Terrorismo en la impunidad

Jaime Vanegas Sánchez siempre tuvo el presentimiento de que iba a morir en un avión. Se lo dijo varias veces a su esposa Elizabeth Ballén, durante conversaciones que parecían triviales para ella. “Flaquita, yo creo que me voy a morir en un pájaro de esos, estrellado contra un cerro”. Esa frase premonitoria cobró sentido la mañana del lunes 27 de noviembre de 1989, cuando el Boeing 727 de matrícula HK-1803, perteneciente a la empresa Avianca, estalló en el aire, tres minutos después de haber decolado.

Con 107 pasajeros a bordo, a las 7:19 de la mañana la aeronave que cubría la ruta Bogotá-Cali quedó dividida en tres partes que cayeron en la zona conocida como Cerro Canoas, vereda del municipio de Soacha (Cundinamarca). El escenario fue desolador. En cinco kilómetros a la redonda no había más que escombros calcinados, hierros humeantes y cuerpos desmembrados. Nadie sobrevivió a la espantosa explosión cuyas causas nadie supo explicar en el momento.

La zona se llenó de autoridades, investigadores, socorristas, periodistas y familiares de los 107 ocupantes del avión que llegaron al sitio con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Otros se agolparon en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a la espera de noticias. Así lo hizo, por ejemplo, Elizabeth Ballén, luego de que su padre le diera la noticia. Se dirigió a la terminal aérea en busca de información que le permitiera verificar si su esposo iba o no a bordo del avión siniestrado.

“El aeropuerto El Dorado era un caos. Pusieron una lista pública con los nombres de los pasajeros del avión, pero la gente, en medio del desespero, la arrancó. Además, como en esa época se podía comprar un tiquete a nombre de cualquier persona sin necesidad de verificación, pues no se sabía con certeza quiénes iban realmente en el vuelo”, recuerda Elizabeth Ballén. Como ella, decenas de familiares vivieron ese día una tragedia que Colombia no olvida.
En la zona del desastre la situación fue terrible. La identificación de cadáveres fue una labor titánica, pues varios de los restos quedaron incinerados y su reconocimiento fue difícil. Sin contar los cuerpos que quedaron totalmente desmembrados. A eso se sumó que minutos antes de que llegaran las autoridades a acordonar la zona, personas que vivían en lugares cercanos saquearon los equipajes y las billeteras de los pasajeros, obstaculizando su rápida identificación.

Los cuerpos fueron envueltos en bolsas para ser llevados a Medicina Legal y realizar el proceso de reconocimiento y entrega que finalizó hacia las 9 de la noche del mismo 27 de noviembre de 1989. Ese día Elizabeth Ballén no pudo saber nada de su esposo y se vio forzada a esperar hasta la mañana siguiente para que se realizara el reconocimiento de su cuerpo. Sin embargo, no pudo hacerlo ella y en su lugar estuvo un familiar de él y un empleado de Gillette, la compañía para la que trabajaba Jaime Vanegas. Una decisión que más tarde tuvo que lamentar.

Las labores de búsqueda de cuerpos y las investigaciones en el Cerro Canoas se reanudaron el martes 28 de noviembre a primera hora. Las indagaciones preliminares fueron adelantas por miembros del F-2, y luego de encontrar varias inconsistencias e indicios de que la explosión podría haber sido provocada, se crearon seis comisiones investigadoras conformadas por personal técnico de la Aerocivil, expertos de Medicina Legal y comisionados de la Fuerza Aérea.

A ellos se sumaron técnicos extranjeros de la Federación Americana de Aviación y de la Junta de Seguridad de los Estados Unidos, además de especialistas en explosivos de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Ellos se encargaron de verificar las versiones que demostraron un atentado del grupo denominado los Extraditables. La primera sospecha fue una llamada telefónica a nombre de la organización criminal para atribuirse el hecho.
Sin embargo, se manejaron otras hipótesis, como “fatiga de material”, es decir, fallas estructurales de la aeronave. También se habló de desprendimiento de un ala o de la cola, y hasta se contempló la posibilidad de que se hubiera producido un incendio incontrolable por escape de combustible o el estallido de compresores de las turbinas. Se pensó en una despresurización del avión, aunque después se dijo que la altura a la que se encontraba el avión no era mucha y el piloto hubiera podido maniobrar sin consecuencias.

El entonces director de la Aerocivil, Yesid Castaño, alcanzó a decir que no aceptaba la posibilidad de un sabotaje, pero las investigaciones terminaron por desmentirlo. Primero se concluyó que en el lugar de la tragedia se detectaron rastros de fuertes explosivos. Con el tiempo se supo que las llamadas anónimas hechas por presuntos integrantes de Los Extraditables eran reales y que el HK-1803 había sido blanco de un atentado del narcoterrorismo del cartel de Medellín.

