Diputada de Santander sugirió que homosexuales son zoofílicos e indecentes

Ángela Hernández está en contra de la ley que pretende incluir el respeto de la orientación sexual en los manuales de convivencia de los colegios. Partido de la U pide investigarla por discriminación.

/ Facebook: Ángela Hernández

La Asamblea de Santander se convirtió este lunes en un centro de discriminación y un púlpito cristiano, en el que la ley quedó a un lado y la Biblia ocupó su lugar. Así describen las organizaciones LGBTI el debate en plenaria de la corporación, en el que se pretendía discutir el informe de gestión de la Secretaría de Educación,  pero terminó en arengas en contra del Ministerio de Educación y en contra de la norma con la que se pretende acabar la discriminación en las aulas (ley 1620 de 2013).

Ángela Hernández, diputada del departamento por el partido de la U, aseguró en el recinto que el Ministerio de Educación quiere imponerles a los colegios “costumbres”  de los LGBTI y que ha enviado cartas y funcionarios para que sus manuales de convivencia incluyan la diversidad sexual. “Ya hay cosas establecidas y las vamos a defender”, y agregó que la entidad quiere colonizar los pensamientos, promover a través de los colegios los pensamientos de esa población y que son los padres de familia quienes deciden con qué principios criar a sus hijos. Minutos más tarde, la servidora pública dijo a la W Radio que esa "imposición" se está haciendo desde que llegó al cargo la actual ministra de Educación, Gina Parody (quien es lesbiana). "Respeto la homosexualidad pero no creo que sea un acto ético, moral y decente dentro de la sociedad". 

Y fue más allá. “Si en Colombia hubiera tanto padres interesados en que sus hijos crecieran con estas prácticas (refiriéndose a la población LGBTI) creen colegios LGBTI, a ver cuántos niños van a ser inscritos”. La afirmación terminó por encender el debate y generar el rechazo de los defensores de derechos humanos que se encontraban en el debate.

“Esto sería el acto más barbárico porque habría justicieros sociales al igual que el discurso paramilitar y guerrillero que quiere aniquilar la diferencia”, dice Diego Ruíz, director de la organización Vihda Nueva LGBTI de Santander.

Los errores 

Son varios los aspectos que desconoce la diputada, según activistas. El primero de ellos tiene que ver con que el Ministerio de Educación no se inventó la norma, la entidad está cumpliendo una ley expedida por el Congreso, que no puede ser desconocida por los ciudadanos y sobre todo por servidores públicos. El Legislativo estableció hace tres años que el sistema de educación se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural.

El segundo aspecto se refiere a una sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Sergio Urrego (estudiante gay que se suicidó por ser discriminado), que ordenó al Ministerio de Educación revisar todos los manuales de convivencia del país para garantizar que respetaran la orientación sexual y la identidad de género de sus alumnos. Es claro que ninguna forma de exclusión para esta población es admitida, eso incluye, por ejemplo, la abolición de la homosexualidad como falta grave. Una norma común entre las instituciones educativas.

El tercer componente que no tuvo en cuenta Hernández es la categorización de sexo, género y orientación sexual. La funcionaria confunde en sus declaraciones las definiciones de sexo (asignado al nacer) y de identidad de género (cómo cada persona se identifica). “Ahora nos quieren decir que no hay sexo definido, sino que es una construcción social”, dijo Hernández cuando en realidad el que se construye socialmente es el género. Y el último de los desatinos tiene que ver con la sigla, la diputada siempre habla de LGTBI, cuando las siglas correctas son LGBTI. 

Ruíz, quien estuvo presente en el debate, asegura que lo que propone Hernández es una “resistencia civil” por parte de los colegios católicos. “Usa la asamblea para que padres y docentes que hacen parte de la iglesia marquen una resistencia civil al cumplimiento de la ley”.

Ruíz afirma que la diputada comparó a los homosexuales son zoofílicos. “Ella puso un ejemplo de Canadá, donde, según ella, se está procesando a una pareja gay por poner a su hijo a tener sexo con animales. Y luego preguntó: '¿queremos ser como Canadá?' También pasaron cuatro pastores cristianos a citar la Biblia, hay una visión sesgada y se quiere generar ciudadanos de primera y segunda”.

Vihda Nueva LGBTI rechazó estas declaraciones y se mostró preocupada por la violencia y discriminación de la que es víctima esta población en el departamento. Sostiene que hay cinco municipios donde se han registrado graves casos de exclusión. Uno de ellos es el de un niño de 12 años al que sus padres le hacen terapia de reasignación para que se vuelva heterosexual. “Lo obligan a tener sexo sexo con la mamá y la hermana”, cuenta Ruíz.

Elizabeth Castillo, abogada, activista LGBTI y coordinadora del grupo Mamás lesbianas, asegura que “desafortunadamente hay políticos de todos los calibres que quieren conseguir posicionamiento mediático atacando a los homosexuales y promoviendo iniciativas que están en contra de los derechos LGBTI, que ya fueron reconocidos por vía jurisprudencial”.

“Esto tendría que acabar porque hay que entender que uno puede estar o no de acuerdo con las cosas, pero la forma en que se expresa acerca de grupo poblacional tiene consecuencias sobre todo si son figuras públicas. Hay un marco constitucional que impide que este tipo de iniciativas puedan prosperar. La asamblea tiene un deber por el cual paga el Estado. Lo mínimo es que debatan de manera seria y técnica con la base más básica: el marco normativo vigente”, concluye Castillo.

Partido de la U pide investigar a diputada

Luego de que se hicieran públicas las declaraciones de la diputada Ángela Hernández, el partido de la U al que pertenece pidió al Comité de Ética investigarla por discriminación. “Consideramos que las declaraciones hechas por la diputada son un acto discriminatorio, que viola las disposiciones constitucionales y legales del ordenamiento jurídico colombiano”, aseguró el partido.

En ese mismo sentido señaló que los manuales de convivencia sí son la herramienta principal para garantizar los derechos de la comunidad en especial de los menores LGBTI, y que la postura de la diputada no refleja la del partido.