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Carlos Alberto Pedraza fue encontrado el pasado 21 de enero con un disparo en la cabeza en Gachanchipá (Cundinamarca). Jáminton Andrés Ávila estaba el 30 del mismo mes haciendo unos arreglos en la escuela de la vereda La Punta, en Yondó (Antioquia), cuando fue asesinado. A Héctor William Cabrera, de 46 años, le dispararon el 10 de febrero cuando se encontraba en una tienda del barrio Villa Mileidy, en Florencia (Caquetá). El 15 de febrero Juliana Pérez Luján, transexual y defensora de derechos de la comunidad LGBTI, fue baleada cuando salía de la casa de unos amigos en San Pedro de los Milagros (Antioquia). Ellos son cuatro de los 19 defensores de derechos humanos asesinados entre enero y marzo de este año.
Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (Siaddhh), del programa Somos Defensores, en el primer gobierno de Juan Manuel Santos se presentaron en Colombia 1.762 agresiones contra este grupo poblacional. Las amenazas encabezan las estadísticas de ataques, con 1.128 denuncias. También se contaron 283 homicidios y 171 atentados. Una radiografía de violencia que preocupa.
De acuerdo con reportes de la Fiscalía, de los casos denunciados entre 2009 y 2014 el ente investigador sólo está llevando 442 investigaciones. De esas, 53 están en manos de fiscales de derechos humanos, mientras las 389 restantes están repartidas en fiscalías seccionales, sin mayores avances.
Somos Defensores presentó en su informe anual de 2014 una compilación de las dificultades, contrariedades y retos del sistema de protección que, se supone, salvaguarda la integridad de los defensores de DD.HH. El documento dice que en 2014 se incrementó el registro de amenazas en 133%, pues en 2013 se habían contabilizado 209 casos y en 2014 un total de 488.
Con una estadística grave: de los 55 defensores ultimados en 2014, según el Siaddhh, 31 habían denunciado amenazas. Cuando se revisa el tipo de defensor asesinado se encuentra que la mayoría de víctimas son líderes indígenas, adscritos a juntas de acción comunal o campesinos. Los mayores responsables de estos crímenes son las bandas criminales. Las Águilas Negras encabezan la lista, aunque las autoridades sostienen que ese grupo ilegal se extinguió y que delincuentes comunes usan el nombre para causar mayor intimidación. Luego los Rastrojos, el clan Úsuga y el Erpac.
Bogotá y Chocó son los departamentos con mayor número de denuncias por amenazas en lo corrido del año. Bogotá suma 44, mientras Chocó tiene 30. La Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de dar respuesta a las solicitudes de seguridad de víctimas de amenazas, reportó que entre 2012 y 2015 recibió 37.444 solicitudes de protección, de las cuales el 56% fueron negadas por no cumplir con la matriz de riesgo de las evaluaciones. En 2014 se interpusieron 15.305 solicitudes de protección, pero sólo se hicieron 6.957 evaluaciones nuevas de riesgo, nueve con ponderación de riesgo extremo, 4.232 con riesgo extraordinario y 2.716 con riesgo ordinario. A febrero de 2015 la cifra de protegidos por la UNP llegaba a 9.762.
Toda esta información, recogida por el congresista Alirio Uribe Muñoz, será el sustento del debate de control político que se llevará a cabo hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes. Al debate fueron citados el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el director de la UNP, Diego Fernando Mora. Uribe busca llamar la atención sobre lo insuficientes que resultan las políticas de protección y prevención de agresiones a defensores de derechos humanos, pues siguen aumentando el número de víctimas, las amenazas, los atentados y los asesinatos. “La prevención y protección debe ser una política de Estado, no de Gobierno, y debe ser construida de manera concertada con la población”, dijo Uribe.
Los datos recogidos por organizaciones como Somos Defensores y la información obtenida por instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría ponen en evidencia el difícil panorama de violencia e impunidad en el cual viven cientos de defensores de derechos humanos en Colombia. Un escenario que Uribe pretende develar para demostrar las agresiones sistemáticas, los patrones de ataque y las trabas en las investigaciones en estos casos.
Para Uribe es urgente hacer una revisión de las políticas de protección para este grupo poblacional. “Hay que hacer una depuración del personal vinculado a la UNP que era del DAS, así como de funcionarios involucrados en carteles de corrupción”, sostuvo. Y agregó que se debe acabar la privatización de la protección de los defensores: “La protección de los líderes no puede seguir bajo la responsabilidad de empresas privadas que se lucran con el negocio de la seguridad y generan tercerización laboral. Esta relación de empresas privadas-UNP sólo ha dejado un ‘carrusel’ que ya ha sido denunciado en la Fiscalía”.
Finalmente, Uribe planteará en el debate la necesidad de reformar de manera estructural el modelo de protección que se ha venido implementando desde la UNP, el cual, a juicio del congresista, “debe superar el esquema militarista para que se garantice la protección de los líderes, partiendo de la no criminalización y estigmatización de la protesta, sobre todo si se tiene en cuenta que los defensores son constructores de paz”.