En la Funeraria Gaviria se realizaron las honras fúnebres de la mayoría de los pasajeros del avión de Avianca. Allí Elizabeth Ballén veló a su esposo. Cargó su ataúd hasta el lugar de la sepultura. “Nunca lo vi, pero el cajón pesaba muchísimo”. Casi 15 días después del siniestro recibió una llamada de Medicina Legal para decirle que tenían el cadáver de un hombre que podía ser su esposo. Acudió al organismo y constató que había velado un cuerpo que no era el de Jaime Vanegas. “Enterré a mi esposo dos veces”, rememora.

Semanas después, las pesquisas judiciales concluyeron que el siniestro fue provocado por un artefacto explosivo que detonó “a la altura de la silla 15-F”. Después se supo que uno de los pasajeros compró dos tiquetes para ese vuelo, entregó datos falsos y finalmente no lo abordó. Fue un hombre que el domingo 26 de noviembre acudió al Puente Aéreo de El Dorado a adquirir los pasajes y se identificó como Julio Santodomingo. El segundo tiquete lo compró a nombre de Alberto Prieto.

Los dos pasabordos quedaron asignados para las sillas 15-F y 15-E. Aunque al día siguiente ambos pasajeros ingresaron a la sala de espera sin registrar equipaje, uno de ellos se fue del lugar minutos antes de que terminara el abordaje. Tiempo después el atentado fue plenamente confirmado. Lo perpetraron los Extraditables. Iba dirigido al entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, quien supuestamente debía viajar en ese vuelo y a última hora decidió no abordarlo.

Una vez más la mano criminal del narcoterrorismo dejaba de luto al país con un atentado sin precedentes en la historia del mundo. Los detalles de la forma en la que se fraguó el crimen fueron revelados años después por los lugartenientes de Pablo Escobar que participaron en el hecho. El primero en hacerlo fue Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, quien señaló a Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Fernando Galeano y Kiko Moncada como los autores intelectuales.

La versión coincidió con las declaraciones entregadas por John Jairo Velásquez, alias Popeye, otro de los sicarios de Escobar. De acuerdo con Popeye, la bomba fue armada por El Arete y un sujeto identificado como Cuco Zabala en una bodega de Medellín que pertenecía a Eugenio León García. Aseguró también que el artefacto explosivo fue puesto con ayuda de funcionarios del DAS, a través de gente que trabajaba para el jefe de las autodefensas Carlos Castaño Gil.

Estos señalamientos fueron ratificados posteriormente por el excapo del cartel del Norte del Valle Hernando Gómez, alias Rasguño, hoy preso en Estados Unidos, quien además aseguró que pagó un importante soborno a alias El Arete para desviar la investigación y evitar que el sicario de Escobar Gaviria mencionara en sus declaraciones a Eugenio León García, alias El Taxista, otro de los implicados en el atroz delito.

A pesar de las inculpaciones directas de Rasguño y Popeye, la investigación nunca avanzó. Una situación inexplicable para los familiares de las víctimas. “Popeye se autoincriminó y ni siquiera tuvo un llamado a rendir indagatoria. Uno se pregunta por qué en el caso Galán sí valió lo que dijo Popeye y en el caso nuestro no. Subsisten los intereses políticos”, manifiesta Federico Arellano, hijo del tenor Gerardo Arellano, quien falleció en el atentado terrorista.
Hoy, Arellano hace parte de la fundación Colombia con Memoria, que reúne a los familiares de las víctimas del avión de Avianca. Como los demás familiares de las 107 víctimas, mantiene la preocupación por la falta de avances en la investigación que 25 años después sigue en etapa preliminar. Una sensación de impunidad y de ineficiencia judicial. Al menos así lo considera David Vargas, hijo del instructor del Sena José Ignacio Vargas, quien también falleció en el atentado.

“En la Fiscalía nos dicen que tienen muchos casos más actuales en los cuales trabajar. Pareciera que no quisieran tocarlo (…) Yo creo que las guacas de Pablo Escobar siguen vigentes. Tiene que haber dinero de por medio y situaciones políticas que no permiten que se abran investigaciones y que se puedan hacer cosas claras, porque puede estar vigente la imagen de políticos actuales”, comenta desesperanzado.

A pesar de la impunidad, en los últimos cinco años se han dado pasos para que la investigación se mantenga. En el año 2009, por ejemplo, el atentado al avión de Avianca fue declarado delito de lesa humanidad para evitar que prescribiera. En 2013, los familiares de los 107 pasajeros que murieron en el atentado de los Extraditables fueron reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

No obstante, para la mayoría de los familiares de las víctimas, pese a la declaratoria del delito como de lesa humanidad, el caso no tiene avances. “Eso fue sólo un título. En cinco años no hay nada, sólo ineficiencia, ineptitud y complicidad ¿A quiénes será que no quieren llamar a involucrar?”, se pregunta Elizabeth Ballén. Lo único cierto es que la historia del HK-1803 constituye uno de los episodios más graves en la historia de Colombia. Un capítulo de terrorismo que hoy, 25 años después, sigue sin aclararse.

mosorio@elespectador.com / @marcelaosorio24

* Con reportería de María Alejandra Moreno.