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El debate jurídico en torno a los reales efectos de la consulta popular en la que el 99% de los votantes de Piedras (Tolima) se manifestó en contra de la utilización del pueblo para actividades relacionadas con la minería está a punto de dar un giro inesperado: el Concejo Municipal, encargado de expedir el acuerdo mediante el cual queda en firme la votación que vetó la minería en la población, decidirá en sentido contrario al de los piedrunos.
Ese cabildo tiene nueve integrantes, cuatro del Partido de la U, dos liberales y tres de Cambio Radical, y si se mantienen las tendencias por ellos expresadas durante las sesiones realizadas desde el 1º de agosto, fecha en la que el Concejo reinició labores, la votación será 8-1 en contra de la ponencia presentada por Alberto Chacón.
La ponencia, en la práctica, desarrolla el mandato ciudadano y establece que las autoridades locales deben vigilar y evitar que materiales de desecho de la actividad minera —como la que la multinacional Anglo Gold Ashanti pretende desarrollar en el también tolimense municipio de Cajamarca— sean depositados en Piedras.
El problema es que el Concejo decidió acumular el texto de Chacón con uno que envió el alcalde, Arquímedes Ávila, en el que éste pide acoger la consulta pero no formula directrices para desarrollarla.
Por otro lado, a la tensión suscitada en el pueblo por el debate entre quienes son partidarios de la explotación minera (una minoría, a juzgar por el resultado de la consulta) y quienes se oponen a ella, se sumó la advertencia del grupo asesor de Minas, Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que la exclusión de zonas de minería escapa a las autoridades locales y es competencia de la Nación. El mensaje, que en principio iba dirigido al alcalde, terminó por causar temor en el Concejo, ante eventuales procesos investigativos en contra de los cabildantes que voten a favor de la prohibición.
Piedras es un municipio agropecuario de la cordillera Central que, según sus habitantes, figura en los proyectos para el depósito de unas 190.000 toneladas diarias de lodo procedentes de la mina de oro de La Colosa (la de Cajamarca), los cuales serían lavados con agua del río Opia, que abastece a la región.
Al decir de los voceros de la Anglo Gold, la planta metalúrgica procesaría 50 millones de toneladas al año, para lo cual requeriría 0,5 metros cúbicos por segundo de agua. Los líderes cívicos en cambio aseguran que por cada gramo de oro su municipio tendría que usar un metro cúbico de agua para lavar una tonelada de roca.
Y mientras la multinacional controvierte con sus cifras las de quienes se oponen al proyecto, el Gobierno, en cabeza de los ministros de Minas (Federico Rengifo) y Ambiente (Juan Gabriel Uribe), busca salidas a una eventual colisión de competencias ocasionada, una vez más, por el gran dilema de los gobiernos de hoy: el de alcanzar el mayor grado de desarrollo produciendo el menor impacto ambiental.