados a la cabecera municipal desde hace una semana tienen tres solicitudes que, según las autoridades, no son negociables y son presionadas por las Farc. Rendón cree que los requerimientos tienen que ver con la suspensión de fumigaciones aéreas, operativos contra la minería ilegal y el retiro de dos bases del Ejército asentadas en la zona.

En los últimos 20 días, 490 hectáreas de coca han sido erradicadas mediante la fumigación, esto habría motivado el éxodo de campesinos. Anorí es el único municipio donde no se ha podido implementar el programa de erradicación manual, pues es el segundo más minado del departamento después de Ituango. El año pasado se registraron 11 víctimas por minas antipersona; cuatro eran civiles.

Los operativos militares al mando de la XIV Brigada del Ejército, tienen lugar en el sector de Las Cruces y Anorí dos Bocas, en límites con el Bajo Cauca, donde los frentes 36 y 18 de las Farc obtienen gran parte de su financiación.

“Allí, gracias a los cultivos ilícitos y la minería ilegal, las Farc reciben semanalmente $500 millones, estos operativos no les gustan y amenazan a los campesinos para que se desplacen y bajar la presión de la Fuerza Pública porque con estos dineros ellos financian el bloque Noroccidental”, señaló Rendón.

Algunas de las  familias que llegaron a Anorí lo hicieron por su propia cuenta, pero otras reconocen que salieron bajo presión de las Farc. No hay albergues para todos, muchos han dormido a la intemperie, por lo que se teme se presenten epidemias, principalmente entre los menores. La comida comienza a escasear.

Las autoridades ofrecieron $200 millones de recompensa por alias Olmedo y $100 millones por alias El Pájaro, quienes habrían presionado a los campesinos para dejar sus tierras.

Lo curioso es que las fumigaciones ya terminaron y, en ese sentido, no hay razón para continuar la protesta.