Un pequeño islote, carcomido por la minería, la erosión y las temporadas invernales se convirtió en uno de los dos casos más retadores para la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia. A punta de pruebas técnicas y laboratorio demostraron que la protuberancia que hoy existe en un punto del río Cauca, jurisdicción del municipio antioqueño de Caucasia, fue alguna vez un predio.
A la Unidad llegaron ocho familias, conformadas por unas 50 personas, a reclamar un lote de 29 hectáreas, denominado La Victoria, donde vivieron durante más de 20 años. Contaron que éste se comenzó a poblar desde la década del 80 y que en 2005 paramilitares del bloque Mineros -al mando de Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy- los obligaron a salir.
Los técnicos de la Unidad viajaron hasta el sitio señalado por los reclamantes y sólo encontraron una pequeña isla en el río y una intensa extracción de materia de playa, que se inició en 2004. En 2009, se le concedió una concesión minera a la empresa Tricauca S. A. y la actividad continuará por un período de 30 años, con posibilidad de prórroga.
En todo caso, vieron que allí no había predio para restituir. Sin embargo, como las declaraciones de las víctimas están basadas en el principio de la buena fe, la Unidad debía creerles y comprobar su versión. El reto era construir una representación del predio. ¿Cómo lo harían? Con dos estrategias: las ortofotos, para observar si éste existió y con apoyo científico para conocer la composición del suelo.
En el archivo de Catastro Departamental consiguieron fotos aéreas e históricas de la zona. Las características de cobertura y temporalidad de estas imágenes se combinaron con la precisión geométrica de los mapas. Es decir, las sometieron a un proceso de ortofotografía, un método de rectificación y corrección informática de fotografías. Con el contraste de imágenes y con el apoyo de la cartografía local armaron un fotomosaico de la zona y descubrieron que en el punto señalado sí existió un predio. “Al comparar fotos de los años 80, 90… 2010 se ve una visual de cómo era el cauce del río”, dice Juan Antonio Espinoza, coordinador catastral de la territorial Antioquia.
La composición de suelos fue tarea de investigadores del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Córdoba. Los resultados demostraron que el islote no era resultado de la sedimentación del río o de la extracción, como se pudo haber creído, sino que es parte de la plataforma continental. Es un predio.
Con estas evidencias, la Unidad puso el caso ante los jueces. “El caso de La Victoria está en demanda, ya se surtió la etapa probatoria y estamos a la espera de fallo”, dice Paola Andrea Cadavid, directora territorial para Antioquia de la Unidad de Restitución. Como no hay predio para devolver, a estas familias se les debe entregar otro como compensación. “La ley lo prevé” (Ley 448 de 2011), dice Cadavid. “Una de las causales de compensación que están consagradas en la ley es justo la destrucción del predio y eso se da por estos temas: minería, inundaciones”.
A Los Cedros lo transformaron
En el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, sucedió otro caso retador para la Unidad. En la vereda Los Cedros, del corregimiento de Bajirá, hubo un cambio radical de uso del suelo.
En esta zona se asentaron guerrillas del Epl, las Farc y luego paramilitares. Al convertirse en un violento corredor, en 1997 varias familias comenzaron a salir y vendieron sus fincas de manera forzada. En 2003, algunos habitantes se atrevieron a regresar y se encontraron con otro paisaje: sus parcelas de pancoger estaban convertidas en gigantescas plantaciones de palma. Uno de los “nuevos dueños” era José Benjamín Alvarado Bracamonte, testaferro de Salvatore Mancuso y considerado por el Gobierno como uno de los enemigos de la restitución de tierras. En enero de 2014 fue capturado por la Dijín en una finca del municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba).
Entre los campesinos que salieron de Los Cedros estaba María Rubiela Higuita. Ella cuenta que en la actualidad vive en Chigorodó y que está a la espera de que le entreguen el predio de seis hectáreas donde cultivaba plátano. También huyeron Ana Romelia Borja Sepúlveda y Juan Pablo Borja Londoño. Al salir, su finca El Deseo pasó a dos manos más, estuvo en un proceso de compraventa y englobamiento y al final quedó en poder de la empresa Palmas de Bajirá.
La Unidad se enfrentó así a un cambio drástico de uso del suelo. Para probarlo, recurrió a un archivo de fotos satelitales de la corporación Corpourabá que permitiera establecer los posibles cambios de éste. Las imágenes mostraron que, cerca del río León, hubo una actividad agrícola avasalladora que, a una gran velocidad, transformó el paisaje.
Con estas evidencias se les probó a los jueces que allí sí hubo una transformación drástica. La sanción prosperó y ya hay siete fallos a favor de las víctimas y otros en curso. En el caso de Ana Romelia y Juan Pablo, el Tribunal Superior de Antioquia ordenó restituirles su predio. Se trata de una de las 151 sentencias a favor de las víctimas en Antioquia, lo que representa 3.200 hectáreas restituidas o recompensadas desde que comenzó en el departamento este proceso.
Cada caso de restitución es un reto porque, según dice Cadavid, la Unidad debe resolver en 90 días problemas históricos tan complejos como la informalidad, el acceso a la tierra y la desactualización de los sistemas de información. Sin embargo, los casos de La Victoria y Los Cedros han sido los principales retos para esta Unidad. Para incluirlos en el registro de tierras y llevarlos ante los jueces debidamente identificados, física y jurídicamente, tuvieron que recurrir a estrategias que, normalmente, no utilizan en el 99% de los casos. “Nosotros nos vemos abocados a un montón de situaciones que la ley no previó y es a través de la recursividad y el ingenio que les hacemos frente a estos problemas”, dice Cadavid.