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Pandillismo: una sombra que ronda a Cali

Personería de Cali, miembros de la Defensoría, funcionarios de la ONU y de la Vicepresidencia, así como miembros de ONG internacionales, visitaron ayer Potrero Grande, en la Comuna 21, para constatar una tragedia social que se replica en ciudades como Bogotá, Cartagena, Medellín y Barranquilla.

Juan Sebastián Jiménez Herrera
07 de febrero de 2014 - 03:00 a. m.
Potrero Grande no tiene 10 años de fundado y ya carga con una historia de pobreza. Sus habitantes denuncian que son discriminados. / Fotos: Personería de Cali
Potrero Grande no tiene 10 años de fundado y ya carga con una historia de pobreza. Sus habitantes denuncian que son discriminados. / Fotos: Personería de Cali

"No nos dieron un barrio sino una cárcel”, le dijo, le gritó, en realidad, una mujer de Potrero Grande al personero de Cali, Andrés Santamaría, durante la visita que el funcionario hizo a esta comunidad junto con miembros de la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia, Naciones Unidas y varias ONG internacionales, además de reporteros de El Espectador. Lo de los habitantes de este barrio de la Comuna 21 no es una tragedia, sino un memorial de agravios: pandillas, fronteras invisibles, pobreza y desempleo son apenas algunos de los muchos problemas de esta comunidad de desplazados.

Potrero Grande no tiene 10 años de fundado y ya carga con una historia de conflicto y penurias. Fue construido en un predio de un presunto testaferro del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, con el fin de reubicar a 5.000 familias desplazadas provenientes de otros municipios del Valle y de Nariño que se encontraban en zonas de alto riesgo.Sus habitantes y el mismo personero aseguran que Potrero Grande se hizo sin tener en cuenta las particularidades de las familias que iban a habitarlo. “Nos dieron fue unas latas de sardinas”, dijo Isabel, una mujer desplazada de Barbacoas (Nariño). En su casa, de 40 metros cuadrados, viven 14 personas. A esto se suma que el barrio fue construido por sectores, lo que lamentablemente ha sido aprovechado por la criminalidad. Peor aún, en una misma comunidad habitan desmovilizados de la guerrilla y de los paramilitares, así como desplazados. Una bomba de tiempo.

Prácticamente cada sector cuenta con una pandilla —a veces dos, como es el caso del sector 5—, que impone su ley a punta de bala. De acuerdo con la Personería, en la Comuna 21 hay 8 pandillas con 170 miembros, aproximadamente. En toda Cali hay 134 pandillas que hacen presencia en 17 de las 22 comunas.

En Colombia hay cientos de Potreros Grandes. El problema de las fronteras invisibles, por ejemplo, azota a varias comunidades en Medellín, principalmente en las comunas 8 y 13, donde este flagelo ha causado, entre otras, deserción escolar y desplazamientos intraurbanos. En ciudades como Manizales, Quibdó y Soledad (Atlántico) también se han denunciado fronteras.

En cuanto al tema de pandillas, este es similar a lo que sucede, por ejemplo, en Bogotá. Según el Centro de Estudio en Convivencia y Seguridad Ciudadana, en 10 años el número de pandillas en la ciudad ha aumentado de 194 grupos a 1.319. Mientras tanto, en Barranquilla se estima que hay unas 80 con 3 mil miembros, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad del Atlántico y la Universidad del Norte. Un mismo número hace presencia en Cartagena, aunque con una cantidad menor de integrantes.

Pero, sin duda, la radiografía de la criminalidad en Cali es particular. Hay quienes dicen que estas pequeñas pandillas de Potrero Grande son controladas por los Urabeños y los Rastrojos; no obstante, nadie lo confirma. Como sea, éstas han delimitado el barrio y establecido unas fronteras invisibles que confinan a los habitantes de Potrero Grande a sus casas.

Por ejemplo, para ir de algunos sectores de Potrero Grande al Tecnocentro, un establecimiento educativo construido por las autoridades locales para promover la cultura, los muchachos tienen que cruzar varias fronteras invisibles. Muy pocos lo intentan.

Algunas personas han tenido la mala fortuna de vivir en las fronteras y, por ello, han quedado varias veces en medio de los tiroteos. Esto ha causado desplazamiento forzado: por lo menos 37 personas han tenido que marcharse de Potrero Grande por este motivo.

Durante la visita, el personero le preguntó a una mujer de unos 30 años proveniente de Buenaventura (Valle) sobre las medidas que toma para proteger a sus hijos. “Encerrarlos”, respondió ella vehemente. “El problema es que los niños son niños, son inquietos. Usted les dice que no salgan a jugar y lo hacen. No quiero tener que enterrar a mis hijos”.

En uno de los encuentros realizados, un pandillero de unos 13 años confesó que quería cambiar su vida. Luego mostró una de sus heridas: una puñalada cerca del pecho. Otros seis pandilleros lo escuchaban y miraban hacia el piso mientras su compañero hablaba. Los siete viven en una misma casa.

