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En cartas enviadas al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Cultura, fechadas el pasado 8 de agosto y el 24 de julio, la multinacional norteamericana Sea Search Armada -que defiende derechos sobre parte de la carga del galeón San José- pide al gobierno aceptar un arbitraje internacional para dirimir el litigio que sobre el galeón colonial sostiene con el Estado colombiano desde hace 35 años.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de verificación directa en inmediaciones de las Islas del Rosario, apenas a 12 millas náuticas de Cartagena, SSA propone como último recurso “que las partes acudan a un arbitraje técnico internacional, de carácter obligatorio, que conforme a las circunstancias de la época determine la extensión de la vecindad inmediata que en 1982 se denunció como lugar de ubicación del naufragio”. Se refiere a que desde ese año ellos denunciaron la posible localización del San José en el mar Caribe colombiano en unas coordenadas que fueron reconocidas por la Armada Nacional y validadas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2007, en el que le otorgó a esa firma busca tesoros derechos sobre la mitad de lo que el Consejo Nacional de Patrimonio considere tesoro (objetos repetidos comercializables) más allá del respeto del patrimonio cultural sumergido que es propiedad única de los colombianos.
Se lee en las cartas: “en el área que resulte de ese arbitraje se realizaría la verificación. Se trata, sin duda, de un procedimiento imparcial, técnico, e inobjetable, si se quiere una solución pacífica, y se tiene fe en lo que se dice”. Desde febrero 15 de 2017, cuando se reunieron en Bogotá representantes de SSA, la Dirección marítima de la Armada (Dimar) y el Ministerio de Cultura, se ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo para que delegados de SSA vayan al lugar donde, según el gobierno de Juan Manuel Santos, se encontró el naufragio a fines de noviembre de 2015.
“El objeto de esa verificación es determinar con absoluta certeza si en 1982 se descubrió o nó el galeón San José. Si su resultado es negativo terminará en la práctica en favor de la Nación, el proceso iniciado el13 de enero de 1989 que aún cursa para algunas actuaciones posteriores a la sentencia. Pero si el resultado es positivo se deberá cumplir, sin más dilaciones, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hace 10 años resolvió definitivamente el litigio sobre la propiedad del naufragio”. Danilo Devis, abogado apoderado general de SSA en Colombia y quien firma las cartas, asegura: “SSA probará que el nuevo descubrimiento se realizó en la vecindad inmediata de las coordenadas señaladas en el denuncio de 1982. Y se trata, por tanto, del mismo naufragio 33 años antes descubierto”. Y añadió: “el descubrimiento de 2015 fue una farsa. No era necesario ese derroche de tecnología que supuestamente se utilizó, dado que Whoi se limitó a redescubrir lo ya descubierto a partir de las coordenadas entregadas por SSA”.
El pasado 15 de julio el Ministerio de Cultura envió un mensaje a El Espectador en el que explicó: “el Gobierno ha estado dispuesto a realizar la verificación conjunta con SSA a las coordenadas denunciadas en 1982, para que esta firma constate que allí no hay ningún naufragio, sin que ello haya sido posible, exclusivamente por la pretensión de SSA de extender dicha verificación a un área de una gran extensión”.
No ha habido consenso sobre las áreas marítimas de verificación al haber sido rechazada una propuesta inicial de 100 millas náuticas cuadradas a partir de las coordenadas incluidas en el denuncio de 1982, que SSA alega que el gobierno usó para dar con el San José violando “garantía en una confidencialidad que nunca se cumplió”. En todo caso, el 24 de julio pasado esa firma aceptó disminuir el área en cuestión “con el propósito de colaborar en extremo con una verificación conjunta del naufragio” y le mandó al gobierno un mapa en el que “reduce tal extensión a las áreas delimitadas en color naranja en el gráfico que se adjunta -que es físicamente imposible no calificar de vecindad inmediata-, todavía incluye el descubrimiento de 2015, habida cuenta que este nuevo descubrimiento se produjo gracias a las coordenadas señaladas en el denuncio de 1982 como referencia para localizar el naufragio en su vecindad inmediata”. No valió la mediación de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Ni el presidente ni la ministra han respondido a estas últimas solicitudes, pero una fuente allegada al caso da por hecho que el gobierno no aceptará el arbitraje.
El pleito se intensifica mientras el gobierno mantiene abierta una convocatoria, cuyos aspirantes tienen carácter secreto, para constituir una Alianza Público Privada, mediante la que espera garantizar que una firma calificada rescate el galeón, su tesoro y sus restos y los lleve a la superficie para la creación de un laboratorio de conservación y un museo en Cartagena.
El Espectador reveló que la entidad que localizó el naufragio en 2015 fue el Woods Hole Oceanographic Institution (Whoi), institución estadounidense que, según SSA, “asumió los costos del redescubrimiento de 2015 con el compromiso del contrato para el rescate. Pero no se le informó del embargo que se decretó desde 1994 sobre lo que se rescate de las áreas marítimas denunciadas en 1982”.
Aparte del Whoi, que se encargaría de la parte logística, hay inversionistas internacionales que pondrían el dinero necesario. SSA dice tener una información, no confirmada y que ha circulado en redes sociales, según la cual algunos serían patrocinados por el exprimer ministro de Gran Bretaña,Tony Blair, cercano al presidente Santos. Una fuente oficial dijo que el gobierno sólo se volverá a pronunciar cuando se anuncie contratista elegido para la APP. El Ministerio de Cultura, en comunicación a este diario, había dicho el mes pasado: “el no revelar la identidad del originador no puede atribuirse a una falta de transparencia como se asevera erróneamente, sino al cumplimiento de un deber legal, al cual el Gobierno no puede sustraerse”.
Expertos en arqueología submarina calculan que la firma que sea elegida deberá invertir al menos 20 millones de dólares en el rescate, asumiendo el riesgo de que su posible remuneración del 50% sobre lo que se determine como tesoro se enrede por cuenta del litigio entre el gobierno y SSA, que espera el embargo judicial de cualquier objeto que se suba a superficie y demandará la nulidad del contrato de la APP. Por ahora, lo cierto es que los beneficios que le pueda traer el galeón San José a los colombianos parecen tan lejanos como el 8 de junio de 1708, cuando la codicia de los ingleses por robarse su carga pudo más que la de los españoles por llevársela a los reyes de España.