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Gitó Dokabú, que significa “los ríos son abundantes”, es el nombre del resguardo embera katío de Pueblo Rico, Risaralda, al que hace más de dos años, desde 2012, esperan regresar unos 200 miembros de esta etnia desplazados en Cali. El mismo lugar que jamás conocerá Estefanía Querama, la niña de cuatro meses fallecida el domingo en la madrugada en un inquilinato del centro de esa ciudad y de la cual todavía se desconoce la causa de su muerte.
La noticia de la muerte de esta pequeña indígena se conoció el domingo luego de que una comisión de la Personería de Cali conformada por Felipe Delgado, director de Participación Ciudadana, y Sonia Guerrero de Derechos Humanos, visitaran a la comunidad Embera Katio.
Allí escucharon el testimonio de Rosendo Queragama, líder indígena quien les informó que “a eso de las cinco de la mañana, cuando se despertó la mamá de la niña, vio que no estaba viva. Ella le pidió al médico tradicional de nosotros que revisara y él confirmó que ya estaba muerta”. El caso llamó la atención de los funcionarios ya que esta es la primera vez que muere un bebé que aparentemente estaba sano, pues se conocen otros casos donde los niños que han fallecido tuvieron síntomas y fueron llevados a consulta médica e incluso murieron mientras estaban hospitalizados.
El deceso de esta menor, que causó gran conmoción en toda la ciudad, hizo visible el drama que padecen las 49 familias de la comunidad embera debido a las extremas condiciones de pobreza en que viven y que, según ha denunciado la Personería, ya son parte del paisaje urbano, “por lo que se han vuelto casi invisibles a pesar de sus coloridos trajes con los que es común verlos vendiendo artesanías o pidiendo limosna”.
Para el abogado penalista y director de la Fundación Defensa de Inocentes, Elmer Montaña, esta muerte se habría podido evitar si las autoridades competentes, Alcaldía, Defensoría del Pueblo, ICBF y demás, hubieran hecho caso de las razones que lo llevaron a poner una tutela que fue negada en diciembre pasado por el Juzgado Quince Administrativo de Cali.
La tutela buscaba el cuidado especial de los bebés emberas y pedía que se ordenara a las entidades competentes que garantizaran de manera efectiva su protección. Una de las solicitudes más importantes era evitar que los niños fueran expuestos en las calles como mendigos.
El 19 de diciembre, el juez Carlos Arturo Grisales Ledesma, negó la tutela porque consideró que no era urgente ni necesario este amparo toda vez que “ya se había presentado otra tutela por los mismos hechos, sin embargo, la acción judicial a que hacía referencia tenía que ver con la atención humanitaria y el diálogo intercultural con esa comunidad y no con la protección especial de los menores indígenas”, explicó Montaña.
La tutela fue impugnada y deberá ser resuelta en los próximos días por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. “Es indignante que un juez niegue el auxilio de los derechos fundamentales a la vida y la salud de unos niños que no tienen quien más los defienda y que entidades como la Defensoría pida que sea negada con el argumento de que ya otra acción judicial los cobijaba. Si esto era así, ¿por qué hoy tenemos que enterrar a esta inocente niña?”, se pregunta Montaña.
- “Los hemos atendido”
Pese a sus críticas en una rueda de prensa tanto la Alcaldía como las demás instituciones que deben velar por el cuidado de esta comunidad desplazada en Cali, respondieron dando cuenta de las ayudas y demás subsidios que les entregan mes a mes a los indígenas.
Felipe Montoya, asesor de paz de la Alcaldía de Cali, dijo que durante los dos años que llevan atendiéndolos se “han entregado casi siete toneladas de mercados, además, a través del ICBF y del programa Save Children’s se ha hecho seguimiento nutricional a las madres gestantes y los niños menores de cinco años dentro del programa “Cero a Siempre”; también están vinculados al sistema educativo, los jóvenes en el colegio Santa Librada y los niños en el centro de desarrollo integral infantil que se creó especialmente para esta comunidad; reciben ayudas en especie como es el caso de Evacol que les donó zapatos y la fundación Éxito con vestuario, la Defensa Civil y la Arquidiócesis se han sumado a estas labores; además, cada una de las 49 familias recibe subsidio de vivienda por valor de $270.000 mensuales de parte de la Unidad Nacional de Víctimas; hemos realizado jornadas de vacunación contra varicela, actividades de higiene oral y tomas consecutivas de baciloscopias para descartar o manejar la tuberculosis pulmonar durante las brigadas de salud semanales”.
