Samuel no ve ni oye pero seguirá estudiando

A raíz de una sentencia de la Corte Constitucional que se conoció esta semana, la Universidad Manuela Beltrán deberá financiar el acompañamiento para que un estudiante termine sus estudios.

Cuando Samuel Valencia tenía cinco años le diagnosticaron una meningitis que le quitó su capacidad de escuchar. Doce años después perdió la visión por un daño en el sistema nervioso. Aunque no fue fácil encontrar una nueva manera de comunicarse, hoy Samuel puede conversar, estudiar, contar chistes y reírse. Para lograrlo es indispensable la presencia de un guía intérprete: a través del tacto entre sus manos, Samuel identifica las señas y construye las frases en su cabeza, y por medio de este mismo lenguaje, el guía se encarga de traducir lo que él quiere decir.

Gracias a este mecanismo de comunicación ha tenido la posibilidad de vivir de la mejor manera posible. “Me gradué del colegio Filadelfia para Sordos en 2010 y conseguí una beca para estudiar psicología en la Universidad Manuela Beltrán”, cuenta Samuel Valencia, quien además ha dictado conferencias y charlas sobre su vida y sobre la importancia de tener una educación incluyente. Pero los problemas para seguir con sus estudios comenzaron cuando se quedó sin el apoyo económico para pagar los guías intérpretes, que hasta su entrada a la educación superior habían estado a cargo de la Secretaría de Educación Distrital.

Sin los recursos para pagar el servicio, Samuel consiguió el dinero en la Fundación Neuroharte, una entidad dedicada a promover la educación de calidad con un enfoque inclusivo. Pero en junio de 2013, cuando ya había aprobado cinco semestres, perdió la ayuda económica. Entonces se acercó a los directivos de la institución para que le brindaran el apoyo de dos guías intérpretes con el fin de terminar su carrera. En julio de ese mismo año recibió la respuesta, en donde se le informaba que la universidad no contaba con el servicio que requería pero que los profesores estaban dispuestos a ofrecerle apoyo mediante tutorías personalizadas para todas sus clases.

“A Samuel le pueden poner los mejores profesores del mundo, pero si no tiene la manera de superar su barrera de lenguaje con la presencia de los guías intérpretes, entonces no sirve de nada”, afirma Juan Sebastián Jaime, asesor jurídico del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) de la Universidad de los Andes, quienes han asesorado jurídicamente a Samuel desde 2014, cuando comenzó su pelea en los juzgados para conseguir el dinero para los guías (entre $1’200.000 y $1’500.000 por mes).

El primer paso lo dio con la tutela que presentó contra la Universidad Manuela Beltrán en febrero de 2014 para que se le respetaran sus derechos fundamentales a la vida digna, la igualdad y la educación. En marzo de ese mismo año, la decisión del Juzgado 57 Civil Municipal negó la petición, pues consideró que la universidad, como ente administrativo de carácter privado, había puesto al alcance de su estudiante todos los recursos físicos y humanos de que disponía. Con la asesoría de Paiis, la decisión fue apelada, pues consideraron que la universidad estaba negando la implementación de ciertos ajustes razonables (la contratación de guías intérpretes) para que Samuel culminara sus estudios.

Dos meses después, el fallo en segunda instancia fue a favor de Samuel y le ordenó al Ministerio de Educación que estableciera los convenios necesarios para que él pudiera terminar su carrera de psicología. Por la insistencia de Paiis de que se revisara el fallo, la Corte Constitucional eligió el caso a finales del año pasado. En la sentencia, que se conoció este martes, los jueces revocaron parcialmente las decisiones hasta ahora tomadas y, entre otras cosas, le ordenaron a la Universidad Manuela Beltrán que inicie el proceso de vinculación y contratación de dos guías intérpretes que estarán a disposición de Samuel.

Según la sentencia de la magistrada Martha Sáchica, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), que rige en el país desde 2011, y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 son algunas de las reglas que amparan el derecho de las personas discapacitadas a tener acceso igualitario a la educación. “Corresponde a las entidades de orden nacional, departamental, distrital, local, públicas o privadas garantizar el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, a las comunicaciones, a los servicios públicos, a través de los ajustes razonables necesarios”, explica la Corte Constitucional en su fallo.

“La universidad en ningún momento ha desamparado a Samuel y no lo vamos a hacer ahora. Obviamente no compartimos el fallo de la Corte, pero lo vamos a cumplir. Pensamos que la defensa de estos derechos es obligación del Estado, no de una institución privada”, explicó el rector de la Universidad Manuela Beltrán, Guido Echeverri. Pero la decisión de la Corte, además de amparar a Valencia, es la primera que hay en el país sobre la educación inclusiva en instituciones de enseñanza superior.

“Este caso es sumamente importante porque no sólo afecta a la comunidad sordociega sino a personas con síndrome de Down, autismo, ciegas o sordas, que necesitan de estos ajustes razonables”, explica el abogado Juan Sebastián Jaimes, quien agrega que estos cambios, que siempre han tenido trabas por excusas económicas, deben empezar una transformación en la actitud de las instituciones educativas.