Luego, los seis pandilleros explicaron que fueron desplazados de sus respectivos sectores y entonces se juntaron. Uno de ellos reconoció que en su casa tiene armas “para defenderse”; otro se encuentra detenido en su casa por cuenta de un proceso en su contra. Cuatro de ellos ya son padres. Hablaban bajo.

De repente, un funcionario de las Naciones Unidas les preguntó: “¿Qué pasa si se enamoran de una muchacha de otro sector o viceversa?”. “Ah no, la que se enamora pierde”, dijo una joven que andaba con ellos. Los muchachos rieron. Su alegría no duró mucho. Sabían que reunirse con el personero les podía traer problemas.

“No lo dude. Esos muchachos ya cargan con un muerto cada uno”, dijo un habitante de la comunidad. La falta de oportunidades y la violencia han llevado a los menores de edad a engrosar estas pandillas. “Las bandas no necesitan reclutarlos. Cuando usted crece en un ambiente como este, termina creyendo que eso está bien”. De los 1.973 asesinados en Cali el año pasado, 247 eran menores de edad y otros 1.008 tenían entre 18 y 30 años. Y a estas cifras se suman el desempleo y la pobreza.

Los habitantes de Potrero Grande se quejaron de que las empresas los discriminan por vivir en este barrio. “A nosotros nadie nos contrata”, alegó Miguel, un hombre de unos 60 años que, dijo, lleva cuatro sin empleo. Recordó que a un amigo suyo le rompieron la hoja de vida por el simple hecho de ser del sector.
“El problema es que para muchos caleños hay dos Cali que se separan por la Simón Bolívar. No queremos reconocer estos barrios. Nos preciamos de ser una ciudad con una inmensa población afrodescendiente y, sin embargo, los discriminamos”, señaló con tristeza el personero Santamaría.

La gente de Potrero Grande vive de la informalidad. Nunca les alcanza para pagar sus casas. Una señora de 50 años y tres hijos confesó que hace casi un año no paga los $150.000 que debe dar mensualmente para no perder la casa. Si a esto se suman las extorsiones, el saldo pasa de castaño a oscuro. “A nosotros nos desplazan los pandilleros y los bancos”, sostuvo Miguel.

Al final de la visita del personero y varias ONG internacionales a Potrero Grande, los habitantes del sector le dijeron al funcionario: “Que esto no se quede en el papel. Nosotros estamos cansados de la política, queremos trabajar”. Para ellos la tragedia continúa.

El personero Andrés Santamaría le dijo a este diario que está convencido de que Potrero Grande necesita una mayor inversión y atención por parte del Estado y que su visita tenía como objeto que las ONG internacionales conocieran lo que estaba ocurriendo en el sector y, de esa forma, se animaran a ayudar.
“Potrero Grande es prioridad”

“Potrero Grande es una prioridad de mi administración”, afirmó el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero. El pasado miércoles, el alcalde y el personero sostuvieron una acalorada discusión por cuenta de un error en un comunicado de la Personería sobre la visita a Potrero Grande. Pese a ello, Guerrero dijo que “no hay mal que por bien no venga, y, seguramente, esa visita le mostró a la comunidad internacional lo que hemos hecho en Potrero Grande”.

El burgomaestre destacó que en ese barrio se ha conseguido “acabar con la mortalidad materna y la infantil, y una cobertura en salud del 95%. Hemos hecho una inversión cuantiosísima. Construimos el Tecnocentro que es, sin duda, el mejor centro educativo de Cali. Igualmente se acaba de crear un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo para la promoción de pequeñas empresas”.

Agregó que “hay que destacar que en Potrero Grande hay un colegio público que atiende a 1.400 niños y se acaba de licitar la construcción de un jardín infantil para 500. Por su parte, la Fundación Fanalca va a construir un parque de 8.000 metros cuadrados porque somos conscientes de que se necesitan espacios verdes”.

De la misma forma, anunció que “estamos poniendo la primera piedra para darles a los habitantes de este sector el mínimo vital de agua; es decir, que los primeros seis metros cúbicos van a ser cubiertos por la Alcaldía. Somos muy conscientes de las dificultades. En cuanto a seguridad, se están instalando cuatro cámaras para vigilancia. Por ahora tenemos una cifra de cero muertos este año”.

“La Policía ha redoblado sus esfuerzos en el barrio y recientemente capturó a 18 miembros de una banda criminal conocida como los Parabólicos”, sostuvo Guerrero, y dijo que “es posible que todavía existan (pandillas)”, pero que el problema es cada vez menor. “Igual, vamos a seguir en nuestro esfuerzo”.
Los habitantes de Potrero Grande esperan que las declaraciones de Guerrero no se queden en el papel. A nivel nacional, las autoridades lidian con estos fenómenos de violencia que terminaron siendo aprovechados por las bandas criminales por todo el país.

 

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh

Por Juan Sebastián Jiménez Herrera

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