En la conferencia ante los medios, desarrollada el lunes en la mañana, se informó que en cuanto a la seguridad de la comunidad, debido a que el sector de El Calvario es muy peligroso pues es un sitio donde se da el expendio de droga y altas tasas de atracos, “la Secretaria de Gobierno dispuso una patrulla en inmediaciones al inquilinato donde se alojan las familias indígenas para que funcione como CAI móvil, a fin de brindar mayor seguridad en este sector”.
Con referencia a actividades lúdicas se dijo que trabajaron con tres grupos el fortalecimiento de danza tradicional embera katío y se desarrollaron talleres de música, pintura, lectura, animación y artesanía, también se proyectaron películas.
Todas estas acciones tienen como común denominador disminuir el impacto de haberse trasladado desde su resguardo a una ciudad como Cali, según dijo el asesor de Paz caleño, quien agregó que “la Administración municipal reconoce que la mejor forma de proteger a este grupo indígena es que retorne a su lugar de origen (Pueblo Rico en Risaralda) sin contratiempos”, por eso pidió apoyo del Gobierno Nacional para acelerar el proceso de retorno de esta comunidad, el cual estaba previsto para dentro de seis meses pero ante la emergencia, esperan poder ejecutarlo en febrero.
Según un anuncio hecho en diciembre pasado por Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Gobierno Nacional diseñó desde el año 2012 el Plan Retorno para las más de 200 familias de esa etnia desplazadas desde Risaralda a diferentes departamentos. El plan contempla el mejoramiento de la zona de origen en cuanto a salud, educación e infraestructura de acceso se refiere, sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible concretar el trasteo.
- Una realidad aparte
Pese a los anuncios de la Alcaldía y del Gobierno Nacional, en las calles cercanas al inquilinato que ocupan los indígenas se evidencia un marcado contraste pues hay varios grupos de madres con sus hijos pequeños regadas en las aceras pidiendo limosna.
Actualmente en el censo registrado de la comunidad Embera que está asentada en el sector de El Calvario, se han contabilizado un total de 104 menores de edad, de los cuales 64 se encuentran en etapa de primera infancia.
“Esos niños son muy pequeños y deben soportar sol o agua, porque están a la intemperie. Hambre y sed, porque sus mamás no tienen como darles alimento. Además de otros peligros propios de las calles del centro de cualquier ciudad colombiana”, comenta Rubiela, una vendedora de chance que no quiso dar su apellido.
“Nosotros los escuchamos llorar y toser todo el día, los vemos sucios, llenos de flemas y mocos, tirados en los andenes jugando con basura cuando dejan de llorar o durmiendo sobre algún cartón o alguna tela improvisada por las mujeres que los cuidan”, dice Rubiela, quien no está segura de que las acompañantes de los menores sean sus mamás, “es que un día vienen con un niño y al siguiente con otro diferente, por eso no sé qué parentesco tengan”.
John Arley Murillo, director regional del ICBF, dijo durante en la ronda de medios que la entidad a su cargo tuvo que retirar a cinco niños de esa comunidad indígena sobre los cuales se comprobó que les estaban vulnerando sus derechos al disponerlos como mendigos en las calles de Cali.
- Sin confirmar
Por su parte, Harold Suárez, secretario de Salud de Cali, indicó que todavía no se conoce el dictamen definitivo de Medicina Legal pero que algunos datos preliminares permiten “descartar el maltrato físico o la desnutrición como causas de la muerte pues no se encontraron signos de ninguno de los dos, lo que nos señala que se trata de una muerte natural”.
El responsable de la cartera de salud aclaró que “los pulmones estaban algo inflamados por lo que es posible que se trate de una infección respiratoria causada por una alergia al humo de la leña con que esta comunidad cocina sus alimentos, sin embargo, como los padres de la niña, Luz Eneida Querama y Pedro Nel Querama, hasta el día del fallecimiento no habían referido que hubiera tenido un cuadro infeccioso agudo, es algo que deberá ser investigado más a fondo por los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal, que darán los resultados concluyentes”.
La Personería anunció la apertura de una investigación para dilucidar la presunta negligencia en que hubieran podido incurrir los funcionarios del Estado encargados de cuidar a los indígenas. Por su parte el ICBF indicó que investigará la actuación de los padres de la menor fallecida y que velará por la hermana de niña muerta, quien tiene tres años y junto a otros 14 menores presenta síntomas de afección respiratoria.
Mientras tanto la comunidad indígena espera llevar a cabo el ritual propio de velorio de los Embera, dadas las condiciones de seguridad en el sector, denominado “Lumbranza” con el cual despiden a sus seres queridos y dura dos días.