:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/rT2wn7WrRrQbRhHGvbCA4eBLGX0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/H52TQTNGCBDJ3EPRFXYQYT36NU.jpg)
Veintiséis años le tomó a la justicia colombiana resolver un caso sencillo: el derrame de 280 kilos de pesticida en la bahía de Cartagena, ocurrido el 19 de junio de 1989. Ayer la Corte Constitucional, después de que el caso rodara de un escritorio a otro en diferentes juzgados, declaró responsable de lo ocurrido a la multinacional Dow Chemical. El fallo obliga a la empresa a restablecer la zona afectada y ofrecer excusas públicas por el derrame.
Una de las primeras en celebrar la noticia fue Mariana Sarmiento, directora de asuntos ambientales de Fundepúblico, fundación que, junto con pescadores de la zona afectados, interpusieron una acción popular pocos días después de ocurrido el derrame. Desde entonces reclamaban a la empresa que se hiciera cargo de los perjuicios generados por contaminar las aguas y provocar la muerte de miles de peces.
La acción popular fue instaurada el 27 de julio de 1989, pero el proceso sólo fue abierto dos años después. Pasarían otros once años antes de tener una respuesta de la justicia cartagenera. El 29 de junio de 2012 los pescadores y Fundepúblico fueron informados por el Juzgado Cuarto del Circuito de Cartagena que la compañía Dow Chemical era la culpable.
Los directivos de la compañía siempre se han defendido argumentando que en su momento pagaron diez toneladas de pescado que resultó contaminado con la sustancia conocida como Lorsban y adelantaron las medidas necesarias para recuperar la zona afectada.
La decisión del juez fue apelada por los abogados de la compañía y el caso llegó al Tribunal Administrativo de Cartagena. Allí la condena en primera instancia quedó sin piso y el 18 de abril de 2013 los magistrados argumentaron que las medidas para solucionar el problema de contaminación ya habían sido implementadas por la empresa. Además, los jueces conceptuaron que la acción popular no era la herramienta jurídica para reclamar una indemnización.
El caso subió al Consejo de Estado, que mantuvo en firme la decisión del tribunal. Fundepúblico y los pescadores instauraron una tutela ante la Corte Constitucional. Ayer, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, la razón jurídica quedó de su lado.
Diversos estudios, pruebas, declaraciones de exfuncionarios del Inderena y peritajes llevaron a los magistrados de la Corte a considerar que tanto la firma demandada como el Tribunal de Cartagena “yerran al aseverar que un daño ambiental como el que resulta por el vertimiento de un pesticida en un cuerpo de agua es un simple ‘incidente’ que sólo produce efectos inmediatos representados en la muerte de algunos peces, pero no trasciende en el entorno natural aledaño, ni tampoco en el tiempo”.
El caso quedó cerrado con el pronunciamiento de la Corte y ahora Dow Chemical tendrá que pedir perdón a los pescadores de la zona en un acto público en el que reconozca las fallas humanas e institucionales que provocaron el derrame de 1989. Aún no está si la decisión implica también una indemnización.
Por ahora los representantes de la empresa han dicho que “el departamento legal analiza en este momento a profundidad lo dictaminado por la Corte, de tal manera que pueda hacer un pronunciamiento oficial”. Mariana Sarmiento, directora ambiental de Fundepúblico también señaló que se encuentran analizando los detalles de la sentencia, pero están “contentos al ver por fin llega una dosis de justicia”.