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“Ninguno de los 224 abortos que han registrado este año los centros de atención de salud del Quindío corresponden a abortos legales”, dice el secretario de Salud de ese departamento, José Antonio Correa, quien asegura que en comparación con 2012, la cifra aumentó en más de 50 casos.
El secretario aclara que ninguna de estas mujeres presentó una solicitud oficial para practicarse una interrupción voluntaria del embarazo, tal como lo permite la ley colombiana en tres casos (una malformación del feto que haga inviable su vida, el abuso sexual de la madre o embarazo de alto riesgo que ponga en peligro la vida de la madre), así que estas cifras sólo responden a los consolidados oficiales diligenciados por las clínicas y hospitales cada vez que una mujer, o una niña, llegan a un centro de salud para ser atendidas por complicaciones derivadas de abortos clandestinos.
Lo preocupante, según explica Correa, es que el sub registro de casos podría estar escondiendo una alarmante realidad: “creemos que el número real de abortos podría ser el doble, e incluso estar hasta un 80% por encima de este consolidado”, dice el secretario.
“Sólo un 15% de los casos que reportan los centros de salud responden a abortos espontáneos inevitables; pero el resto son mujeres adultas y menores de edad que llegan a las clínicas para ser atendidas luego de tener problemas con los abortos que se practican ellas mismas o en centros clandestinos”, explica Correa, quien en días pasados hizo referencia al último panorama departamental de embarazos interrumpidos: de los 7.001 embarazos reportados ante Instituto Seccional de Salud del Quindío (Issq) en 2011, 750 casos fueron abortados.
Esta cifra de muertes, que representa el 10.71% del total de embarazos, ha sido relacionada por el gobierno departamental con el último consolidado de embarazo adolescente que también es tema de preocupación. Según el Issq en 2011, el 24% de las mujeres que quedaron embarazadas en el Quindío, unas 1.660, tenían menos de 18 años y solo 833 de ellas dieron a luz a sus bebés, (alrededor del 50%).
La gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, señaló ante medios locales que la situación frente a este incremento en el número de abortos merece atención del Gobierno Nacional. “Por ahora vamos a actuar con programas de prevención sexual que concienticen a nuestros menores de edad frente al cuidado del cuerpo y las implicaciones que tiene un embarazo, las cifras son alarmantes, necesitamos ayuda de los ministerios competentes”.
Aunque la Procuraduría General le ha pedido en distintas oportunidades a los entes territoriales, el Ministerio de Salud y al Dane tener un consolidado en conjunto frente al número de abortos ilegales que se estarían practicando en el país, el panorama nacional más reciente fue presentado por la Comisión Reguladora de Salud en 2011, cuando declaró que en Colombia durante 2006 y 2010 se practicaron 34.000 abortos por fuera de la ley.