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Alrededor de 150 indígenas Embera Dóbida, Chamí, Tule y Zenú, provenientes del municipio de Riosucio (Chocó, en el sector del Bajo Atrato), llegaron este miércoles al centro de Bogotá para exigir al Gobierno que garantice la seguridad de esta comunidad, ante el aumento de presencias de grupos armados ilegales en el territorio.
El hecho más reciente, y que fue el detonante para la movilización de los indígenas hacia Bogotá, fue la muerte, el pasado 22 de agosto, de Ana María Mepaquito Cabrera, una joven de 22 años y madre de tres menores de seis años de edad. Su asesinato, fue el resultado de una bala perdida durante un enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN, ambos con presencia allí.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) condenó el hecho y aseveró que en la misma zona “en menos de una semana dos personas de las comunidades han sido asesinadas en este contexto”. Además que a pesar de que varios habitantes decidieron irse, otros tantos optaron por quedarse allí “pues consideran que no hay garantías suficientes frente a la atención estatal”.
Pero la muerte de Mepaquito no es el único crimen que se ha presentado allí por el conflicto. Según una denuncia realizada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), alrededor de 200 hombres armados que serían de las AGC “caminan por los territorios de los resguardos de El Brazo, en Bahía Solano y en comunidades de Puerto Indio, Jurubirá y la Loma conociéndose que a la fecha han reclutado jóvenes menores de edad”.
Además, cuentan que el ELN han minado el territorio, lo que ha tenido un fuerte impacto en su estilo de vida al, como lo manifiestan las comunidades, tener que dejar de hacer actividades para su supervivencia (como sembrar, pescar y cazar) por temor a activar una mina antipersonal. Un temor apenas lógico cuando, en apenas pocos meses, ya van cuatro víctimas de estas: tres heridos y un muerto.
Aun así, las denuncias de las comunidades no son solo por el actuar de grupos armados ilegales, sino también por la falta de acción del Estado. “Vemos que hay negligencia del Estado, porque a pesar de que hemos puesto las quejas y de que tenemos actas de compromiso, estos no se están cumpliendo”, aseguró Jorge Andrade, presidente de la Asociación de Cabildos del Bajo Atrato (CABIZMA), a El Espectador.
Andrade, que lidera al grupo de indígenas que llegó este miércoles a Bogotá (en el que se cuentan 40 mujeres, 3 de ellas en estado de embarazo, y 9 menores de edad), aseveró que esperan una reunión con “los que tienen realmente la voz de decisión”, ante una situación que “ya es insostenible”.
Y es que en la región del Bajo Atrato ha resultado ser real el temor de lo que pasaría cuando las Farc dejaran los territorios en los que tuvieron presencia histórica: “Últimamente nuestro territorio está siendo copado por las autodefensas. No sabemos qué se disputan ellos, si el territorio, si el corredor del narcotráfico”, contó Andrade desde la Plaza de Bolívar.
Por eso, ante este panorama, los recién llegados de Bogotá han manifestado su intención de no irse de la capital hasta que hayan podido reunirse con distintas entidades, como el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Tierras, EPS, entre otras, para conseguir soluciones ante un problema que parece agravarse con el paso del tiempo.